Tlaxcala
Persiste machismo en las instituciones
Hoy, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
El Sol de Tlaxcala
25 de noviembre de 2009

Guadalupe de la Luz

Tlaxcala, Tlaxcala. En 1998 comenzó el "calvario" de Araceli N., víctima, además, de violencia institucional. Ninguno de los juzgados recorridos le ha hecho justicia. A la fecha, sigue firme para exigir, por la vía legal, que el padre de sus dos hijos cumpla y aumente la pensión alimentaria a la que está obligado.

Ahora, como cada mes, aguarda turno para recibir un importe que, hasta hace año y medio, era de 600 pesos; hoy es de mil 200. "Una raquítica cantidad que -dice- tengo que venir a limosnear".

Han transcurrido casi tres horas, ya sabe que puede esperar otra más para que le entreguen su recibo, si bien le va, si no tendrá que regresar otro día. Del juzgado saldrá prácticamente corriendo al banco para canjearlo.

Hace 11 años, previa solicitud ante la autoridad, dejó su domicilio conyugal. Desde entonces, el trámite engorroso le ha sido "todo un pesar". Cansada de esta situación, lamenta: "En términos judiciales, el apoyo para la mujer, no lo hay".

A lo largo de más de una década, ha visto casi de todo en los juzgados de lo civil. Su caso inició en el de Chiautempan, pero ante las recusas promovidas por su cónyuge, lo trasladaron a otros. Solamente le falta llegar al de Calpulalpan; actualmente se encuentra en el de Zacatelco. Pero ya está advertida que si el procedimiento se agota en Tlaxcala, este asunto será turnado a Puebla.

Autoridades "insensibles", vacíos legales y corrupción en la impartición de justicia, tienen "atorado" su expediente. "He sido testiga de que en el saludo las personas dejan el dinero a las secretarias para obtener copia de documentos. Comprobé como mi aún esposo, hizo lo mismo con un juez para retardar el desahogo".

Excusas para atrasar la sentencia no faltan: cambio de juez, de secretario de acuerdos o hasta de secretarías. Siete abogados no han logrado un fallo a favor, ni siquiera la instrucción para investigar y demostrar que el demandado percibe -asegura- un salario "más que bueno". Al contrario, la indagada resultó ser ella.

"Yo creo que las autoridades del Poder Judicial de Tlaxcala ni siquiera saben lo que es impartir justicia ni lo que dice el artículo primero de la Constitución. Estamos en la indefensión, pues las leyes no son como se dice", expresa.

Molesta, denuncia que ni los abogados ni los jueces hacen su trabajo, y anticipa que si su caso es remitido a Puebla, tendrá que desistir porque sus gastos para la realización de trámites aumentarían considerablemente.

"Aquí -señala-, la atención es deficiente y con mal trato. No encuentran expedientes, nunca explican el mecanismo a seguir, nos regañan o faltan firmas. Es un martirio, es denigrante. Se pierde tiempo y dinero. Creo que en este juicio he gastado más de lo que mis hijos reciben como pensión, pero también tengo necesidad porque mi sueldo es mucho más bajo que el de su padre".

"No hay defensa total para la mujer -reclama con enfado-. Sólo Pído que las leyes sean justas y las autoridades más sensibles".

Con casos como este, en Tlaxcala será conmemorado un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y con la imperante necesidad de armonizar la legislación a favor de este género, de la capacitación y sensibilización a servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia y de la aplicación de criterios internacionales en materia de derechos humanos de mujeres en sentencias judiciales que se dicten.

Un problema de raiz: Observatorio local

Resultados de una encuesta efectuada por el "Observatorio de Violencia Social y de Género", en diversos municipios de la entidad entre 17 servidores públicos (tres presidentes municipales, cuatro directores de DIF, tres jueces, tres directores de Seguridad y cuatro integrantes de la policía municipal) ponen en evidencia la forma en que la violencia machista persiste en este ámbito.

Seis entrevistados afirmaron que existe violencia institucional hacia las mujeres porque los jefes suelen ser machistas y otros seis refirieron que por falta de valores; dos, porque los hombres son los que deciden las normas, y uno, por desconocimiento de sanciones.

A la pregunta de "por qué los funcionarios de otros municipios, con cargo parecido al suyo respetan y obedecen las leyes y normas que benefician a las mujeres", dos señalaron que por temor a la autoridad y para evitar castigos; nueve, por cumplir la ley; tres para no ser mal vistos o por sentimientos de culpas; dos porque es un deber respetar los derechos de los demás, y uno por responsabilidad profesional.

Asimismo, ocho admitieron que el factor que genera mayor resistencia para elaborar políticas públicas que prevengan, atiendan, sancionen o erradiquen la violencia familiar y de género, son las creencias y cultura machista; seis dijeron que la falta de interés para destinar presupuesto; uno lo atribuyó al desconocimiento jurídico y administrativo y dos señalaron que "no es rentable políticamente".

Desde el año 2008 a la fecha la discriminación de género en la administración pública municipal ha disminuido, según ocho de los encuestados; siete señalaron que sigue igual, uno anotó que sí creció y otro no respondió.

Acerca de las penas establecidas para los actos de violencia familiar, de género y de trata de personas, seis mencionaron que son "fuertes"; cuatro mencionaron que son débiles; tres indicaron que "muy fuertes"; para tres no son lo uno ni lo otro.

Por otro lado, nueve respondieron que han recibido capacitación en atención a mujeres, el resto contestó que no. Además, 12 tienen la responsabilidad de prestar asistencia a este sector con antigüedad de entre seis meses y un año; solamente uno lleva un tiempo de tres a cuatro años.

Este cuestionario muestra que de cinco a 10 servidores públicos por cada municipio, atienden a mujeres que padecen violencia, sea familiar, laboral, docente, sexual, comunitaria, institucional o feminicida.

En cuanto a la Ley que Garantiza a Mujeres el Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala (LGAMAVLVET) ocho respondieron que sanciona en buena medida, seis que con dificultad y dos que totalmente, pero uno dejó sin contestar la pregunta.

Nada más dos entrevistados opinaron que esta normatividad favorece la atención, prevención y sanción de conductas violentas y, en la misma proporción, consideraron que garantiza totalmente la salud mental de las mujeres, pero siete afirmaron que el solo hecho de su existencia no asegura su aplicación.

De las demandas de apoyo solicitadas por una mujer víctima de violencia, nada más dos contestaron que se arreglan por "referencia a normas, procedimientos y definiciones formales de autoridad y responsabilidad".

Sobre los principales conflictos externos que se presentan al tratar de garantizar la no violencia, ocho respondieron que no se han enfrentado a ninguno y nueve sostuvieron que sí, debido a falta de atención ante las diferentes instituciones, como el DIF y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Respecto del conocimiento de sanciones y penas por incumplir, establecidas en la LGAMVLVET, 14 aceptaron que las desconocen, el resto sí tiene referencias. 12 reconocieron que la cultura machista persiste mucho en la del servicio público y cinco dijeron que en poca medida.

Es violencia contra la mujer problemilla visible, pero no tan grave: Procurador

De enero a agosto del presente año, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) registró 127 denuncias de agresiones hacia mujeres. De esos, 102 habían sido consignados, cinco fueron resueltos por conciliación y 20 se encontraban en vía de trámite.

La violencia contra este género es un "problemilla" que se nos hace visible, pero no tan grave, aunque sí preocupante, como cualquier otro de carácter delictivo, aseveró el procurador general de Justicia, Pedro Flores Vázquez.

Por eso, puntualizó que con base en esas estadísticas el rezago en la resolución de las investigaciones "no es significativo. Ahí vamos sacando el asunto". Sin embargo, el funcionario anotó que la PGJE tiene que poner "mucha atención" a esta situación.

"Las instituciones nos piden la protección a la mujer, como el DIF, que es a donde van a parar todos los asuntos de mujeres maltratadas, violadas... estamos poniendo mucho énfasis porque sí es un problemilla que se nos hace visible", señaló.

-¿Es grave?

-"Yo creo que no tanto, lo que pasa es que se le da énfasis porque la gente va y a el DIF, usted sabe, está la parte del gobierno que tiene este tipo de protección".

Pero refirió que cifras locales y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Tlaxcala se ubica por abajo de la media nacional, que es del 43.2 por ciento, pues -dijo- "nosotros estamos en un 40.6 por ciento, pero aún así tenemos este problemilla".

-Si no es grave, ¿es preocupante?

-"Yo creo que sí, para nosotros cualquier delito que se cometa en agravio de la sociedad lo consideramos como preocupante, qué bueno que tuviéramos una sociedad sin problemas". De hecho, Flores Vázquez precisó que los casos pendientes son resultado de la falta de seguimiento por parte de las denunciantes, pues ya no regresan y abandonan estos asuntos, por lo que la Procuraduría "ya no puede hacer nada" o, en algunas ocasiones, las afectadas no presentan testigos o elementos solicitados por el Ministerio Público.

"La principal causa de denuncia son las lesiones, pues las mujeres son presionadas mediante golpes; luego le siguen las injurias y amenazas y el incumplimiento de la pensión alimentaria, por la irresponsabilidad de la pareja", citó el procurador.

Aun cuando este tipo de agresiones no aparece clasificada por porcentajes, el funcionario reafirmó que la de mayor incidencia es la violencia física, la cual es más fácil consignar porque hay inculpados señalados directamente.

Flores Vázquez anotó que los casos de violación "son esporádicos", al igual que los homicidios dolosos, pues -respondió- "son muy aislados", pero se cuantifican dentro del global de delitos registrados en el estado, a diferencia de Chihuahua, donde sí están catalogados como ilícitos contra la mujer.

Tlaxcala, desde la perspectiva nacional

La Actualización del Capítulo 5 del diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, realizado por la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), reconoce como un avance fundamental, en el ámbito legislativo, la ampliación del debate sobre la violencia familiar a todas las formas de agresión contra las mujeres.

Cita como ejemplo la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que incluye las modalidades de violencia sexual, institucional y en la comunidad; familiar y feminicida.

Asimismo, destaca la expedición de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que constituyó el primer paso para el combate efectivo e integral de este delito y, a la vez, ello derivó en que diversos estados, entre esos Tlaxcala, lo tipificaran como grave en sus Códigos Penales.

También muestra que, junto con otros seis, el estado eliminó de la legislación local el delito de rapto y revela que en Tlaxcala persisten criterios discriminatorios atenuantes para ilícitos contra la vida y la integridad, como es la emoción violenta, pues no se contemplan para el caso de homicidio ni para el de lesiones.

Si bien ubica a Tlaxcala dentro de las entidades que en 2007 tenían cuando menos un refugio para mujeres en situación de violencia extrema. Por otro lado, no la sitúa entre las que reconocen expresamente la violación entre cónyuges como un delito, ni de las que han incluido la anticoncepción de emergencia o han establecido procedimientos específicos para la interrupción del embarazo.

Mucho menos la coloca entre las que han instaurado la gratuidad de servicios para realizar esta práctica en hospitales públicos, aún cuando este diagnóstico de la OACNUDH concluye que el reconocimiento de estas garantías es, en algunos estados, un avance importante de los derechos humanos de las mujeres en los últimos años.

Las recomendaciones

A través de este documento, la OACNUDH México propuso que, sin excepción alguna, deben agravarse en todo el país las penas por homicidio, lesiones y agresiones a la sexualidad si suceden en relaciones familiares.

Además, homologar las definiciones relacionadas con las distintas formas de violencia contra la mujer en la legislación de las distintas entidades de la República mexicana y actualizarla de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de lograr una armonización.

La OACNUDH reafirma que investigaciones han mostrado que en México falta un sistema coordinado y desagregado por sexo sobre los homicidios contra mujeres, su denuncia, investigación y proceso judicial.

Propone capacitación al personal del Poder Judicial, de las Procuradurías de Justicia, de los cuerpos de Seguridad Pública, defensores de oficio y todos los servidores públicos involucrados, sobre la forma de tratar a víctimas de violencia sexual.

Continuar esta formación en el ámbito de procuración e impartición de justicia y ampliarla a magistrados de Distrito. Asimismo, aplicar criterios internacionales en materia de derechos humanos de mujeres en sentencias judiciales que se dicten en todo el país.

Incumplimiento a tratados internacionales

Por otro lado, un análisis Jurimétrico Prospectivo del Impacto de las Políticas Públicas en Materia de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres (Borrador, reporte, noviembre 14, 2008) indica que en el caso de homicidio, es agravado en los Códigos Penales de 27 estados y en el Federal, cuando se comete contra la cónyuge; en cinco cuando es contra la pareja y solo en cuatro señala expresamente "por motivos de género" o cuando la víctima sea mujer.

Solamente en el estado de Puebla se considera a las lesiones como calificadas cuando la mujer está embarazada. Mientras que el incumplimiento a la pensión alimentaria, en materia de violencia económica, es el tipo penal más extendido pues lo sancionan 27 estados, entre ellos, Tlaxcala.

También, enumera como delitos contra el sexo femenino a la violencia física y psicológica, al homicidio y lesiones por infidelidad conyugal; al adulterio, al peligro de contagio, a la violencia familiar; a la inseminación artificial indebida; a la privación ilegal de la libertad con propósitos sexuales, al rapto, al abuso y violencia sexual y social.

Este análisis a los Códigos Penales de las entidades del país resalta que la legislación mexicana "no contempla elementos establecidos en las convenciones internacionales que sirven para la protección de los derechos de las mujeres" y que la normatividad penal "no es homogénea", además, advierte problemas sistémicos que generan una deficiente o inexistente regulación.