por Néstor Cruz

Tijuana.- Para el presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Carlos Mejía, la movilización de los policías y exoficiales municipales, ministeriales y estatales que se manifestarán contra las detenciones ilegales y la tortura el próximo domingo, es una reacción a la incapacidad del gobierno de procesar a los culpables de la violencia y el crimen que se registra en el estado y se mostró a favor de este tipo de manifestaciones ocasionadas por la "cerrazón" del gobierno.

Apenas a inicio de esta semana, el abogado Israel Stabinsky anunció una marcha de policías a partir de las 10 horas del próximo domingo cinco de septiembre como un grito de "ya basta" a las detenciones arbitrarias en contra de los mismos uniformados y la tortura que, afirman, les infligieron.

Cuestionado al respecto, el presidente de los abogados constitucionalistas en Tijuana hizo una postura a favor del movimiento de policías y expolicías, y declaró:

"Yo creo que es una buena medida la que están tomando los policías y expolicías, de manifestarse en esa marcha el próximo domingo, yo pienso que ha habido muchas violaciones a las garantías individuales en muchos de los detenidos".

El jurista insistió en que "la forma en la que los policías fueron asegurados", donde en muchas ocasiones fue sin una orden de aprehensión, ha violado sus derechos fundamentales.

Además, dijo, varios han sido víctimas de arraigos por 40 u 80 días sin ningún tipo de elemento "de peso" para que las autoridades tengan los elementos suficientes para hacer las consignaciones, lo que a su entender "las autoridades han estado operando de forma contraria".

Carlos Mejía criticó la falta en el "trabajo de inteligencia" de las autoridades policíacas y muestra "una evidente falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno", lo que consideró ha generado que "ni los mismos policías que son encargados de dar seguridad a la población, estén seguros".

"El gobierno mismo ha tenido una cerrazón en aclarar ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de que se ha denunciado hechos de tortura por parte del teniente Julián Leyzaola, la propia Procuraduría de los Derechos Humanos presentó una recomendación y sin embargo no se ha visto una verdadera voluntad por parte del alcalde de la ciudad por lograr el esclarecimiento de esos hechos", lamentó.

Finalmente el presidente de los abogados constitucionalistas hizo un llamado al actual gobierno municipal para que "cree los puentes necesarios" para establecer una comunicación con la misma PDH, con los policías y con la misma sociedad, para "que queden debidamente esclarecidos estos hechos que hace 15 días denunció el procurador de los Derechos Humanos".