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  Uno de los pocos temas en los que la clase política mexicana coincide es el hecho de que el país se aproxima peligrosamente a una parálisis institucional que puede poner en peligro a nuestra democracia.

Por todos lados se escuchan voces que claman por acuerdos que faciliten la gobernabilidad del país; y lamentablemente no han faltado quienes sugieran que es posible sacrificar la legalidad en aras de este objetivo. Sin embargo, estas personas soslayan que uno de los elementos primordiales de la gobernabilidad es precisamente el estado de derecho.

Conceptualmente, la gobernabilidad define el conjunto de condiciones que hacen posible la operación efectiva de un régimen político. Así entendida, ésta se genera con base en la legitimidad del régimen que provee de dignidad normativa a las formas de conducta práctica que indican al individuo por qué debe conducirse de una manera y no de otra, que dote de sentido racional a las explicaciones cotidianas de por qué las cosas ocurren conforme a determinados parámetros.

Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que hoy casi todos estamos de acuerdo en que es mejor elegir al próximo Presidente con votos que por la fuerza de las armas.

Desafortunadamente, a partir de la década de 1990, el concepto de gobernabilidad se ha transformado en "gobernación", es decir, en la manera como efectivamente se ejerce el gobierno (los métodos, instrumentos y estilos) y olvidado el aspecto simbólico y discursivo de la gobernabilidad. De ahí que no extrañen las voces que, con tal de mejorar la gestión pública, están dispuestas a sacrificar al estado de derecho para alcanzar acuerdos. Sin embargo, con ello parecen olvidar una de las enseñanzas más conocidas de Weber, que es la de que el papel del burócrata termina donde comienza el del político.

La opción entre legalidad o gobernabilidad es un falso dilema. No es posible sacrificar la legalidad en aras de la gobernabilidad y del consenso, ya que ello sería tanto como sacrificar a la democracia misma. La cultura de la legalidad es la única garantía para preservar el consenso.

Como ha hecho notar Laveaga, la salida del falso dilema entre gobernabilidad y legalidad se encuentra en la transformación de los valores políticos en valores jurídicos, porque sin una concepción del derecho (aunque ésta sea primitiva) es imposible concebir a un grupo humano cuya complejidad rebase la estructura familiar.

El consenso sobre los valores, en nuestro caso la tolerancia y el respeto a las reglas, es el elemento fundamental para construir un orden social estable.

Tiene razón Huntington cuando afirma que puede haber orden sin libertad, pero no libertad sin orden. Lo primero se ha comprobado durante el siglo XX, que fue el siglo de los totalitarismos; de lo segundo, México se está convirtiendo en un ejemplo triste. Sólo por medio de la expansión de la cultura de la legalidad, sobre todo entre la clase política, se podrá generar un acuerdo mínimo que funcione y que sustente a nuestra democracia.

La probabilidad de un nuevo gobierno dividido desde 2006 hace aún más urgente dicho acuerdo. México es una sociedad diversa, marcada por una distribución del ingreso insostenible. Se ha dicho incluso que es, a un tiempo, dos países y no sin razón. Por ello, las políticas y programas de gobierno deben ser plurales. No se puede gobernar para unos sí y para otros no. Todos estamos en el mismo barco. No se trata de compartir el poder, sino de atender sin filtros ideológicos las necesidades del país. De otro modo, los actos de violencia que cada día son más frecuentes en toda la República pueden agudizarse y generalizarse. Ya no se trata solamente de un problema de falta de acuerdo entre la clase política, sino de una ruptura profunda en las relaciones Estado-sociedad.

Para reconstruir la relación Estado-sociedad en México se requiere asumir responsabilidades y afianzar un consenso en la relación entre Poderes que permita repartir costos y generar incentivos parejos que aseguren el avance y la respuesta a las necesidades más sentidas de la población. El diseño institucional del Poder Legislativo no permite la formación de grupos parlamentarios con legisladores de diversos partidos y el régimen presidencial excluye naturalmente los gobiernos de coalición. Sin embargo, ello no es un obstáculo para que se formen acuerdos entre los grupos parlamentarios existentes.

El Gobierno federal y los partidos tienen el compromiso de establecer puntos de coincidencia y generar una agenda de prioridades en materia de reforma del Estado, elecciones, fortalecimiento de Poderes y medios de comunicación, que nos asegure la gobernabilidad con miras al 2012.

La idea de hacer a un lado al estado de derecho para construir acuerdos oscuros huele a orden sin libertad. Los buenos oficios de la política no deben soslayarse; sin embargo, ellos deben darse en el marco del orden jurídico. Este es el único sendero por el que puede transitar tranquilamente nuestra democracia y la construcción de un orden social legítimo y gobernable.

Lo demás es solamente un maquiavelismo ingenuo que no vale la pena siquiera intentar.