Por Sixto Román

Culiacán, Sinaloa.- Habitantes de las unidades habitacionales asignadas con créditos Infonavit están denunciando que los despachos particulares y el mismo Instituto se siguen confabulando para aplicar métodos de chantaje, terror a domicilio y de obligarlos con engaños a firmar convenios abusivos para aplicarles cuotas de pago mensual que perjudica la condición económica de cientos de familias.

El organismo Monitor Ciudadano mostró como un solo ejemplo, el de la señora Rosa Elena Arce Ribera, madre soltera, con dos hijos a quien le han enderezado un juicio civil desde el año pasado sin haberle notificado nunca, además de ser obligada a la firma de un convenio en un despacho particular, con engaños y en el que se le obliga a cubrir mensualidades de dos mil 267 pesos, en lugar de los mil cien pesos bimestrales que se le cobraba antes, lo que se convierte en un abuso que considera inhumano siendo madre soltera y único sostén de su familia.

La señora perdió su primer trabajo hace un año y medio porque la compañía quebró y según ella misma, se confió demasiado y no dio aviso al Infonavit para pedir una prórroga. Dejó de pagar y hasta el pasado mes de junio recibió una notificación firmada por una abogada de nombre Gloria Félix López, que le avisaba del expediente 1810/07, en el Juzgado Cuarto del Ramo Civil que se debió iniciar en los últimos meses del año pasado, pero dice nunca haber recibido notificación o citatorio alguno.

Esa fue el arma utilizada por el despacho y la citaron a firmar un convenio de pago que supuestamente le sería "ventajoso". El acuerdo fue en el despacho de un abogado a quien identifica como Alejandro Weves, que se encuentra por la calle Juan de Dios Batiz y no en la delegación del Infonavit, que era lo correcto.

Resultó sin embargo que en lugar de plantearle el pago de 19 salarios mínimos bimestrales, como estaba cubriendo, los abogados la hicieron firmar el compromiso de pagos de 42 salarios mínimos mensuales, que equivalen a dos mil 267 pesos, en lugar de los bimestres de 950 ó mil cien pesos en promedio que antes cubría.

Incluso, el precio original de la vivienda, de 127 mil pesos en 1996, de pronto se convirtió en una deuda de 336 mil pesos, pagaderos en 18 años y sin considerarle la cantidad que había abonado hasta la fecha que perdió su empleo.