Por Ana luz Sánchez Aguirre

Tijuana, Baja California.- Cerca de 35 mil amparos a nivel nacional se han interpuesto en contra del Impuesto Especial de Tasa Única, por considerarlo excesivo, desproporcional e inequitativo, señaló el abogado fiscalista Pablo César Hernández González, quien además advirtió que el cobro que está realizando el gobierno del estado a las personas que residen a lo largo del Corredor Tijuana 2000, podría ser revertido ante la comprobación de la inconstitucionalidad de la Ley de Urbanización del estado.

Tras acudir como invitado al Grupo 21, dijo que luego de haber entrado en vigor el IETU, a partir del 1 de enero del presente año, es considerado por los empresarios como un impuesto excesivo, desproporcional e inequitativo, por lo que a la fecha a nivel nacional se han interpuesto cerca de 35 mil amparos.

Y dijo que se calcula que en año y medio serán resueltos el mismo número de casos, y se ve gran posibilidad de ganarlos, debido a que afectan a todos en la deducción de las pérdidas fiscales, nómina, inventarios y la devolución del impuesto al activo.

En el caso local, el abogado fiscalista destacó que la autoridad estatal ha iniciado el cobro de la plusvalía del Corredor Tijuana 2000, en el cual hay inconstitucionalidad e ilegalidad, "es por ello que se analiza este tipo de cuestiones sobre la Ley de Urbanización de la Ley de Baja California", citó.

Al respecto, explicó que son cobros que hace el gobierno a las personas que han sido beneficiadas con esta obra, es decir, a quienes viven por donde pasa el Corredor Tijuana 2000, "donde hay personas que van a pagar desde 35 a cien millones", por así decirlo.

Se trata de cantidades impagables que pueden hacer que el gobierno se quede con los terrenos, comentó el abogado tras manifestar que son alrededor de 50 asuntos de este tipo, "pero la tendencia del gobierno es continuar con este cobro".

Ante esta situación, dijo que se puede promover una demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley de Urbanización del estado, así como la promoción de juicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de considerarlo ilegal el procedimiento de estos créditos.

"El efecto de un amparo contra una ley es que se anulen los cobros de la esfera jurídica, ya que la sentencia se deriva de anticonstitucional y en caso de haber pagado, en base a la sentencia se podría recuperar el monto pagado por el concepto", concluyó.



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