Moisés Morales

Tlaxcala, Tlaxcala.- Aun cuando ya fue concluido el análisis de elegibilidad de la terna enviada por el gobernador Héctor Ortiz Ortiz al Congreso local para designar al nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los diputados que integran la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) siguen sin acordar la fecha del examen de oposición al que serán sometidos Raúl Cuevas, Cesáreo Santamaría y Pedro Flores.

 Tras declararse un receso de la reunión privada que los integrantes de la JCCP sostuvieron la mañana de ayer, el legislador José Juan Temoltzin Durante señaló que los acuerdos para definir la fecha del examen y los nombres del jurado seguirán pendientes, pues será hasta la mañana del jueves cuando se retome esa reunión.

 Y es que reveló que una de las inconsistencias presentadas en esa reunión fue que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, que preside Edilberto Sánchez Delgadillo, no presentó copia del dictamen, ni aclaró algunas dudas a diputados sobre la trayectoria de los tres abogados propuestos, aunados a que otros legisladores alegaron que debían retirarse de la reunión por tener otros compromisos.

 "En mi caso yo conozco a los tres abogados, pero hay compañeros que desconocen esa información y por ello es necesario que la respectiva Comisión aclare sus dudas", aunque descartó que hasta ayer los integrantes de la JCCP devuelvan al mandatario su terna y le soliciten otra.

 Dijo que el examen de oposición no será un mero trámite, ya que los diputados de todas las fracciones coinciden en que la posición de Procurador requiere de mucha responsabilidad y conocimiento. Asimismo, comentó que las propuestas de las barras de abogados quedan desechadas ya que no tienen ninguna facultad para hacer ese tipo de pronunciamientos puesto que es única y exclusiva del mandatario local.

 A su vez, el legislador del Partido Socialista (PS), Roberto Núñez Baleón, confirmó que una vez concluido el análisis de la terna presentada por el jefe del Ejecutivo estatal, todos cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de la Institución del Ministerio Publico.