El problema del transporte público se ha convertido en un problema de salud pública. En efecto, mucha de la irritabilidad social, del malestar que los ciudadanos vivimos cada día se debe al desorden en que el transporte público se desarrolla.

En efecto, el comportamiento de los ciudadanos lo determina el ambiente que viven en sus ciudades. Una ciudad que trasmite valores cívicos tendrá, obviamente, un comportamiento de mayor calidad entre sus habitantes. Una ciudad en donde cotidianamente se observa violencia, violación a las reglas de tránsito, arbitrariedad, falta de respeto al peatón convierte a los ciudadanos en seres violentos en mayor o menor grado.

Toluca es una ciudad que violenta a quienes habitan en ella. El desorden cotidiano en el transporte público ha contribuido de manera determinante a ello.

Basta ser automovilista o simple peatón para percatarse de cómo el transporte colectivo, sean camiones o taxis, alteran el orden mínimo de convivencia que debe tener una ciudad, sobre todo una cuidad que se precia de ser la capital de una de las entidades federativas mas importantes del país.

La vida cotidiana, el ritmo del tránsito, la desesperación de transeúntes y choferes se determina en buena medida por el transporte colectivo de la ciudad. Su presencia es determinante a lo largo del día y se han convertido en el elemento más importante de la viabilidad de la ciudad.

El problema no es menor si se considera su impacto en ya prácticamente todas las calles, las principales avenidas, los principales cruceros de los que se han apropiado con total impunidad. Los esfuerzos de la autoridad por "tratar de poner orden" han hecho más evidente el desorden y la arbitrariedad en la que se mueve el transporte público. No sólo les han dado en exclusiva un carril que ha sido pagado con los dineros de los impuestos que todos pagamos, sino que su administración es muy cara para las finanzas públicas: se habilitan policías especiales, se compran bollas para separa carriles, se mantiene una estructura burocrática para atender sus demandas, actúan con impunidad cuando matan o atropellan a alguien. Es decir, estructuras burocráticas que se pagan con nuestros impuestos para beneficiar a unos cuantos concesionarios.

El "orden" ha hecho más evidente el desorden: cientos de autobuses, como si estuvieran pegados circulan las calles de la ciudad en muchas horas prácticamente vacíos, hacen el tiempo que desean sin importar afectar la circulación fluida de la ciudad porque "hacen base" en cualquier lugar y en cualquier momento que se les ocurra. Sin mayor pudor ponen sus propios retenes, sus propios tomadores de tiempos colgados con sus casetas y relojes en cualquier poste de utilidad pública.

Ellos pueden mentarle la madre al policía, a la señora que maneja, al anciano o al ciego que cruce por la calle. Ellos pueden bajar el pasaje a la mitad de la calle sin respetar las paradas autorizadas. Ellos pueden cambiar de rutas si se les antoja que una es mejor que otra cualquier día. Ellos pueden disponer del patrimonio colectivo que son las calles de la ciudad. Ellos pueden impunemente definir las velocidades a las que deben circular.

El estado se ha mostrado débil frente a los concesionarios, se ha olvidado, como sucedió mucho tiempo en radio y televisión, que quien otorga la concesión manda y en este caso es el estado.

El desorden ha generado ya irritación social. No son pocos los casos en que poblaciones enteras sancionan o matan a choferes abusivos o toman unidades como represalia a la arbitrariedad.

La autoridad debería, al menos, recobrar su autoridad y cuidar del interés colectivo sobre el particular de los concesionarios, sean de taxis o de camiones.(f)