---

  NOMBRES: SYLVIA PAZ

"Que me den un solo nombre de alguien a quien yo haya ofrecido un cargo en la administración de la UAS; uno solo, nada más", exclama, molesta, la doctora Sylvia Paz Díaz Camacho.

Y es que una de las versiones más socorridas sobre el cambio en la decisión que dejó fuera de la rectoría a la ameritada investigadora universitaria, es que al rector Héctor Melesio Cuén Ojeda no le agradó que la excandidata hiciera compromisos de puestos administrativos con personas y grupos.

Se ha dicho con insistencia en medios universitarios que esa fue la causa principal del sorpresivo cambio que se dio en el nombramiento de rector, acto al que llegó Cuén Ojeda como factor determinante por el poder y el control que en su gestión adquirió sobre el Consejo Universitario.

La reacción de Sylvia Paz, ya lo vio usted, es pedir que le den un solo nombre de alguien a quien élla le haya prometido un cargo administrativo. Desmiente categóricamente esa imputación.

Afirma que si antes de la sesión del CU le hubieran avisado que no sería nombrada, de su parte no hubiera habido ningún problema. Lo hubiera aceptado sin objeción, porque sabe como son esas cosas.

Respecto al nuevo rector, Víctor Antonio Corrales Burqueño, Sylvia Paz tiene de él una buena opinión. Dice que es un buen académico, serio y competente; señala que lo respeta y considera que tendrá un buen desempeño al frente de la administración central de la UAS.

De lo que ha sucedido después de la elección, lo que más molesta a Díaz Camacho es la actitud de desdén y de persecución que se ha observado en torno de los universitarios que estuvieron o simpatizaron con su candidatura. Anota como el caso más notorio el de la secretaria académica de la actual administración, Magdalena Uribe, quien no tuvo lugar entre los funcionarios de primera línea del rector Cuén durante el informe de éste. Se quedó afuera, en la antesala, sentada frente a un televisor.

A otros, señala, se les saca la vuelta.

También afirma Sylvia Paz que la imputación de haber repartido anticipadamente cargos es simple excusa. A su juicio, lo que pudo haber sido determinante para que le retiraran el apoyo del grupo en el poder, es el temor de que élla no permitiría desviaciones para actividades extrauniversitarias, como está sucediendo con la agrupación que se ha venido formando ("Cuenta conmigo para un mejor Sinaloa") con fines políticos, con el uso de estructuras de la UAS.

"Yo no lo habría permitido", sostiene tajante.



A REMOJAR BARBAS



No parece casual que en momentos como los actuales, en vísperas de un proceso electoral que se le ha complicado al Partido Acción Nacional y a su gobierno, se esté intensificando la judicialización de la política. Durante el régimen de Vicente Fox se estuvieron repitiendo los expedientes criminales, ciertos o artificiosos, que vinculaban a políticos con el narcotráfico.

Fox utilizó para esos propósitos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda, siempre en contra de candidatos de la oposición. Ahora Felipe Calderón involucra también al Ejército, que encabeza los operativos de captura de presuntos cómplices de las mafias de las drogas.

Desde días pasados, cuando con una fuga de 53 reos evidentemente fabricada, a juzgar por los testimonios de tres cámaras que no fueron canceladas, se procuró la desestabilización del gobierno perredista de Zacatecas, al mismo tiempo que el descrédito del senador Ricardo Monreal, se advirtían señales de que el gobierno federal pretendía al menos distraer la atención sobre el problema de fondo del país, que es el económico, además de ir abonando el terreno para las elecciones locales del próximo año, que incluyen la gubernatura del estado.

Lo de Monreal fue muy burdo, pues desde diciembre del 2008 el legislador había denunciado ante la PGR el uso de una bodega propiedad de sus hermanos por gente dedicada a actividades ilegales. En febrero la PGR decomisó en ese lugar 14 toneladas de mariguana, pero fue hasta hace dos semanas que dieron a conocer los hechos para involucrar a los Monreal con el crimen organizado y tratar de nulificar a David Monreal como candidato a gobernador.

Luego vino el amotinamiento de reos del Reclusorio Sur de la ciudad de México, aquí para tratar de debilitar y evidenciar políticamente al gobierno del Distrito Federal, donde los candidatos del PRD siguen a la cabeza en las intenciones de voto para la elección de delegados políticos y asambleístas.

Y ayer, ya ha de estar usted enterado, fueron detenidos 10 presidentes municipales y 17 funcionarios de alto nivel del gobierno de Michoacán, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Curiosamente, ayer mismo un comentarista de televisión exceptuaba solamente a los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México y Jalisco de presuntos vínculos con el narcotráfico, lo cual supone una inminente escalada en varios estados de la República, con expedientes que exhiban la presunta complicidad de autoridades locales con el crimen organizado.

Desde luego que no se trata de defender a alcaldes y funcionarios públicos que tienen nexos con narcos, sino que el momento en que se actúa coincide usualmente coincide con tiempos electorales y ahora también con la más profunda crisis económica en década y media en México.

Los sucesos de Michoacán seguramente distraerán la atención de la opinión pública de la peor debacle económica de muchos años.

En cuanto a los expedientes criminales, a remojar sus barbas.