Arturo Gómez / El Sol de México

Ciudad de México.- Líderes sindicales, académicos e investigadores advirtieron del riesgo de que la fracción del PAN utilice su mayoría en el Congreso para impulsar una reforma laboral regresiva de los derechos laborales, maquillada de benefactora en generación de empleos, pero que permitiría mayor beligerancia de los patrones para establecer condiciones de contratación y monto salarial.

Agustín Rodríguez Fuentes, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y Max Ortega, doctor en ciencia política y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, precisaron que aunque la fracción panista en el Senado no incluyó en su agenda legislativa la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ésta podría presentarse mediante una iniciativa que envíe el Ejecutivo federal.

Asentaron que el intento fast track de reforma a la ley ya lo anticipó el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al calificarla insistentemente de obsoleta, que inhibe la generación de empleo y la competitividad de las empresas, cuando en México se tiene ya uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y, de cada diez empleos que se generan, sólo tres tienen el beneficio de un contrato y prestaciones sociales y económicas.

Alfonso Bouzas Ortiz, experto en temas laborales del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAM, adelantó que la reforma laboral que intentará impulsar Acción Nacional pretende rescatar las propuestas más retrógradas de la "Iniciativa Abascal" presentada en diciembre de 2002 y que, de aprobarse, significará severos retrocesos en certidumbre laboral, pago de prestaciones y representación sindical.

El catedrático estableció que aun sin haber reformado la ley laboral, parte importante de la Iniciativa Abascal ya se aplica en muchas empresas, con el pretexto de aumentar la competitividad y generar empleos de calidad "que sólo existen en las cifras macroeconómicas".

Apuntó que ejemplo de esa flexibilización laboral, muy a modo de la "Ley Abascal", son los paros técnicos, jornada laboral discontinua, contratación temporal y cancelación de prestaciones que está imponiendo la patronal con el aval gubernamental, utilizando como pretexto la defensa del empleo.

Por su parte, Ángel Calderón, especialista en economía laboral del Colegio de México, sostuvo que la reforma pretende formalizar una legislación paralela con la que ya operan muchas empresas, que a discreción contratan y despiden personal, sin respeto a las normas laborales y en lo que mucho tiene que ver la complicidad de líderes sindicales venales como eficientes administradores de los contratos de protección que el Gobierno federal tiene detectados pero que tolera y en muchos casos defiende.

El investigador señaló que aunque se le califique de anacrónica o excesiva en normas y reglamentos, "lo cierto es que la Ley Federal del Trabajo está plagada de buenos deseos, porque en la práctica no se cumple y aún así la patronal desea imponer mayor flexibilidad laboral que contrarreste su escasa competitividad".

Rodríguez Fuentes y el investigador Bouzas señalan que la iniciativa por parte del Ejecutivo federal podría presentarse en cualquier momento, aprovechando la mayoría panista en el Congreso, que se podría perder luego de las elecciones federales de julio y que complicaría impulsar la propuesta patronal basada en la "Iniciativa Abascal".

Carlos Aceves del Olmo, senador y dirigente de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal perteneciente a la CTM, dijo que debatir una reforma laboral en momentos en que se enfrenta un creciente desempleo, sería totalmente contraría a los intereses de los trabajadores, por lo que primero deberá implementarse una política activa de empleo y de rescate salarial "que son factores que, por igual, tienen mucho que ver con la ansiada competitividad".

LA INICIATIVA ABASCAL

Entre los puntos relevantes de la iniciativa de reforma a la ley, impulsada por el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social y exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Abascal Carranza, para "modernizar las relaciones laborales", destaca el condicionamiento del derecho a huelga, legitimación de la contratación temporal, cancelación de prestaciones que afecten la competitividad de las empresas y pago de salarios conforme a la productividad en una escala que delineará cada comité de empresa.

Pero por si eso no fuera poco, tal iniciativa -surgida de la Mesa Central de Discusión instalada en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que la representación patronal fue la mayoría- incluye también el despido justificado sin indemnización por razones de producción, libertad absoluta del patrón o empleador de organizar el trabajo y jornada laboral discontinua conforme a los requerimientos de producción.

Además, el pago de aguinaldo, prestaciones económicas y reparto de utilidades quedará a consideración de la empresa según sus condiciones económicas, en el entendido de que la nueva legislación tiende a desregular para atraer más inversión, como condición primordial para generar empleos suficientes.

La iniciativa, que no prosperó pero está guardada en comisiones junto con otras 263 presentadas en los últimos once años, ataca por igual el derecho a la libre asociación sindical, al exigir nombres y direcciones de quienes intenten formar un nuevo sindicato, o que éste sea sustituido por un Comité de Empresa.

MALSANA Y DEMONÍACA

El abogado laborista Jesús Campos Linas afirmó que la reforma que pretende la fracción panista es malsana y demoníaca, porque se presenta como solución al desempleo, que es lo que más preocupa a la población, pero nada ofrece en salario remunerador, mejoría de prestaciones sociales o certidumbre en la contratación.

Por el contrario, se da mayor beligerancia a la patronal para que, a su antojo y sin ningún impedimento legal, pueda despedir al trabajador o le imponga jornadas laborales discontinuas e intensivas en aras de la productividad.

"Lo que se intenta con esta apresurada reforma es beneficiar más a los patrones, que ya no tendrán impedimento alguno para remover, despedir o aumentar discrecionalmente las cargas de trabajo a su plantilla laboral", advirtió.

Campos Linas enfatizó que las organizaciones sindicales democráticas deben estar atentas para impedir que prospere esa perniciosa propuesta jurídica-laboral destinada a atender los condicionamientos de las empresas trasnacionales, "porque ceder más terreno a la patronal significará la aceptación tácita de morir de hambre por el magro salario y el creciente desempleo que el inquilino de Los Pinos no ha podido resolver".