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  GÓMEZ MONT Y LA REFORMA

El comentario del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sobre la redistritación como asunto que deben resolver mayoritariamente los sinaloenses, puede tener lecturas interesantes acerca de la reforma electoral que está en la mesa de las discusiones del Congreso del Estado.

Más interesante aún resulta ese tema si se profundiza en los conceptos de territorialidad, población y representación política que el mismo secretario Gómez Mont señaló como principios fundamentales de un proceso democrático como el que hoy está en juego en Sinaloa.

Independientemente de su filiación política, obviamente panista, el secretario de Gobernación es un hombre de leyes, un profesional del derecho que podría compartir la opinión de otros jurisconsultos que piensan que la supuesta norma legal dictada por el Legislativo federal para crear distritos con un solo principio, el poblacional, constituye un atropello a la soberanía de los estados.

Seguramente que no lo diría con esas palabras, pues su condición de jefe de la política interior del gobierno del presidente Felipe Calderón lo obliga a ser prudente y cauteloso. Pero la interpretación que en las propuestas dan el PAN y el PRD a la reforma constitucional que, según dicen, obliga a redistritar con criterios eminentemente demográficos, es definitivamente una violación a la autonomía de los estados, además de que despoja de la voz y el voto que los municipios pequeños de Sinaloa tienen en el Congreso local

Hasta hoy ningún panista del nivel que tiene Fernando Gómez Mont había incorporado en el debate de la reforma electoral de Sinaloa el concepto de territorialidad, que sí lo tiene el Congreso de la Unión a través de los senadores de la República, pero que al parecer el Legislativo federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación niegan o no reconocen a las entidades federativas.

En el caso del PAN se entiende que con su propuesta redistritadora, que data al menos de 20 años atrás, pretenda restarle fuerza al PRI, pues a éste le ha resultado más fácil ganar apoyo ciudadano en el medio rural que en las zonas urbanas. Pero ello no justifica que con esa reforma se arrebate a los municipios menos poblados, precisamente por pequeños y desprotegidos, una voz y un voto que le han permitido contar con participación directa en el poder Legislativo estatal.

Si los panistas pensaran que la actual composición distrital de Sinaloa podría beneficiarles, seguramente que no serían tan persistentes en una reforma que prácticamente dejaría a El Fuerte, Choix, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa sin representante propio en el Congreso. Cualquier fórmula que se aplique, por no contar ninguno de ellos con más de 100 mil electores en su territorio, los haría compartir curul con otros.

Lo que seguimos sin entender es que el PRD apoye una iniciativa que deja fuera del Congreso a los municipios más desamparados, que rompe necesarios equilibrios políticos y cuya reforma tiene de vicios de origen por violar la soberanía de los estados al imponer, según su interpretación, un sistema distrital que daña a terceros.

Algo que hasta hoy no se ha señalado con relación a la tan llevada y tan traída redistritación, es que la Constitución de Sinaloa es la única en la República que textualmente establece que cada municipio tendrá, por lo menos, un diputado en el Congreso del Estado.

Pero lo novedoso es la incorporación de los conceptos señalados por el secretario Gómez Mont en su visita a Sinaloa del viernes pasado: territorialidad, población y representación política.

Oportuna su declaración, porque mañana será presentado en la Cámara de Diputados el dictamen sobre reformas a la ley electoral, que sólo contendrá cambios en la fecha de las elecciones del año próximo, adelantándolas de octubre a julio.



CAMPAÑAS Y CANDIDATOS



Sólo por candidez o inocencia podría negarse la existencia de campañas Y precampañas para la gubernatura del estado, al margen incluso de farallonazos o canacazos.

Las figuras más visibles han sido los dos aspirantes priistas más avanzados en la disputa de la nominación oficial del PRI, el alcalde culichi Jesús Vizcarra Calderón y el senador Mario López Valdez.

Sin embargo, ello ha alentado los intentos que se realizan para la integración de un bloque opositor amplio, ante la eventualidad de rompimientos y fracturas que puedan darse en el PRI por el uso de estructuras formales a favor de uno de los aspirantes.

Los promotores del bloque opositor creen que el PRI se desmoronará en cuanto se decida la candidatura al gobierno del estado, porque consideran se está realizando una promoción inequitativa a favor de uno solo de los aspirantes priistas.1