por Sixto Román

Culiacán, Sinaloa.- El aumento por más de 22 mil 600 millones de pesos para el campo mexicano deben orientarse al financiamiento y estímulo de proyectos productivos de impacto regional, donde las familias de poblaciones rurales más empobrecidas tengan acceso a acciones productivas que les permita resolver el problema económico agravado por la crisis.

Según estimaciones del Congreso Agrario Permanente, esa resolución sobre la aprobación de recursos para la Secretaría de la Reforma Agraria, es buena señal. Las organizaciones agrarias habían exigido que esta secretaría no se extinguiera y ahora hay mayor esperanza con la asignación de recursos.

Lo más deseable, dijo Roberto Cruz Flores, coordinador del CAP, es que los recursos tengan efecto seguro y firme para estimular la productividad, diversificar con proyectos donde mucha gente que ha quedado afectada por el desempleo y el abandono de la zona rural y programas de la Secretaría de la Reforma Agraria, Fappa y Promusag, cumplan realmente el objetivo.

Desaparecer la SRA, dijo, sería señal de abandono de muchos conflictos que aún ahora, después de desaparecer el Programa Procede (de Certificación de Derechos Ejidales), siguen constituyendo focos amarillos y algunos, en focos rojos en varios puntos del país, según Roberto Cruz.

Lo que toca después de esto, es que las organizaciones sigan luchando por una participación igual en las decisiones dentro de las instancias colectivas para la distribución de recursos presupuestales en las regiones; el exSecretario de Agricultura Alberto Cárdenas realizó una labor constante para relegar a las organizaciones en este tipo de definiciones, señaló.

Lo deseable, dijo, es que si las negociaciones en las comisiones de la Cámara Baja, han concluido en mantener los recursos para la SRA, Turismo y la Secretaría de la Función Pública, sea señal de futuros esfuerzos para que éstas no desaparezcan, sino sea ahora el momento de fijarse reglas de vigilancia y exigencia para que cumplan realmente su papel.