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  Son frecuentes los reportes de prensa que se refieren a denuncias contra militares, como si fueran fruto de una "guerra sucia" en México como el de las dictaduras sudamericanas de fines del siglo pasado o de las que sufrió el país en el siglo XIX. Además, las mencionan como si fueran una constante en todo México, como si las acciones del Ejército fueran de represión contra descontentos populares o contra una ideología. Llama la atención que uno de los denunciantes sea un destacado miembro de la oposición de izquierda, pero que en su momento participó en los más altos niveles de un Gobierno priísta que sí que usó al Ejército para acallar voces disidentes, causando desapariciones documentadas.

A diferencia de países con otras tradiciones, en nuestro país desde 1919 ningún militar ha logrado hacerse del poder por las armas y el último intento de usar al Ejército contra el Gobierno fue en 1938. Civiles gobiernan México desde 1946, y salvo alguna excepción, militares sólo ha habido en las carteras de Defensa Nacional, y de Marina, no en el resto del Gobierno.

Las dictaduras que enseñorearon Sudamérica en diversas ocasiones en el siglo pasado -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc.- sí que usaron a sus Fuerzas Armadas para hacerse del poder, y para mantenerse en él. Se dieron casos de centenares de detenciones arbitrarias y de desapariciones nunca aclaradas que aún llenan las páginas de diarios y revistas a pesar de sendas "Comisiones de la verdad". Las situaciones de excepción, de Estado de Sitio y de demás alteraciones al Estado de Derecho, formaron la cotidianeidad de muchos países que hoy han recuperado la normalidad democrática como resultado de la presión ciudadana.

Intentar encontrar similitudes entre esos episodios y los que ahora sufren varias regiones del país sólo tiene lógica en la ignorancia o en la mala fe. El Ejército mexicano está cumpliendo una misión de rescate de la paz pública de regiones del país en las que las Policías estaban dominadas o sometidas por las mafias del narcotráfico que imponían la ley de "plata o plomo". Por las buenas, plata, comprando protección, y por las malas, plomo, imponiéndose con armamento superior.

El Ejército y la Marina son instituciones para salvaguardar la soberanía del país. Son depositarios del monopolio de la fuerza que tiene cada Estado Nacional. Si bien las Policías deben estar entrenadas para ese fin de manera que sean eficaces y eficientes, la realidad es que en México han sido rebasadas por el crimen organizado y sólo las Fuerzas Armadas han podido superar su poder de fuego y su poder corruptor.

En su actuar, las Fuerzas Armadas no deben transgredir derechos, cuando más restringir el derecho al libre tránsito en ciertas circunstancias. Si bien el acatamiento de órdenes requiere de procedimientos estrictos que pueden llegar a molestar a muchos, ha llegado a ser motivo de acusaciones diversas, inclusive de asaltos sexuales. Aunque la mayoría de ellas son sin fundamento y con declaraciones vagas, cada una es investigada para asegurar que el comportamiento de los elementos castrenses sea siempre con respeto a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido en este sexenio (hasta febrero de 2010) 3 mil 430 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional, mismas que han derivado en 51 recomendaciones. Aunque hay aún algunas quejas en estudio, las recomendaciones hechas por la CNDH no llegan al 1.5 por ciento del total presentadas. A las demás les faltó sustento o planteaban supuestos que no conforman faltas ni delitos.

Los elementos del Ejército no deben realizar agravios contra los derechos de ningún ciudadano, y menos cometer delitos. Es necesario investigar cada recomendación para deslindar hechos que pudieran atentar contra los derechos humanos, o más grave aún, configurar delitos. La justicia militar no está por encima de la justicia civil, es complementaria, por lo que un militar que sea juzgado por un tribunal militar por faltas a la disciplina, y resulta responsable de cometer algún delito, se turna a las autoridades civiles para ser juzgado por ellas.

Por eso 55 militares ya han sido turnados a las autoridades civiles. De ellos, se ha sentenciado a 8, incluyendo a 4 por haber violentado los derechos de sexoservidoras de Castaños, Coahuila, en el único caso en que elementos castrenses han sido hallados culpables por abusos sexuales entre las 3 mil 430 denuncias. Números muy distintos de declaraciones que intentan presentar otra realidad.

alediaz@elsoldemexico.com.mx