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  IMPUGNACIONES

Cierto que ya anunciaron que en dos o tres semanas lo harían, pero si son congruentes con su praxis política, PAN y PRD estarán en estos momentos preparando los alegatos del recurso de impugnación que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta, según afirman, ordene al Congreso del Estado la dichosa redistritación.

De hecho, en los cambios distritales estarían depositando las oposiciones sus posibilidades de asestar un duro revés al régimen estatal, el que a través de su diputación en el Congreso del Estado realizó modificaciones a la legislación electoral local que todavía están en el aire, dependiendo de la resolución que la Suprema Corte dicte sobre la eventual impugnación de panistas y perredistas.

Pero no es solamente el cambio de fecha de las elecciones del año próximo lo que contiene la reforma que el martes pasado aprobaron los diputados priistas y panalistas, sino que también se incluyeron otros aspectos que impactarán la marcha del proceso electoral que ya está en puerta en esta entidad.

Aunque en cierta forma se trata de modificaciones que en gran medida se ajustan a cambios que el COFIPE aplicó en las elecciones del pasado 5 de julio, se fijan regulaciones expresas para la contratación de publicidad política en los medios impresos y se especifica cómo será el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión.

Todo eso, aunque también importante, se ha pasado por alto en una campaña de impacto mediático que se ha centrado en la redistritación, una medida que, si se aplica, despojará a los municipios pequeños de la voz y el voto que actualmente tienen en el poder Legislativo del Estado. Tanto el PAN como el PRD sostienen que la nueva composición distrital ya está decidida por mandato del Congreso de la Unión y ha sido reiteradamente confirmada por el poder Judicial de la Federación.

Entonces, para ser congruentes con lo que ha sido su lucha de muchos años, en el caso del PAN, y de varias semanas, en el caso del PRD, tienen que presentar el recurso de impugnación en los próximos días. Si no lo hacen en el corto plazo, pues las horas del reloj político corren ahora más rápido que antes, se estarán exhibiendo como representantes inconsecuentes con su propio discurso.

Lo cierto es que Sinaloa ya tiene una fecha para las elecciones del año próximo diferente a la que tenía el lunes pasado en su estatuto electoral, y ya quedó establecido que el proceso que renovará los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y las presidencias municipales, se efectuará el primer domingo de julio del 2010.

A menos, desde luego, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga otra cosa, cuando las representaciones panista y perredista presenten su recurso de impugnación contra una reforma "incompleta", o contra cambios legislativos que se hicieron sin antes modificar la parte correspondiente de la Constitución local de Sinaloa, que todavía establece que las elecciones deberán realizarse el segundo domingo de octubre.



IMPUGNACIÓN CONTRA IMPUGNADORES



No está de más remarcar que PAN y PRD aseguran que el Congreso del Estado violó mandatos constitucionales que obligan a una redistritación con base en indicadores demográficos, que concentra el poder Legislativo en las zonas más densamente pobladas, a la vez que despojan de voz y voto en el Congreso a los municipios menos poblados de la entidad, e insisten en resoluciones de la Corte sobre impugnaciones en otros estados, que así lo confirman.

La dirigencia del PRI, que tuvo el mal tino de mandar al diputado Joaquín Vega Acuña a "defender" la iniciativa de reformas desde la presentación del dictamen hasta su aprobación, con un triste espectáculo que ofendió innecesariamente a los adversarios y divirtió a los priistas, como en los viejos tiempos del tricolor, asegura que las reformas son legales y tienen sustento jurídico.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá la última palabra, siempre y cuando haya recurso de impugnación.

Lo cierto es que los diputados que impugnan la reforma son los que votaron en contra del cambio de fecha de las elecciones y de otras modificaciones, primero cuando se pretendió la reforma en la Constitución local, y después, cuando dicha modificación se incluyó en la ley electoral.

Por ello es que las oposiciones centran su recurso contra la reforma del martes pasado, en la redistritación no realizada por la legislación local.En cuanto a la reforma constitucional, el PRI pretende documentar que fueron el PAN y el PRD los que boicotearon la modificación a la Constitución del Estado en dos ocasiones.



TODA LA PROPAGANDA, POR EL CEE



El estruendo mediático del cambio de recha de las elecciones y de la intentona de redistritación, distrajo la atención de los actores políticos y de observadores locales sobre otros contenidos de la reforma electoral aprobada por el PRI y el PANAL y rechazada por el PAN y el PRD.

Se incluyen los artículos 46 bis, 46 bis A, 46 bis B y 46 bis D para la regulación de la propaganda electoral en los medios impresos y electrónicos.

Entre otras disposiciones, se establece que es derecho de los partidos políticos y coaliciones, por conducto del CEE, contratar espacios en los medios impresos para difundir sus campañas; que el acceso a la radio y la televisión se regirá por el apartado B de la base III del artículo 41 de la Constitución General de la República y que las gestiones respectivas las realizará el CEE; que los partidos políticos no podrán, por sí o por terceras personas, contratar tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Igualmente, se estipula que el CEE solicitará oportunamente tarifas a los medios impresos, pero también indica que "no podrá contratar, a nombre de los partidos políticos y coaliciones, espacios con tarifas superiores a las de la publicidad comercial".

Es decir, también la prensa escrita entra en este proceso de regulación de la propaganda electoral.