Opinión / Columna
 
Víctor Armas Zagoya 
Una procuraduría para la defensa de las víctimas de la violencia
El Sol de Zacatecas
6 de septiembre de 2011

  Aunque el Presidente Felipe Calderón planteó el viernes la creación de una Procuraduría Social para la Atención de Víctimas de la Violencia, actualmente la Procuraduría General de la República (PGR) ya cuenta con un área similar cuyo presupuesto anual supera los 86 millones de pesos; tiene entre sus objetivos fijar las políticas de atención a las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos federales.

Una de las funciones de la subprocuraduría que encabeza Juan de Dios Castro Lozano es evaluar la problemática de cada víctima u ofendido sobre su atención médica, psicológica, tutelar y preventiva, y canalizarlas a otras dependencias u organismos públicos o privados "que le permitan resarcir el daño que se causó".

Durante 2010, que es hasta el momento el año más violento del sexenio al registrarse 15 mil 273 ejecutados y mil 172 plagios, la subprocuraduría atendió a 3 mil 274 víctimas. 

Y aunque la cifra total de víctimas atendidas aumentó 8.4 por ciento con respecto a un año anterior, en seis de los 14 Centros de Atención a Víctimas (CAV's) disminuyó 36.5 por ciento el número de personas a quienes se les se les prestó auxilio por primera vez.

Además hay entidades donde la violencia ha repuntado como Tamaulipas y Durango, que no cuentan con este tipo de centros. 

En los CAV's en donde disminuyó más la cifra de víctimas atendidas se incluye Coahuila y Nuevo León.

En Coahuila, la cifra de víctimas atendidas cayó de 613 en 2009 a 288 un año después, mientras que en Nuevo León, donde la violencia se ha recrudecido, el número de atendidos bajó poco más de la mitad, de 312 afectados recibidos en 2009, al año posterior sólo llegaron 147.

En Morelos, otra entidad afectada por la violencia, la concurrencia de víctimas pasó de 243 a 202 en el mismo lapso.

De acuerdo con Gustavo Ortega Vázquez, director general de los centros, la disminución de atención a víctimas en algunos de los CVA's se debe, en parte, a que "no todos aceptan los servicios que nosotros ofrecemos".

"Muchos por la inconveniencia del horario, porque tienen que trabajar y eso es un impedimento para que puedan acudir a las terapias psicológicas, otros de ellos seguramente ya tienen otra atención en particular", dijo en entrevista el funcionario.

La dependencia justifica la negativa de la gente para recibir ayuda argumentando también que las víctimas carecen de posibilidad de trasladarse grandes distancias hasta un centro, creen que no requieren ayuda o eligen centros estatales para su tratamiento.

En otros casos no se les auxilia porque no existe averiguación previa ni hay registro de afectados o son víctimas derivadas de conflictos entre grupos criminales, entonces se teme por la seguridad del personal.

Y como decíamos al principio, no solo es necesaria sino urgente una Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de la Violencia provocada por el Estado, que proporcione terapia y atención a las víctimas, pero con ciertas características, como el ser un instrumento al servicio de la población, un órgano desconcentrado, autónomo e independiente de la PGR y del Poder Ejecutivo, similar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además a la población no le interesa mucho atenderse en las instancias que son las mismas que han provocado la violencia. Actualmente, dependiendo de la PGR se tiene la impresión de que no habrá una atención especializada o en términos generales y es que la trayectoria de la Procuraduría es negativa, porque no gana ningún caso ante las instancias judiciales, ejemplos hay de sobra como Hank Roon, Greg Sánchez.

O como el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, que fue encarcelado la noche del sábado en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por presunto enriquecimiento ilícito (en la modalidad no grave), pero liberado los primeros minutos de ayer gracias a una suspensión provisional de amparo.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusa al ex funcionario presuntamente involucrado en una red de sobornos a empresas transnacionales de un presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 99 mil 292 pesos.

El ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad habría recibido un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares, 170 mil dólares en una tarjeta y otros pagos por 600 mil dólares, pero está libre.
 
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