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  Los gobernantes, cuando toman decisiones que afectan a la vida de los demás, no pueden proceder arbitrariamente, sino que tienen que someterse a algunas normas morales, que no dependan de ellos, sino que estén fundadas en la dignidad de la persona, y que les obligan en conciencia, a ellos como a todos.

Dichas obligaciones morales se fundan en la dignidad del hombre y todos las podemos conocer fácilmente mediante el ejercicio de la razón, ayudados por la dimensión social e histórica del pensamiento. La obligación es de respetar y proteger la vida humana en todo momento y el deber de utilizar el poder para el bien común y no para bienes particulares.

Sin respetar un orden moral objetivo, superior y vinculante, la autoridad degenera en despotismo, la opinión pública deja de ser expresión de la verdad social y la democracia se corrompe sin remedio.