Carlos Ibarra Meza



La Paz, Baja California Sur.- "Es triste y doloroso tener un hijo en estas circunstancias, muchas veces los problemas con la justicia van de la mano con esta situación. Mi hijo cayó en las drogas por primera vez cuando tenía apenas 15 años. Lo ingresé en distintos centros contra adicciones en la ciudad, pasaron los años y ahora tiene 50 años, posee una gran familia y un trabajo honrado, creo que estas instituciones fueron de gran ayuda", así lo dijo con la mirada acuosa, la madre que se enorgullecía de haber superado tal travesía y quien decidió guardar celosamente su nombre, pues argumentó que el tema aún es sensible para ella.

Y es que en Baja California Sur, el tema de la drogadicción es un problema que se aferra y crece con fuerza, en el interior de las familias de distintas clases sociales. El gobierno, hasta hace unos años, se lavaba las manos y mientras el estado no daba la cara, organizaciones no gubernamentales (ONG) comenzaron a proliferar y trataban de ofrecer un servicio para contraatacar este mal.

En la entidad, se estima que existen 16 centros medianamente regularizados y de estos, solamente uno cumple al 100 por ciento con lo que estipula la norma 028 la Ley General de Salud, que es la que rige el funcionamiento de estas instancias de la sociedad civil y es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) que se encarga de vigilar que se cumpla jurídicamente con esto. Sin embargo, algunas de estas ONG, han caído en irregularidades que van más allá de los requerimientos que pide esta norma, por ejemplo: explotación laboral, abusos contra menores y falta de un programa médico.

Según datos extraoficiales, sólo en la ciudad de La Paz, operan alrededor de 18 centros no regularizados y que apenas han sido detectados. Estos, se suman a los 16 ya existentes ante la ley y hace surgir la pregunta, ¿Qué va a suceder con esto?

Datos arrojados por COEPRIS, indican que se tienen contabilizados un número aproximado de 656 personas. Cabe resaltar que algunos de los centros registrados no dan información sobre su población. Ignorando las otras ONG no registradas ante este órgano jurídico de la Secretaría de Salud, el centro con más habitantes es el CREAD ubicado en Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé con 190 internos.

Algunos de los factores que determinan la operatividad en materia de salud, son los siguientes: Programa de Trabajo, Programa Médico, Programa Alimenticio, Asistencia Médica, Asistencia Psicológica, Instalaciones, Condiciones Higiénico-Sanitarias.

NACER, A.C.

Jorge Lares, es el subdirector general de la ONG NACER, A.C., fundada con el objetivo de rescatar a personas enfermas por el alcohol y las drogas, es una establecimiento que cuenta con 10 años en la localidad al igual que en San José del Cabo, 11 años en Constitución y 15 en la ciudad de Tijuana, Baja California.

"Todos los centros de auto ayuda nos basamos en el programa de Narcóticos Anónimos. En primera instancia, al ingresar una persona, debe ser valorada por un doctor, quien nos indicará el estado de salud mental y físico de esta. Después los pasamos a un cuarto de desintoxicación donde permanecerán entre 10 a 15 días según lo determine el médico. Cabe resaltar que no significa que van estar aislados, simplemente se les colocará con otras personas de nuevo ingreso y serán vigilados las 24 horas, ya que el síndrome de abstinencia puede presentar convulsiones, taquicardia o incluso presentar un cuadro maniaco depresivo entre otras complicaciones", expresó el representante de esta casa contra adicciones.

Al mismo tiempo habló sobre una reciente visita que se realizó, por parte de autoridades estatales, el día 18 de diciembre de 2009, alrededor de las 11:00 horas. Indicó que todo resultó conforme a derecho, salvo una observación que se les hizo sobre la localización de los cilindros de gas y dejó claro que no existió otra queja o recomendación hacia este lugar, e incluso, dijo que entrevistaron a los internos y no hubo queja alguna.

"Me parece muy bien que las autoridades se preocupen y realicen este tipo de inspecciones, ya que esto nos obliga a ofrecer un mejor servicio. Y es que es sabido que muchos centros de rehabilitación son patito, más de 20 centros, si no es que más, están sin regularizar. No tienen responsable sanitario, no tienen médico que valore a los individuos, entonces no les brindan un trato digno y por la operación inapropiada de estos, genera una mala reputación hacia los que sí cumplen", explicó Jorge Lares.

Desconoció la presencia de explotación laboral en estos pero advirtió que existen algunas ONG que provienen de Ensenada o Guerrero Negro que transportan a sus internos a esta entidad y los obligan a vender algún tipo de golosina o a pedir dinero y expuso que no se les da un seguimiento real a esta situación.

COEPRIS.

"Te puedo comentar, respecto a los centros de rehabilitación, es que nosotros como área de regulación sanitaria, tenemos un programa anual donde se verifican estos centros y se visitan durante dos o tres veces en el año. Todos los centros que hay en el estado deben de estar con nosotros, y se obligan a darnos aviso de su funcionamiento, es un trámite que tienen que hacer ellos, a través de ciertos formatos que les facilitamos, aviso de funcionamiento y aviso de responsable", comentó Edna Quiroz León, jefa del departamento de Expedición de licencias, avisos y permisos de COEPRIS.

Continuó diciendo que la Ley General de Salud, faculta a esta Comisión para entrar al inmueble y solicitar la presentación del servicio ante nosotros. La mayoría de los centros de autoayuda utilizan una metodología a través de testimonio o ideologías religiosas. Además, de la norma 028, se busca que se cumpla con la norma 167 que rige a los lugares que ofrecen asistencia social.

Reconoció que no todos estos lugares cumple al 100 por ciento con lo se les pide: "Todos los centros se han verificado durante 2009, ninguno está al 100 por ciento. Toda verificación es un proceso jurídico administrativo, en el cual una vez que se visita alguno, nosotros debemos notificar las irregularidades encontradas, si nosotros hallamos anomalías que pongan en peligro la vida, en ese momento podemos ejercer una acción como medida de seguridad. Por ejemplo no podemos suspender algún lugar o los servicios que se llevan ahí, si no son riesgos y sólo se le notifica y se les da un lapso de 10 a 15 días, dependiendo el tipo de anomalía", enunció Quiroz León,

Durante lo que va del año 2010 no se ha suspendido ningún sitio de rehabilitación y todos los que se encuentran registrados cumplen medianamente.

CESMA.

"Estos recintos, una vez de haber pasado por COEPRIS, nosotros tenemos una actividad específica, que es el fomento y capacitación a los responsables de estos para que cumplan con la norma 028, pues esta marca claramente las maneras de actuar con los pacientes a nivel residencial", Alejandra Ibarra, coordinadora de los centros Nueva Vida y auxiliar del secretario técnico del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA).

Señaló que se tiene como entendido que cuando alguna persona ha terminado su tratamiento, se proporciona una relación para que dar un seguimiento a través de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).

Reconoció que hasta el momento no todas las ONG cumplen con todo los requerimientos, y que el único que lo hace es CUMI centro de deshabituación que tiene gran participación, del sector privado, así como de la Secretaría de Salud. "En este centro se lleva a cabo un programa de ocho semanas, la persona no se desintoxica, esto sólo ocurre en hospitales, en lugar de esto se deshabitúa, pues es el único lugar profesional, los demás son atendidos por las misma personas o padrinos como ellos los llaman", aclaró.

En lo que fue el año 2009, el centro Nueva Vida de UNEME - CAPA del Consejo Estatal Contra las Adicciones, impartió a casi 9 792 personas en la ciudad, orientación preventiva, tratamiento breve para adolescentes que inician en el alcohol y otras drogas, talleres para padres sobre crianza positiva, talleres de sensibilización, entre otras pláticas formas de prevención. Todo esto para conscientizar acerca de esta problemática que se genera actualmente en la ciudad.

El incremento de los jóvenes y adultos ha ido en aumento. Mientras tanto, casas de autoayuda se alzan para rehabilitar estos sectores vulnerables y esto ha provocado que irregularidades en la operatividad y en el abuso de los derechos humanos sean más frecuentes en el país. Este es un llamado para colocar mayor atención en estos inmuebles que operan en nuestro estado.