Aracely Hernández F.

La Paz, Baja California Sur.- Cuesta 15 millones de pesos anuales al Gobierno del Estado sustituir a maestros que no dan clases en sus aulas, advirtió Omar Castro Cota, secretario de Educación Pública en Baja California Sur, al referir que debido a la observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suspendió el salario a los 20 maestros disidentes que se ostentan como Comité Seccional Democrático.

El titular de la SEP, Castro Cota, puntualizó que ya está vencido el plazo para que se presentaran a sus centros de trabajo los 20 maestros que encabeza Esteban Ojeda Ramírez, por lo que la SEP suspendió sus salarios a instrucción expresa por la Contraloría del Estado y esto debido a la observación por parte de la ASF ya no se podía mantener esta irregular situación, refirió.

Castro Cota enfatizó que se vivió esta situación irregular debido a la extraordinaria tolerancia política del gobernador Narciso Agúndez Montaño, esto a raíz del conflicto intersindical que se vivió en marzo de 2007; sabemos que se llevó un congreso de bases pero que no fue reconocido por la dirigencia nacional del SNTE.

Respecto a la suspensión de salarios que por año y medio estuvieron devengando sin trabajar los 20 maestros que encabeza Esteban Ojeda, refirió que no acatar las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación tras la auditoría que aplicó a la SEP estatal, sería caer en omisión o desacato y ante ello procedería la instancia federal a aplicarle la Ley de Servidores Públicos.

"La suspensión de salarios a los compañeros, fue un procedimiento administrativo emitido por la ASF, lo que pretende con ello el gobierno federal es que los maestros disidentes, como cualquier otro trabajador devengue su salario", asentó.

El funcionario estatal puntualizó que SEP únicamente está aplicando esta medida que implementó la Contraloría General del Estado, además de solicitarles a los 20 maestros que restituyan los salarios cobrados y no trabajados por todo un año y medio, "somos ejecutores de una instrucción derivada de la Contraloría".

La Auditoría Superior de la Federación, reiteró, nos está observando a todos en el país, es una medida que está aplicando en toda la república para que los maestros que están fuera del aula, sin comisión respectiva, se pongan a trabajar y de no hacerlo, toca a la Contraloría tomar las medidas que conlleva el que no den clases.

Aclaró que la postura de la Contraloría del Estado y la SEP no es una medida coercitiva, ni una "cacería de brujas" es también la sociedad quien reclama la transparencia en la ejecución de recursos y son 15 millones de pesos anuales lo que cuesta al estado sustituir maestros que no están en sus aulas dando clases, es un asunto de ética política y profesional el cumplir como profesor estando frente a grupo, recalcó.