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Madrid, España.- El gobierno venezolano se comprometió a detener a cualquier activista de ETA siempre que existan "pruebas irrefutables" y rebajó el tono de sus críticas, asegurando que está decidido a preservar sus relaciones bilaterales con España.

Un día después de hacerse pública la orden de detención para 12 miembros de la organización separatista vasca y la guerrilla colombiana de las FARC, la embajada de Venezuela en Madrid se mostró dispuesta a colaborar con la justicia española, aunque volvió a negar las acusaciones que vinculan al gobierno del presidente Hugo Chávez con un supuesto acuerdo entre la ETA y las FARC.

"Reiteramos nuestro compromiso a pruebas irrefutables que demuestren objetivamente actividades de esa naturaleza", dijo la embajada en un comunicado, aludiendo a presuntos terroristas. "La embajada ratifica su rechazo a la supuesta vinculación de nuestro gobierno con grupos terroristas".

Aunque Chávez había defendido el lunes a la colonia de ex miembros de ETA refugiados en el país sudamericano en virtud de un acuerdo suscrito entre los dos países en 1989, la embajada quiso dejar en claro su condena a cualquier forma de terrorismo y puso énfasis en la necesidad de combatirlo "en el marco de los principios del derecho internacional".

Los 12 sospechosos son los que figuran en el polémico auto del juez Eloy Velasco, que el pasado 1 de marzo acusó al gobierno de Chávez de amparar una alianza estratégica entre ETA y las FARC. Las dos organizaciones llegaron supuestamente a conspirar para cometer atentados en Madrid contra el presidente colombiano Álvaro Uribe y su antecesor en el cargo Andrés Pastrana.

La mayoría de ellos, seis etarras y seis miembros de las FARC, se encuentran en Cuba y Venezuela o en paradero desconocido. ETA, que ha asesinado a más de 825 personas en su campaña por un País Vasco independiente de España, es considerada por la Unión Europea como una organización terrorista.