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  Con cierta frecuencia en nuestro país se suscita la polémica acerca de la diferencia que existe entre los llamados derechos humanos y las garantías individuales. En realidad resulta ser una discusión estéril, ya que en la teoría constitucional, todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son garantías, es decir, los derechos consagrados en los primeros 29 artículos de la carta magna son considerados garantías individuales, aunque cabe señalar que existen también en el cuerpo constitucional muchos otros derechos que aunque son fundamentales y por supuesto derechos humanos, no son considerados garantías individuales. En el caso de los que sí son garantías existe la figura jurídica del juicio de amparo para hacerlos valer.

No debemos perder de vista que fue el Congreso Constituyente de 1857 el que logró que por primera vez en un documento constitucional mexicano se colocara dentro del Título Primero, capítulo primero, un amplio catálogo de derechos, que en aquel entonces se le llamó "Derechos del Hombre", entendiendo por éstos las mínimas atribuciones reconocidas por el Estado mexicano a todo individuo que se encontrara en territorio nacional.

Años más tarde, la Asamblea de Querétaro tomó por completo este catálogo, siendo promulgado por don Venustiano Carranza dentro del nuevo ordenamiento constitucional el 5 de febrero de 1917.

Afortunadamente esa serie de derechos-garantías sigue siendo plenamente vigente 93 años después, incluso se ha ampliado y fortalecido en beneficio no sólo de los mexicanos, sino de todas aquellas personas que habitan o sólo transitan por territorio nacional.

Hablar de los derechos que son inherentes al ser humano y que se adquieren por el sólo hecho de nacer como tal es hablar de un tópico tan antiguo como la misma naturaleza humana, aunque su estudio y regulación sean recientes. Es decir, fue hasta 1789 cuando los franceses elaboraron el primer documento donde se plasmó los derechos que deben de reconocerse a todo ser humano. Incluso, podemos destacar que ni el Constituyente de Filadelfia de ese mismo año logró incorporar en la Constitución estadunidense un catálogo de derechos del hombre, sino que fue hasta 1791 cuando se realizaron 10 enmiendas para hacerlo.

Desde esa época y hasta el día de hoy se ha avanzado mucho en esta importante materia, por lo que ya se habla de varias generaciones de derechos humanos. Los de primera generación son catalogados como todos aquellos que son individuales, tales como la libertad de prensa, de tránsito y de culto. Los de segunda generación son los considerados como derechos sociales, por ejemplo, la libertad de agruparse en la defensa de los derechos laborales, y más recientemente se consideran los de tercera generación a todos los que procuran el respeto al medio ambiente, entre otros.

Aunque mucho se ha estudiado sobre esta materia, evidentemente aún falta mucho por lograrse. No hay que perder de vista que las normas jurídicas dan derechos pero también otorgan obligaciones. La vida en sociedad no podrá entenderse sin esa correlatividad de derechos y obligaciones.

Con cierta frecuencia, legisladores federales y locales pretenden incorporar en los códigos fundamentales más atributos al individuo, como podría ser la propuesta que ha estado latente en el Congreso de la Unión para incluir en el artículo 4 constitucional el derecho a la vida. Hay muchas otras propuestas que seguramente en algún momento del devenir histórico serán ley suprema de la federación, aunque por el momento sólo sean derechos humanos y no garantías constitucionales.

Lo que es indudable es que en todas partes del mundo, pero particularmente en nuestro país, la cultura de los derechos humanos se ha ido fortaleciendo con los años, principalmente porque el esfuerzo de la sociedad civil por crear una toma de conciencia sobre su importancia y necesaria observancia.

Todos recordamos que al inicio de la década de los años 90, el constitucionalista mexicano Jorge Carpizo logró la creación del llamado ombudsman mexicano, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia en un principio del Gobierno federal comisionada a la protección de cada uno de los derechos humanos. Tiempo después el artículo 102, apartado b, de la carta de 1917, consagró a esta importante institución jurídica-política como un órgano constitucionalmente autónomo.

Así fue que por mandato constitucional surgieron las comisiones de derechos en cada una de las 32 entidades de la República, buscando desde el ámbito de su competencia el respeto a la dignidad humana. Y hay ejemplos palpables de que las más de las veces estas instancias de los gobiernos locales han realizado un papel encomiable en beneficio de los habitantes de cada estado y del Distrito Federal. Nada menos, hace unos días el gobernador Enrique Peña Nieto asistió a la conmemoración del 17 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para festejar, gobierno y sociedad, que durante este lapso de tiempo esta instancia ha cumplido a cabalidad con la encomienda otorgada por la sociedad mexiquense.

Enrique Peña Nieto, en el marco de la celebración de este aniversario más de la CNDHEM, afirmó que "no habrá derechos efectivos sin obligaciones correlativas", dualidad que "permitirá alcanzar la plena vigencia de los derechos fundamentales".

Peña Nieto, que está en su cuarto año de gobierno, ha tenido como característica de acción una vocación irrenunciable por el diálogo y el convencimiento, no sólo entre los poderes estatales, sino con la misma sociedad. Aunque pareciera prácticamente imposible, en la entidad más poblada de la República, la constante durante la actual administración mexiquense ha sido el respeto a los derechos humanos, y no porque lo diga yo, sino que así lo señalan las diferentes encuestas que en la materia se han publicado en los diversos medios de comunicación.

A esta conmemoración asistió el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, quien manifestó que "los derechos humanos avanzan en el Estado de México" porque dijo "es la primera entidad del país que manifiesta plenamente su compromiso con la observancia y la defensa de los derechos humanos".

Aunque para muchos gobernantes, el ejercicio del poder público en muchos casos choca con el respeto a los derechos humanos, la verdad es que en el Gobierno del Estado de México se ha podido combinar acción de gobierno con respeto a los derechos fundamentales de los mexiquenses. Ojalá todos, a lo largo y ancho del país, tratemos de que esto sea la norma inexorable que se dé permanentemente.

camachovargas@prodigy.net.mx