Tlaxcala
Modifican propuesta de ley para prevenir la trata de personas
Dieron lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de Tlaxcala
El Sol de Tlaxcala
25 de noviembre de 2009

Guadalupe de la Luz

Tlaxcala, Tlaxcala. Con modificaciones a la propuesta original del Poder Ejecutivo, coordinadores de grupos parlamentarios y representantes de partidos presentaron ayer la iniciativa de ley para la prevención de la trata de personas, y, por separado, plantearon la reforma al Código Penal para incrementar la penalidad hasta con 40 años de cárcel a quien cometa este delito. Pero dejaron pendiente su votación.

Esta problemática es considerada a nivel mundial como una modalidad contemporánea de esclavitud. Entraña una violencia extrema contra mujeres, niñas y niños que vulnera sus derechos fundamentales y flagela a la sociedad en su conjunto. Se realiza mediante el abuso, el engaño, el secuestro y la degradación de la condición humana, colocando a la persona como una mercancía, expusieron los diputados.

El proyecto de iniciativa de la Ley para la Prevención de la Trata de Personas "busca integrar y hacer suyo lo mejor de la normatividad internacional y capitalizar la experiencia nacional y estatal que garantice un marco normativo, en beneficio de las víctimas de este grave delito".

De esta forma, el Congreso pretende establecer bases para prevenir, además de una estrategia institucional de protección a las víctimas, a fin de hacer posible una atención digna que incluya asistencia médica, psicológica, legal y material, así como la necesaria reparación del daño.

De ser aprobado, este marco jurídico estatal permitirá investigar y combatir el problema, ya que -según los legisladores- se encuentra soportado en la convicción social de que este delito afecta a menores de edad y mujeres, principalmente. Por eso, el título primero está dedicado al objeto de la misma, a las definiciones y los principios rectores.

En este proyecto se plantea la creación de un consejo estatal contra la trata de personas, cuya función será la de articular acciones a favor de la prevención y atención a las víctimas. Deberá instalarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la ley.

También estipula que los principios rectores tendrán que ser observados por toda persona que pertenezca al servicio público estatal y municipal al momento de atender a una víctima de trata, mismos que el Protocolo Internacional insiste en que deben ser incorporados en la legislación de cada estado.

Por otro lado, precisa que las autoridades municipales estarán facultadas para participar en acciones de prevención y coordinación con organizaciones de la sociedad civil para construir una cultura contra la trata de personas y de respeto a la dignidad e integridad de las mismas.

"El compromiso del Estado de erradicar la trata de personas en su territorio se ve reflejado con la puesta en marcha de la estrategia estatal para prevenir la trata de personas y atención a las víctimas, comprendida en el título cuarto de esta iniciativa, que busca sumar esfuerzos con la sociedad para lograrlo", expusieron.

En este proyecto se propone la necesaria y urgente atención integral a personas afectadas; protección a su vida, integridad física y emocional y a su seguridad, incluida la afectación a su desarrollo físico y psicológico.

En caso de menores de edad, sugiere poner especial atención en su calidad y tomar en cuenta su estado de mayor vulnerabilidad; por lo que se plantean medidas adicionales para su asistencia. Se instauran diversas medidas de protección, que deberán ponerse en práctica y favorecer a toda víctima, de tal forma que protejan sus datos personales.

Ante la constante demanda de la sociedad para atender y resolver esta problemática, los diputados consideraron que se debe promover la participación ciudadana y propiciar la denuncia de conductas antisociales; así como apoyar y proteger a organizaciones sociales que brindan servicios a quienes son perjudicados.

Remarcaron que las diferentes modalidades de la trata de personas son conductas que se pueden llevar a cabo en otras entidades del país; por lo que la colaboración entre las autoridades que previenen e investigan este delito es fundamental, de ahí la importancia de facultar a los servidores públicos para que participen en investigaciones y acciones de prevención.

Asimismo, propusieron la creación de un fondo de apoyo, proveniente de las multas que se impongan como sanción por la comisión de este delito, que se aplicará en la operación de refugios, centros de atención psicológica y médica y de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que proporcionen estos servicios.

Este diario tuvo conocimiento de que los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso acordaron enlistar la iniciativa del mandatario estatal en al sesión de ayer, pero observaron que en dicha ley no podrían incluirse sanciones; de ahí que sugirieron establecer el castigo en el Código Penal del Estado.

Por esta razón, el proyecto fue presentado como propuesta de las fracciones parlamentarias y, al mismo tiempo, la mesa directiva dio entrada oficial a la iniciativa del gobernador Héctor Ortiz Ortiz. Se prevé que este miércoles, en sesión extraordinaria, será aprobada con los cambios correspondientes.

Por ello, en otra iniciativa, los legisladores plantearon la reforma a los artículos 170, 171, 172 y 173 del Código Penal para establecer que "comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, transporte, aloje, entregue o reciba, para sí o para un tercero a una persona, con fines de explotación carnal, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes". Las sanciones van desde los 4 hasta los 40 años de prisión y de cien hasta seis mil días de salario.

Asimismo, sugirieron la modificación al Código de Procedimientos Penales, a efecto de instaurar a la trata de personas como un delito grave y su tentativa.

"Que atienda necesidades de víctimas, no del Gobierno": Organización

Sobre este tema, el Centro "Fray Julián Garcés", Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., demandó que esta iniciativa de Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas (denominada así por el Poder Ejecutivo) "se estudie y entienda con toda la profundidad necesaria por parte de las y los integrantes del Congreso, y, en su caso, se discuta y adecue conforme a las necesidades de las víctimas del delito y sus familias, y no a las del Gobierno del Estado".

Asimismo, insistieron en que se debe contemplar prioritariamente la atención a víctimas; que no se condicione la presentación de denuncia, que se garantice la asistencia jurídica y capacitar a servidores públicos y personal encargado de asistir a víctimas, entre otras cosas.