Baja California
El PRI exige la destitución del secretario de Seguridad Pública Daniel De La Rosa Anaya
El Sol de Tijuana
18 de septiembre de 2008

Mexicali, Baja California.- El presidente del Comité Estatal del PRI, Samuel Ramos Flores, afirmó que las destituciones de los funcionarios intermedios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como posibles responsables de la represión a los internos amotinados en la Penitenciaría de Tijuana donde resultaron más de 20 muertos, no satisfacen a la ciudadanía; es una cortina de humo para conservar en su puesto al principal culpable; a Daniel de la Rosa Anaya, quien obtuvo la posición, no por capacidad, sino por ser hermano del presidente del Comité Estatal del PAN.

Agrego que es preocupante lo que sucedió en la Penitenciaría de Tijuana que puede convertirse en un efecto dominó en las demás Penitenciarías; de igual manera, criticó la excesiva fuerza represiva por parte de las autoridades que utilizaron balas contra las pedradas de los internos, reflejando incapacidad para superar el conflicto, pagándose en consecuencia el alto costo de varios internos muertos.

Ramos Flores señaló que los malos tratos, corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos han sido denunciados por los propios internos, sus familiares, la Procuraduría de Derechos Humanos, y un fraude de más de 55 millones de pesos en la alimentación de los internos de los penales también en su oportunidad por el general Sergio Aponte Polito, excomandante de la Segunda Región Militar y en consecuencia, vemos que se sigue protegiendo al actual secretario De la Rosa, de tal manera que en lugar de actuar el general fue cambiado de plaza.

Por su parte, el diputado Enrique Acosta Fregoso, dijo que por instrucciones del presidente del CDE del PRI, se presentará un posicionamiento al pleno de la Comisión Permanente, donde se rechaza lo que está pasando y se solicita al pleno del Congreso del Estado que se forme una comisión plural de diputados que vaya a los centros carcelarios del estado y verifiquen personalmente acompañados de los medios de comunicación las condiciones en que viven miles de reos en Baja California.

Tras señalar que el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel De la Rosa Anaya, no sólo debe ser destituido, sino consignado por omisión, Acosta Fregoso aseveró que mientras en la procuración de justicia en el estado siga imperando preferencias desde un punto de vista partidista, no se va a resolver adecuadamente, es muy claro -apuntó- el vinculo que existe entre el dirigente del PAN Andrés De la Rosa Anaya con su hermano, Daniel de la Rosa, quien es el responsable directo junto con el gobernador Guadalupe Osuna Millán, de la ineficiente seguridad pública en el estado.

Agregó que lo sucedido en el penal de Tijuana "demuestra la incapacidad del gobierno en el tema de la inseguridad y en el tema penitenciario en el estado que había sido hasta ayer un orgullo para los gobiernos panistas de Baja California, quienes expresaban que los centros carcelarios del estado no representaban escuelas del crimen, al contrario, llevaban un sentido eminentemente de rehabilitación de los internos. Sin embargo, ahora hemos visto que son mentiras que han fallado y existe responsabilidad directa del secretario de Seguridad Pública del estado".

Finalmente, enfatizó que "si el gobernador quiere demostrarle a los bajacalifornianos que en verdad tiene la mano dura en contra del crimen organizado, no se detendrá solamente en cortar el hilo por lo más delgado, está obligado a pedirle la renuncia al secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, quien no ha dado el ancho, ojalá que el PAN, o su hermano, como dirigente de su partido no lo proteja porque los bajacalifornianos no merecemos a este tipo de funcionarios".

A la conferencia de prensa celebrada en el salón presidentes del CDE del PRI, en esta capital, asistieron además los regidores Fidel González, Martha Palacios, José Malaquías, Juan Carlos Fierro y Jesús Gómez Torres, así como Nancy Sánchez Arredondo, presidenta del CDM del PRI, Lili Martínez Gil del OMPRI, y el secretario general adjunto del CDE, Roberto Martín del Campo.