Por Néstor Cruz

Tijuana, Baja California.- De acuerdo a la perspectiva del presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Víctor Herrero Otero, la detención que se llevó a cabo en el denominado "narcobautizo" fue realizada violando las garantías individuales de cada uno de los acusados; "al parecer el Ejército Mexicano está actuando a través de dimes y diretes, o por señalamientos -infundados- algunos y otros tantos si son con fundamento, pero todos a partir de la presunción por dichos", ratificó

Por tales declaraciones, para Herrero Otero la detención de los individuos fue violando las garantías individuales de todos, ya que es infundado, conforme a derecho, "llevarse a tantas personas" sin esclarecer hasta el momento los motivos por los cuales se les acusa, además de no llevar a cabo el debido procedimiento en su momento de la detención, acotó.

Referente a que se presume que nadie en el momento de la detención "llevaba armas de fuego", el abogado constitucionalista indicó que seria absurdo que en una fiesta que se supone "festejaban a un infante" se llevaran este tipo de armas o drogas, e incluso otro especimen de artículos delictivos.

Al parecer los 58 detenidos de la semana pasada que se enviaron a la ciudad de México, a pesar de no estar incomunicados, tienen el problema con los familiares de los mismos, ya que se encuentran hasta ¡el Distrito Federal!, generado una grave situación, porque es necesario, para ver a los arraigados, un traslado exhaustivo hasta el centro del país, ya que naturalmente ir hasta allá implica enormes gastos para cada familia.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas indicó que estos pronunciamientos son de acuerdo a lo que "debería de ser", aceptando que la condición real hasta estos momentos, para todos los pendientes del tema que se encuentran en Tijuana, está aún en ascuas.

Ojalá los arraigos pudieran darse en el lugar de la detención de los inculpados, argumentó, sin embargo, por la naturaleza de los presuntos delitos, la PGJE no tiene la suficiente capacidad de poder llevar a cabo el arraigo en el estado, lo que genera inconformidad y problemas para los familiares que se encuentran arraigados por el caso de la megadetención.



USTED DISCULPE



Finalmente, bajo el supuesto de que seguramente "varios de los arraigados saldrán al poco tiempo de decidir su situación jurídica" ya que muchos de ellos seguramente no tendrán nada que ver con el crimen organizado, Herrero Otero rechazó la actitud que muestran las autoridades en esos casos donde, después de llevar un proceso discriminatorio, salgan con un clásico "usted perdone".

Dada la anterior hipótesis se presentarían varios problemas para los exonerados, porque ¿cómo se regresarán a su lugar de origen a los que suelten? Además, refirió el abogado Constitucionalista, que todas las pérdidas que acarree esta injusta acción por parte de las autoridades, "nadie se hará responsable por las consecuencias civiles".

Donde seguramente los que no sean inculpados, aun así perderán el trabajo que tenían, además perderán su credibilidad o su honorabilidad, tanto de su persona como de la familia, en torno al medio donde se desenvuelvan y habiten, "me pregunto yo", dijo Herrero Otero ¿quién les paga eso a los que liberen?

Por otro lado, recalcó que el Estado "debe hacerse responsable de sus actos, tanto buenos como erróneos, "ahí debe aplicarse el artículo constitucional que hable sobre los castigos que deben caer sobre las autoridades que ejerzan alguna acción en perjuicio de particulares".

Aseguró que existe una responsabilidad directa del servidor público a cargo, el cual llevó a cabo esta serie de acciones. "Es inconcebible e inaceptable", que se pueda llegar a cualquier casa para arrestar a alguien, sólo por el hecho de que -les dijeron- "es amigo de algún supuesto delincuente; y ya nada más porque soy amigo de alguien, me van a detener y arraigar, echando por la borda toda la honorabilidad que tengo", dictaminó.

Litigando en pro de los derechos y garantías individuales de los ciudadanos no "defendiendo narcos o criminales", rectificó Herrero Otero; mismo que hizo estos señalamientos, ya que después de ser liberado, no se puede aceptar que regresen los inocentes a sus casas, donde sean señalados, e incluso, discriminados por la comunidad, y se rodee en un entorno de completa incertidumbre, donde "seguramente ya no tengan trabajo al volver, y será muy difícil obtener uno nuevo por culpa de la difamación que acaeció en los ciudadanos".

Para finalizar, Víctor Herrero aceptó que es necesario contar con una casa de arraigos aquí en la demarcación, cuestionando la capacidad actual con la que cuenta en materia de infraestructura la PGR en Baja California, siendo sólo "una oficinita", que depende completamente del centro del país, donde "el delegado no puede hacer más allá de lo que le ordenen sus superiores en las oficinas centrales", concluyó.