Opinión / Columna
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Eduardo Andrade Sánchez
Cruel mojigatería
Organización Editorial Mexicana
10 de marzo de 2010
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DÍA 1196. EL ÍNDICE DE MORTANDAD SUBIÓ NUEVAMENTE DOS CENTÉSIMAS PARA UBICARSE EN 13.93 MUERTES DIARIAS VINCULADAS CON LA CRIMINALIDAD BIEN ORGANIZADA EN LO QUE VA DEL SEXENIO.
El IMSS es una noble institución que sigue brindando refugio y apoyo a millones de mexicanos solicitantes de sus servicios, a los que acceden no como una dádiva, sino como una prestación por la cual están pagando sus cuotas; por eso, me parece muy injusto que se pretenda regatear el derecho que asiste a las parejas homosexuales que han contraído matrimonio a recibir el servicio que por ley les corresponde.
Conociendo al Director del Seguro Social, que es hombre sensible, responsable y cumplidor del Derecho, no me queda más remedio que atribuir su posición restrictiva en este asunto a presiones superiores, que obedecen a consideraciones morales respetables, pero inaplicables al caso, aunque seguramente nos querrán convencer de que al Presidente ni lo enteran de esas minucias que afectarán derechos de personas afortunadas por tener empleo, pero a las cuales se les hará víctimas de una inconstitucional e inaceptable discriminación y se les obligará a perder tiempo y dinero solicitando amparos que, si la justicia opera rectamente, deberán ganar.
El Gobierno no está autorizado a colocar la apreciación moral que una ley le merezca por encima de su cumplimiento. Quienes han seguido mis colaboraciones a través de estas páginas, saben que desapruebo la institucionalización del matrimonio gay por la misma razón por la que creo que no proceda el maridaje entre el PAN y el PRD; es decir, se trata de atentados a la naturaleza de las cosas, pero ante todo está la observancia de la ley, y si ésta autoriza tales matrimonios en el D.F., su validez es indiscutible para todo el país y para todas las instituciones públicas o privadas porque así lo dispone la Constitución en su artículo 121: Los actos del Registro Civil sancionados por las entidades federativas tienen validez en toda la República, y si alguien no quiere que sea así, pues que promueva el cambio constitucional necesario.
La Federación se sustenta en este reconocimiento a la soberanía estatal en lo relativo a los asuntos del orden civil y, para estos efectos, la potestad legislativa del D.F. debe ser aceptada como si se tratara de un estado. En esa virtud, el IMSS sólo tiene que verificar que el acta de matrimonio sea válida en la entidad de que se trate sin que sea relevante el sexo de los contrayentes; actuar de otro modo vulnera la Constitución y degrada aún más nuestro maltrecho Estado de Derecho.
eandrade@oem.com.mx
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