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  Entre la desazón como sentimiento prevaleciente por las incesantes noticias cotidianas de violencia, muerte e inseguridad que provoca la guerra entre y contra el narcotráfico, debemos preocuparnos porque no se ha consolidado una estrategia para detenerla.

Sin duda, la decisión del presidente Calderón de enfrentar a las organizaciones criminales con la fuerza del estado fue correcta y sigue vigente. De otra manera su influencia sería mucho mayor y seguramente el fantasma del "estado fallido" se estaría materializando.

No obstante, aún con su alto costo en vidas y en recursos, las medidas han sido insuficientes. Más tarda en descabezarse a un grupo que aparecer no un reemplazo sino otros muchos. Nuestro problema es que se ha extendido el consumo de drogas y la violencia a la sociedad, la cual se había mantenido al margen salvo casos como el de Juárez. Estas circunstancias son un peligroso fermento de descomposición social que al final nos perjudicará a todos.

En la opinión pública y en las campañas electorales está ganando la idea del empleo creciente de la fuerza o la negociación con las organizaciones criminales.

No caigamos en la tentación del sólo uso de la fuerza, porque su empleo ciego conduce al autoritarismo, con el que no sólo no se resuelven los problemas, sino que se extendería la violencia en perjuicio de mayores segmentos de la población, y además, la sociedad sufriría las arbitrariedades que conlleva.

Tampoco caigamos en la tentación de la negociación, porque se toleraría la ilegalidad y las conductas destructoras de vidas e intereses legítimos. Es una leyenda la idea de que antes se negociaba con los narcos; más bien eran "valores entendidos" de tolerancia a cambio de evitar la violencia y el consumo en México y, en algunos niveles, de participar en el "negocio". Hoy las circunstancias son diferentes.

Tampoco podemos pensar como el expresidente Fox de negociar como se hizo con el EZLN. Es cierto que había ilícitos, pero también lo es que entre intereses de todo tipo, se entreveraban intereses y demandas justas de los pueblos indígenas. Negociar con el narco implicaría compartir el poder, y por definición de un estado democrático, ello no sólo no se puede sino que no se debe, porque al reconocer la existencia de una fuerza igual, se estaría condenando al fracaso del Estado.

Una política de Estado implica un conjunto integral de acciones aplicadas de manera consistente conforme a derecho. Entre ellas deben encontrarse acciones educativo-culturales-sociales; de desarrollo económico y perspectivas de futuro; de inteligencia y acción coordinada; de uso de fuerza legítima, y de administración y procuración de justicia.

El enfrentamiento a la violencia necesita de la participación activa de la sociedad. Mientras se logran los índices de confianza necesarios, que las personas cuando menos impidan en su entorno familiar la aceptación y participación en las organizaciones criminales. Educación y cultura de lo que significa, campaña en contra de las drogas y conciencia del único futuro de los criminales, serían detonantes de una conducta social con la certidumbre de que toda acción negativa debe tener una consecuencia.

Si el narco es un negocio, la inteligencia financiera para estrangularlo, en coordinación con medidas graduadas de persecución y fuerza coordinada y complementaria entre los tres niveles de gobierno se constituyen en un objetivo, combinable con políticas de crecimiento económico para generar expectativas de futuro entre la población.

Cristalizar una política integral necesita de todos. La sociedad lo demanda. ¿Cuándo se podrán de acuerdo los partidos y los políticos?

fjzentenob@hotmail.com