por Manuel Cordero

Tijuana.- Acusada de los delitos de uso de documentos falsos, usurpación de funciones, evasión de reos en grado de tentativa y contar con ocho sentencias falsificadas por un monto superior a los 3.5 millones de pesos, fue capturada la licenciada Maritza Amalia Muñoz Jaramillo.

A dicha fémina, de 33 años de edad, el día de ayer se le cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión obsequiadas por los titulares del Juzgado Primero y Octavo de lo Penal por los ilícitos antes descritos, pero también por delitos cometidos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública.

Las autoridades estatales comunicaron que el historial delictivo de la fémina se remonta al día 19 de julio del año 2007 en que se le inició un proceso penal, ya que el entonces delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio presentó una querella en su contra por los delitos de fraude, falsificación y uso de documentos falsos.

El más reciente que perpetró fue el 18 de septiembre pasado cuando Maritza Amalia se hizo pasar como actuaria del Juzgado Quinto de lo Penal y pretender liberar al recluso Daniel Varela Vega, actualmente procesado por el presunto delito de secuestro agravado.

La mujer se presentó a las instalaciones del Centro de Readaptación Social de la delegación La Mesa e indicar a las autoridades del reclusorio que tenía la encomienda de notificar la libertad del reo.

Para tal efecto presentó una boleta de libertad y un incidente de liberación "por desvanecimiento de datos" en contra del hampón, sin embargo, al detectar anomalías en los sellos y firmas en los documentos el subdirector de la Penitenciaría optó por comunicarse al juzgado de referencia.

Fue entonces que le notificaron que lo presentado por la abogada era apócrifo por lo que se negó la liberación del forajido y en el colmo de la osadía la fémina al día siguiente se presentó al penal ostentándose como la abogada particular de Varela Vega.

Pero en esta ocasión fue más allá al exigir la libertad de su cliente argumentando que el juez del Juzgado Quinto le había notificado su liberación, pero una vez más se le indicó que tal cuestión no sería posible por la falsificación de la documentación.

La "huizachera" licenciada se identificó con una credencial de elector que sirvió para que el personal del Cereso presentara en su contra la denuncia respectiva y mediante los dictámenes periciales en materia de grafoscopio se acreditó que firmas y sellos eran falsificados.

Además de efectuarse un dictamen del video del sistema de circuito cerrado de vigilancia con el que cuenta el penal, en el que aparece en el momento en que pretendió la evasión del procesado.

Durante las investigaciones que se efectuaron se encontró que la maquiavélica mujer cuenta con ocho sentencias judiciales de litigios de herencias que obtuvo en su provecho, mediante la falsificación de firmas y obtener un monto de tres millones 505 mil 300 pesos en bienes inmuebles.

Por los hechos antes descritos se le cumplimentó a Muñoz Jaramillo los mandatos judiciales que pesaban en su contra y recluida en la Penitenciaría del Estado a disposición de los jueces que la reclamaban.