Elías Medina P. / El Sudcaliforniano

La Paz, Baja California Sur.- En el conflicto entre ejidatarios de la zona norte del municipio de Mulegé y la paraestatal Exportadora de Sal S.A. (ESSA), la posición del Gobierno estatal ha sido de mediación y a favor de un acuerdo que satisfaga el reclamo de los ejidatarios, quienes demandan un mejor pago por la ocupación y usufructo de sus tierras, y que evite la parálisis de la empresa de la que es accionista mayoritario el gobierno federal.

Así lo expresó el gobernador Narciso Agúndez, quien en su condición de integrante del Consejo de Administración de ESSA, ha planteado la necesidad de que la paraestatal aplique mayores recursos de sus utilidades en programas que permitan mejorar el nivel de vida de los habitantes de Guerrero Negro y que cumpla las expectativas de los ejidatarios.

Recordó que en la última reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar en la ciudad de México con la presencia del secretario de Economía, Sergio García de Alba, y de los directivos de Exportadora de Sal S.A., urgió a alcanzar un punto de acuerdo que ponga fin en definitiva a este problema, en el cual el gobierno estatal funge sólo como mediador y garante de la estabilidad social.

Explicó que incluso sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía y con directivos de ESSA, acompañado por dirigentes de los ejidos Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz, Héroes de Chapultepec y Belisario Domínguez, así como de sus abogados, quienes reclaman un mejor pago por la ocupación y usufructo de sus tierras en la producción de sal.

"Nuestra posición ha sido y es de conciliación. Este es un asunto entre una empresa del gobierno federal y un grupo de ejidos que insisten en que el pago por la ocupación de sus tierras por parte de Exportadora de Sal es muy bajo y no corresponde, por lo tanto, a los ingresos que obtiene la paraestatal por la producción y comercialización de sal", subrayó.

El gobernador reconoció que a los ejidatarios les asiste la razón cuando cuestionan la rentabilidad de la empresa, debido a los elevados egresos que ésta reporta por concepto de servicios exclusivos para sus directivos y personal de confianza.

"Hemos sido muy claros en este sentido, porque en Guerrero Negro es evidente el contraste entre la forma de vida de los directivos y personal de confianza de Exportadora de Sal y las condiciones en las que viven sus trabajadores y el resto de la población, lo que ha obligado al Gobierno del Estado y al XII Ayuntamiento de Mulegé a redoblar esfuerzos para hacer frente a los rezagos que en materia social, salud, educación e infraestructura urbana genera la operación de esta empresa, de la que es copropietario el gobierno federal", enfatizó el jefe del Ejecutivo estatal.