Leonor Sánchez Sánchez

Los inmuebles del Sindicado Mexicano de Electricistas, división Toluca, se encuentran intocados y hasta que no se resuelva el problema laboral que enfrentan continuarán como hasta ahora, en manos del gremio electricista y para uso de los trabajadores que representan.

Una unidad deportiva con canchas de futbol, basquetbol, frontón, zona de juegos infantiles y un salón de usos múltiples con estacionamiento en Zinacantepec y otra en Tenango del Valle; las instalaciones de oficinas y auditorio que se localizan en Pino Suárez 400 en Toluca; y el campo de futbol en San Pedro Zictepec, serían las propiedades que estarían en disputa entre electricistas, en caso de que no hubiera marcha atrás en el decreto presidencial por el cual liquida la fede-ración a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Sin embargo, para los agremiados, en estos momentos, lo apremiante es resolver su situación jurídico-laboral, y lograr la reinstalación, que es lo que da sentido a su movimiento, y por lo cual el próximo 11 de noviembre se sumarán en el Estado de México a la toma de instalaciones de la CLyFC.

El subsecretario general del SME, división Toluca, Gustavo Anaya Maya, confía en que "la ley se aplique sin torcerla", pues el hecho de que el viernes por la noche, la juez federal del Juzgado Primero de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo.

A partir de esa suspensión definitiva, cualquier liquidación es nula "si la Junta federal no se abstiene de aprobar los convenios de liquidación de los trabajadores y, por el contrario, les brinda su aval y aprueba alguno de ellos, estará violando esta suspensión, lo que es motivo suficiente para fincar responsabilidades penales a la autoridad laboral".

Aunque la determinación de la juez no permite anular el decreto presidencial, da pauta para que esperen una resolución favorable de la defensa que hacen para que permanezca la CLyFC, y puedan exigir la reinstalación de su trabajo y el pago de salarios caídos.

Anaya Maya rechazó que sea cierto el porcentaje que ahora elevan a 50 por ciento, de quienes se han acogido a la indemnización planteada por el gobierno federal, ya que aseveró que es cierto que muchos han acudido a las oficinas para preguntar y saber el monto de la liquidación, sin embargo, la desolación y desencanto se presenta, pues a compañeros de más de 10 años de trabajo, el total que les podrían entregar es de menos de 140 mil pesos, y es entonces cuando desisten de renunciar a sus derechos, y nuevamente se suman a la lucha que mantiene el SME.(a)