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  "...A algunos de los Ministros se les ha concedido u na especie de indulgencia no plenaria sino monetaria, ¡y de qué tamaño...!" (Raúl Carrancá y Rivas. Jurista)

Después de más de un cuarto de siglo de prestar sus servicios, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mariano Azuela Güitrón se retira en condiciones de jubilación. El fue también Presidente de ese máximo Tribunal de la Federación. A partir del año de 1995, cuando el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo llevó a cabo múltiples reformas constitucionales, en particular, las relacionadas con el tema que nos ocupa y que corresponden a los artículos 94. 99. Y 100 de la Carta Magna de nuestro país, han existido 4 Ministros Presidentes:

1.- Vicente Aguinaco Alemán. Inició su cargo en 1995 y concluyó el 4 de enero de 1999.

2.- Genaro David Góngora Pimentel. Inició su cargo el día 4 de enero de 1999 y concluyó el 2 de enero de 2003.

3.- Mariano Azuela Güitrón, inició su cargo el día 2 de enero de 2003 y concluyó el 2 de enero de 2007.

4.- Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, inició su cago el día 2 de enero de 2007 y deberá concluir el día 31 de diciembre de 2010. Se encuentra por tanto en funciones.

No obstante que dentro de los requisitos para ser ministro, el artículo 95 del Texto Supremo Mexicano exige entre otros: una edad mínima de 35 años; tener título de licenciado en derecho con antigüedad de 10 años, expedido por la institución legalmente facultada; gozar de buena reputación y la ciudadanía mexicana por nacimiento, no siempre son "pulcros" en el ejercicio de sus facultades, para garantizar una transparente impartición de justicia con estricto apego a la ley. Son falibles, y tienen por tanto yerros que se manifiestan algunas veces en el contenido y el sentido de sus resoluciones.

En los últimos meses del año 2006 y en los primeros del 2007, Mariano Azuela fue el Ministro más cuestionado, porque bajo su presidencia el Poder Judicial de la Federación, mostró más que nunca sumisión y subordinación al Poder Ejecutivo quebrantando así el Principio de la División de Poderes, que se caracteriza por la autonomía e independencia que deben prevalecer entre ellos. De esta realidad, podemos afirmar que la coincidencia entre el nombramiento del actual Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y el inicio del gobierno de Felipe Calderón, permitió la continuidad de ese enfermizo sometimiento, si atendemos a la actitud conservadora del primero.

La situación se explica porque para ocupar la actual Presidencia de la Suprema Corte, contendieron por un lado el citado Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y por el otro, el también Ministro Juan Silva Meza, con una actitud más liberal a quien tal vez precisamente por esto, la votación no le favoreció.

Azuela Güitrón, involucró al máximo Tribunal Federal en asuntos de carácter político y administrativo que, ajenos a la función jurisdiccional cobraron repudio y colocaron en tela de duda a la Institución, debilitando aún más la ya de por sí deteriorada confianza y credibilidad en la administración e impartición de justicia, tareas que le asisten por mandato constitucional. El derroche de recursos financieros fueron "descuidos" también, que sufrió la Suprema Corte bajo su presidencia.

Un ejemplo importante sustenta mi afirmación:

Justo en el año 2004, a petición de quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox, Azuela acudió a los Pinos para preparar, juntamente con el entonces Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha, el desafuero de quien fungía por aquella fecha como Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador. Así, los titulares del Poder Ejecutivo, de la PRG y de la SCJN, convirtieron la función de las instituciones a su cargo en juez y parte, desconociendo al Poder Legislativo, quien, por disposición contenida en el artículo 111 de la Carta Magna Mexicana, es quien tiene facultad explícita para instaurar juicio político en contra de quienes, siendo sujetos del mismo como lo dispone a su vez el artículo 110, incurren en la comisión de conductas tipificadas penalmente.

Por su parte la Procuraduría General de la República, tiene definida de manera expresa una facultad constitucional en el artículo 21 como es la de investigar y perseguir delitos. En tanto que, el artículo 89 a su vez, establece textualmente las facultades y obligaciones que asisten al Presidente de la República. Los órganos del Poder Judicial Federal, entre los cuales se incluye a la Suprema Corte, tienen las facultades que señalan los artículos 103. 104. 105. 106 y 107 todos los mencionados del Texto Supremo. En consecuencia, a ninguno le asiste la de instaurar juicio político, como tampoco convertirse en órgano acusador (Cámara de Diputados), o en jurado de sentencia (Cámara de Senadores).

Bajo estas circunstancias... ¿qué fue lo que sucedió entonces? Dos poderes federales, es decir el Ejecutivo y el Judicial invadieron la esfera de competencia del Legislativo. Aclarando que la Procuraduría General de la República dependen del primero mencionado, toda vez que es el Presidente de la República que designa, con ratificación del Senado a su titular.

Otros:

Genaro David Góngora Pimentel, cuando en el años 2002 fungía como Ministro Presidente tuvo una idea que Mariano Azuela, en el mes de marzo de 2006 hizo realidad: convirtió al máximo Tribunal de la Federación, en prácticamente un "museo" atiborrando los muros del edificio que lo albergan, con 453 "retratos" correspondientes a todos los Ministros que han integrado la Corte desde hace 180 años, cuando México se convirtió en Estado Independiente. Algo que resulta fatigante y tedioso sin resultado ni objeto alguno.

Fueron cuantiosos los recursos utilizados en esta obra innecesaria y ascendieron a la nada despreciable suma de catorce millones de pesos; en la elaboración de los retratos participaron 45 personas, a cada una le correspondieron elaborar 10 bastidores de lino de 40 por 50 por la cantidad de treinta mil pesos cada uno, lo que significa que individualmente las personas recibieron en pago trescientos mil pesos por su trabajo. A esto, se agregaron los gastos que se invirtieron en mobiliario de los muros para su colocación.

También bajo la Presidencia de Mariano Azuela, la Suprema Corte enfrentó problemas administrativos en su interior, pues en cuanto a nombramiento de jueces y personal, se cuestionó en múltiples casos el parentesco que tienen entre sí muchos de ellos. Esto, a pesar de que es el Consejo de la Judicatura Federal, quien tiene plenas facultades para llevar a cabo tales nombramientos. Se cuestionó, en pocas palabras el nepotismo.