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  Los tiempos actuales de la política mexicana son de disputa, de polarización, de enfrentamientos. Los dimes y diretes entre el Presidente y el jefe de Gobierno del Distrito Federal en varios temas no han podido frenarse. Y así se podría mencionar un sinnúmero de ejemplos más en los que las instituciones mexicanas han optado por el conflicto en lugar de la colaboración, por la descalificación y el denuesto en vez del acercamiento.

No obstante, ello es algo hasta cierto punto normal en una democracia. La democracia es cooperación, pero también es conflicto. Es cooperación porque, como lo señalaba Aristóteles; es una actividad humana orientada, mediante el uso de la palabra y la persuasión, a la deliberación común de aquello que afecta a todos; pero también, siguiendo a Maquiavelo, es un ámbito esencialmente conflictivo y transgresor. De ahí que uno de los principales problemas que busque solucionar la democracia liberal es hacer convivir armónicamente estas dos concepciones y establecer un marco de entendimiento del poder y la legitimidad que considere esta realidad.

Otra cosa debe decirse, sin embargo, en torno del cambio político. En este caso, el conflicto sí constituye una constante. Y la causa de ello es el hecho de que el cambio político implica siempre en el fondo un enfrentamiento entre diferentes visiones, entre distintos proyectos de país, entre diversas vías de progreso.

Sin embargo, aun en este caso es necesario distinguir claramente entre dos tipos fundamentales de conflicto: el conflicto fundado en los valores y el conflicto basado en los intereses. Entre ambos existe una diferencia de fondo.

Mientras el primero puede alcanzar un grado de violencia considerable muy difícil de apaciguar, el segundo puede ser contenido dentro de unas reglas mínimas que limiten sus efectos. Ello toda vez que, al no afectar convicciones muy profundas, los conflictos que genera son menos trascendentes.

Por esta razón, cuando las diferencias han llegado al terreno último de los valores de orden teleológico, sin el paliativo del valor compensatorio positivo de la tolerancia, los conflictos llegan a hacerse extremos. Al contrario, si se consigue introducir como valor generalmente aceptado el de la tolerancia y la aceptación de unas reglas del juego comunes, y se separan las reivindicaciones de su posible contexto ideológico (lo que no significa renunciar a él, sino sólo disociarlo), el conflicto se suaviza y admite cauces para su resolución por vías pacíficas. La importancia del papel del cambio conflictivo en las culturas políticas es tal que Max Weber definía al Estado en función del "monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un determinado territorio". Así entendida, la legitimidad del Estado y de sus instituciones deriva del simple hecho de que los miembros de la colectividad política reconocen que ésta es la solución más racional que les permite convivir en paz. De su eficacia deriva pues, su legitimidad política.

Tan importante es la regulación formal del conflicto y sobre todo de la violencia institucional, dentro de unos límites predefinidos y bajo la inspección de los Poderes públicos, que sin esa condición no se puede hablar de una sociedad estable.

Por ello en el Estado moderno la racionalidad jurídica se impone sobre la voluntad y la autoridad políticas, justificándose el uso de la violencia solamente para evitar la violencia incontrolada. Por esta razón también es necesario contar con unas instituciones suficientemente sólidas que posean capacidad coactiva, puesto que el Derecho, por sí solo, no es capaz de evitar los conflictos.

En definitiva, de lo que se trata es de restablecer o imponer el Derecho cuando es necesario, lo cual es finalmente un problema de estructura política. O, dicho de otro modo, la esencia de la política consiste en la regulación normativa e institucional de los conflictos.

De ahí que el cambio de un sistema político sólo pueda ser estable cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1) los canales institucionales para plantear las demandas son suficientes para encauzar las de carácter general y persistente; 2) cuando las estructuras y procedimientos para resolver los conflictos entre demandas opuestas y para formular y ejecutar políticas aceptables operan con eficacia; 3) cuando tales estructuras, procesos y políticas continúan siendo reconocidos como legítimos por las personas y colectividades que presentan las demandas.

Por el contrario, la inestabilidad surgirá cuando las demandas en conflicto no encajen en los canales de comunicación existentes. Cuando las estructuras y procesos institucionales para resolver los conflictos entre demandas y para formular e implementar políticas aceptables, hayan perdido su eficacia. O cuando importantes colectividades cuyos intereses han originado esas demandas, descubran que dichas estructuras y procesos han perdido toda su legitimidad.

En general, puede decirse que los cambios hacia una creciente eficacia y legitimidad, sobre todo cuando las demandas son crecientes, pueden considerarse como desarrollo; mientras que al cambio en sentido opuesto suele denominarse como deterioro, decadencia o involución. ¿En cuál extremo está México? Es sólo una pregunta.