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  Durante años se fue adoptando hasta formar parte de una cultura administrativa sin capacidad de reflexión e innovación, la práctica de hacer las cosas simplemente por inercia, por costumbre o por tradición, sin valorar ni potencializar la capacidad que desde las estructuras burocráticas tienen los que sirven a la población en la prestación de un servicio. Es común observar que la tramitología burocrática constituye una pesada carga presupuestal sin que tenga una contraparte, es decir, un beneficio colectivo, y continúa siendo lamentablemente común en áreas del servicio público, que éste se aleja de los principios de calidad, oportunidad y profesionalismo.

Desde programas gubernamentales de capacitación y actualización, de relaciones humanas y de profesionalización del servidor público, se ha estado insistiendo para superar estos anacronismos cuyo costo financiero es cuantioso si se compara con la disponibilidad de recursos para la inversión; en ello la tecnología de la información, el uso de herramientas, la reconducción de procesos y la simplificación administrativa, tienen una importancia vital, dado que poco se puede hacer si no se evalúan los procesos administrativos gubernamentales, de manera conjunta, integral e integradora, reflexión que es válida para los tres niveles de gobierno, para la iniciativa privada y en general para la vida ordinaria y común de todas las personas, dado que lo que señalamos no es mas que otra cosa que organización y organizarse significa, en un circulo virtuoso a calidad, oportunidad, eficiencia y resultados.

Naturalmente que estas transformaciones no operan en automático, sino que se requiere de visión para comprender lo que sucede y emprender acciones efectivas, y no solamente a nivel de escritorio o de ventanilla, sino en el diseño de las políticas públicas, de su operación y en la evaluación de sus resultados. Por eso la exigencia ciudadana no se ha reducido al personal que recibe para trámite un documento o una solicitud, registra un pago, elabora una liquidación, autoriza un permiso o libera a una persona, sino que el cambio de actitud en el servicio público debe marchar en doble vía, esto es, tanto en la normatividad como en la operación misma, lo que nos lleva a la reflexión de que las normas jurídicas, las leyes y su reglamentación se adecuen al mismo fin, en tanto el personal operativo tenga las necesarias atribuciones, facultades y competencia para recibir, tramitar y en su caso resolver una petición ciudadana.

Estamos hablando entonces de la evaluación del desempeño de la función pública y como la administración pública implica una responsabilidad administrativa, también implica responsabilidad política, económica y social, que igualmente deben someterse a una rigurosa evaluación de desempeño.

La evaluación al desempeño, se ha convertido ya en una disciplina que evalúa la actuación o desempeño de las entidades, bajo criterios específicos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, impacto, calidad y equidad, de los que se podrán derivar catálogos de propuestas y medidas de acción concretas para mejorar o reconducir la acción de una entidad pública o privada.

El enfoque que otorgamos al punto es no solamente académico, es producto también, de la experiencia personal, del estudio como disciplina autónoma de la administración pública y como aportaciones resultantes de una trayectoria. Una de las exigencias de mayor recurrencia de los ciudadanos, es aquella que demanda resultados, beneficios tangibles y mejores condiciones de vida, por tanto, si una acción gubernamental no los otorga, mucho es necesario hacer y trabajar para lograrlo.

Por ello son indispensables dos acciones; la primera, esbozada con anterioridad, modificar la normatividad de la materia para incluir como una obligación ineludible, la evaluación periódica del desempeño de todo servidor público, de todos los niveles y grados de responsabilidad, superando el esquema "blando" de buenas voluntades para informar, sino un esquema riguroso, estricto y coercitivo a ofrecer resultados a la población, no bajo el estigma de una amenaza o de un castigo, sino de una correspondencia "natural", a una confianza ciudadana, porque de no hacerse de esta forma, la evaluación del desempeño sólo se registraría como un "indicador", y no como una falta de atingencia, falta de capacidad, negligencia culpable u observación, susceptible de solventarse con cualquier tipo de "justificación".

El otro elemento fundamental es el cambio de actitud, el compromiso y la responsabilidad que cualquier servidor que pertenece y sirve a una institución municipal, estatal, federal, privada o social debe de tener, para superar el marasmo, la inercia, la apatía y el conformismo. Si algún servidor no se siente identificado con los interese, fines y metas de una empresa o de una institución, evidentemente los resultados serán nimios por mas inversión que se haga para "motivar" un cambio de actitud, pero es claro que esto no puede seguir sucediendo de esta forma; los relevos abrirán paso, nuevos caminos y oportunidades para quienes con una visión renovada, observan ciertamente riesgos, pero también ámbitos extraordinarios para avanzar, porque nuestro convencimiento personal es de que existen muchas mas fortalezas que debilidades y, en las primeras tenemos que sustentar nuestro desarrollo, y no solamente burocrático administrativo, sino económico, social y político, renglón, este último, que merece una atención de primer orden, cuando es hoy en día la actividad política, la que se encuentra por la coyuntura política, en el centro de la discusión ordinaria y en una evaluación permanente a nivel de costo beneficio.

Los ciudadanos tienen ante este entorno, tres instrumentos fundamentales; transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información, que es necesario difundir para que formen parte del activo democrático de toda sociedad regida por un Estado de Derecho.