Juan Castro

Zacatecas, Zacatecas.- La LIX Legislatura exhortó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que la designación del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, considere en los aspirantes y propuestos por diversas organizaciones y entidades, perfil académico, capacidad, conocimiento y trayectoria profesional, desempeño e imagen pública.

Además, honestidad, prestigio e imparcialidad, que permita la reivindicación de esta institución eminentemente ciudadana.

Se estableció que la cultura de observancia y cumplimiento de la ley no se encuentra plenamente desarrollada en el país, y que algunas autoridades consideran que su reconocimiento es un acto de buena fe o de una personal buena intención.

Se estima que la fragilidad de una formación educativa y en los valores reconocidos por la sociedad es lo que provoca que se necesiten instituciones para "blindar", de la arbitrariedad y el abuso de algunas instituciones y, mejor dicho, de quienes las representan, coordinan o dirigen.

Por eso, se considera que como sociedad se debe dar ese paso, trascender a una auténtica ciudadanización para apartar de la tentación mediática y política, a quienes hasta ahora las han utilizado para desviar la atención, para ocultar o para generar impunidades.

Existen reclamos sociales que la institución nacional y estatal de derechos humanos, se han vuelto más proclives hacia la defensa de quien delinque, que a quienes resultan víctimas de una violación constitucional, legal y reglamentaria.

Se coincide, por tanto, con quienes desde los medios de comunicación, desde las organizaciones civiles no gubernamentales, consideran que la evaluación técnica y la valoración jurídica debe complementarse con una evaluación filosófica, de forma de vida y de trayectoria personal, de quienes hoy aspiran y que pudieran llegar a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En México, el Ombudsman tiene ante sí dos retos esenciales; el primero, convertirse en un auténtico defensor de los derechos fundamentales del hombre, para denunciar abusos, injusticias, corrupción del sistema de justicia, arbitrariedades o ilegalidades, o incluso de políticas generales de autoritarismo de parte de los órganos de gobierno y judiciales.

El otro, evitar sumergirse en inercias de señalamientos superficiales, intrascendentes e inocuas, legitimando incluso actos de autoridad lesivos de los derechos humanos, para proteger la ilegalidad y la corrupción.

Resultará relevante que el Ombudsman inicie una nueva etapa de los Derechos Humanos en México, posicionándose a favor de la población, en temas que tienen un sentido político, ético, jurídico, práctico y económico, de forma permanente o coyuntural.

Es evidente que el desafío es importante y por lo mismo se requiere impulsar un procedimiento de selección y designación sumamente cuidado.

Nos enfrentaremos como sociedad, a una época de suyo difícil en lo económico y en lo político; existen diferencias profundas entre los actores políticos que hoy toman las decisiones de un país que parece fragmentado, fraccionados, deteriorado y complejo, en donde las soluciones no deberán ser discursivas, sino pragmáticas, con seriedad, responsabilidad y dentro de la ley.

Los Senadores de la República tienen, mas allá de un interés partidista para "colocar" a sus cuadros o a sus intereses dentro de la Comisión, apelar a su compromiso con los mexicanos y con la nación, porque esta no es una cuestión de "cuotas" de partido.

Tampoco se trata de intereses o conveniencias de coyuntura, sino de la integración de una CNDH, que se encontrará con una agenda política y económica nacional e internacional, que de inmediato habrá de dar cuenta de lo "que está hecho".

La agenda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá integrar los temas

del derecho a la salud, los derechos de los migrantes, los derechos de las víctimas del delito y de personas detenidas.

El derecho a una educación de calidad, los derechos a vivir en una comunidad ecológicamente limpia y sustentable, el derecho al agua, los derechos a la diversidad y preferencia sexual.

Los derechos frente a los riesgos tecnológicos, entre otros de no menor calibre, de ahí la importancia de que el futuro presidente de la Comisión Nacional de los Derechos sea una persona, no fuera de lo común u ordinario, sino excepcional por su formación y compromiso social con las garantías individuales y sociales de los mexicanos.