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  La renovación cíclica de quienes tienen la representación jurídica y política de las instituciones del Estado, permite a los ciudadanos emitir un juicio de valor respecto de la eficacia de su función y del ejercicio de una responsabilidad, tanto de personas como de organizaciones; esta oportunidad constitucional y legal debe expresarse libremente, de tal manera que en una nueva generación de servidores públicos, los ciudadanos justiprecien la base ideológica de una institución o el perfil profesional y vocación de un servidor público.

En sociedades como Zacatecas, los ciudadanos valoramos y exigimos resultados, pero no exclusivamente bajo criterios eficientistas, sino también de economía, de ahorro y de optimización de los recursos disponibles; uno de los aspectos que para la población es importante, es la que se refiere a los ingresos que por concepto de salarios, honorarios, sueldos, compensaciones, dietas o cualquier otra denominación que se le otorgue a esta prestación laboral, sea proporcional a la función desempeñada y a los resultados obtenidos; justa en relación al esfuerzo físico o intelectual del trabajador y que atienda, a la condición y disponibilidad presupuestal para ello.

Los ciudadanos hemos visto que en los municipios, algunos cabildos al ejercer su atribución constitucional de determinar en su presupuesto de gasto anual, los montos económicos para solventar el gasto público, destinan al gasto corriente un porcentaje mucho mayor al gasto de inversión, lo que significa que del gasto neto que ejercen en un ejercicio fiscal, cerca del 80 % se consume para el gasto corriente y, de éste prácticamente entre un 90 a 95 % al pago de la nómina. Anualmente el crecimiento de la plantilla de personal absorbe estos recursos y en una espiral sin control "ahoga" las finanzas municipales, que en muchas ocasiones se ven obligados a contratar empréstitos para ir "saltando", mes a mes y año tras año, un gasto que no se refleja en obras y servicios públicos de beneficio comunitario.

Esto evidentemente no puede continuar; los ciudadanos han manifestado una y otra vez, su desacuerdo con esta práctica nociva para las exiguas finanzas municipales, que agotan toda posibilidad de inversión en obras de infraestructura hidráulica, habitacional, de equipamiento urbano o de electrificación entre otras. Es fundamental que desde la propia norma constitucional y en las leyes que le son reglamentarias, se acote con precisión el volumen del ingreso de los servidores públicos, desde el nivel mas modesto, hasta aquellos que teniendo como origen un mandato popular, sean también la referencia o muestra para decirle a los ciudadanos, que ante el negativo impacto de una crisis económica, existe conciencia y solidaridad con los que tienen un ingreso mínimo, o con quienes no tienen una fuente de empleo ni de ingreso.

Los ciudadanos también han observado que tanto en la asamblea legislativa como en los organismos constitucionalmente autónomos, el manejo del presupuesto anual de egresos, no tiene los debidos controles. Sin discutir su facultad para ejercer su gasto, resulta contradictorio que mientras los ciudadanos hacemos un esfuerzo supremo para reducir este ingreso en beneficio de una mayor liquidez para obras y servicios, quienes integran estos cuerpos colegiados, destinan cuantiosas sumas para el capítulo de servicios personales, compensaciones, bonos, premios, tiempos extraordinarios, dietas y otros beneficios, algunos de los cuales por encima de obligaciones de su declaración para efectos fiscales, o utilizando mecanismos que "evitan" caer en determinadas hipótesis normativas fiscales, para no cubrir un impuesto, que sí pagamos los ciudadanos.

Ello tampoco puede continuar, porque si bien pueden justificarse en algunos casos, deben transparentarse sin excepciòn y sin limitación alguna, porque de considerarse justificados, no tienen porque ser considerados como "ocultos" y por consiguiente "indignos o vergonzantes", para quienes los reciben sin dar debida cuenta de ellos, lo que indudablemente es una responsabilidad sancionable en los términos de la Ley Reglamentaria.

Ha habido voces, cada vez en mayor cantidad, de acotar estas enormes discrecionalidades que contrastan entre quienes ganan al día menos de un salario mínimo, a quienes en una jornada laboral ganan hasta cien veces $ 54.47 pesos, que es el importe diario de un salario o de un jornal para quien de sol a sol, entrega su fuerza de trabajo a un patrón cada vez mas duro y exigente.

Establecer en la Constitución y en las Leyes, los salarios máximos que podrá recibir un servidor público por sus servicios profesionales, técnicos, humanísticos, artísticos, deportivos, intelectuales, etc., no es definitivamente cancelar su legítima aspiración de mejoría personal, de su superación, capacitación y profesionalización, ni tampoco tiene como objetivo "mermar", su capacidad y sus resultados.

Limitar, que no disminuir, las percepciones de un servidor público, no debe ser en perjuicio de la calidad de su trabajo, bajo el simplismo muy común en algunas áreas de la burocracia que no han entendido de que el servicio público es vocación, de según el pago es según el trabajo, o aquél que de manera peyorativa se identifican algunos de " hacen que me pagan - hago que trabajo ", sino que una acotación como la que se ha planteado, busca esencialmente el equilibrio entre el que recibe una paga ínfima, a quien recibe una paga sin nivel de comparación a aquella, además de que como resulta obvio, es posible disponer de mayores recursos para obras y servicios sociales.

Cuando se reduce la capacidad económica y la liquidez de los presupuestos gubernamentales, la sociedad reclama acciones serias y responsables. No podemos seguir posponiendo soluciones estructurales, como tampoco soslayar el justificado reclamo de los que no tienen un empleo o de los que apenas al día reciben el importe de un salario mínimo, cuya capacidad de compra, como se ha documentado en las cifras oficiales, no es suficiente para adquirir una canasta básica familiar.

* Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas