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  REFORMITIS

Cuando fue diputado local al Congreso del Estado, en la segunda mitad del gobierno de Francisco Labastida, Francisco Solano Urías libró una estoica batalla por la redistritación electoral de Sinaloa, con los mismos argumentos que hoy enarbolan el mismo Solano y su partido, el PAN.

Tiempo después, en 1995, a mediados del gobierno de Renato Vega Alvarado, en la más completa reforma electoral realizada hasta hoy en Sinaloa, aunque ya rebasada en varios aspectos, volvió a fracasar la propuesta panista para una composición distrital por densidad demográfica, en esa ocasión encabezada en el Congreso del Estado por Gabriel López Palomares, viejo luchador albiazul ya desaparecido.

Esa vez la nueva legislación electoral de Sinaloa fue resultado de una amplia consulta estatal en la que participaron todos los organismos activos (partidos políticos, organizaciones intermedias, instituciones educativas, asociaciones civiles, etc.) y abarcó a todos los municipios de la entidad. Algo quizá como lo que hoy plantean a los diputados del Congreso del Estado los 18 alcaldes del estado.

Hoy de nuevo, pero ahora como dirigente estatal de Acción Nacional, Francisco Solano vuelve a la carga. Como hace 17 años, el jerarca panista se pone a la cabeza de una propuesta que vuelve a sacudir a la clase política de Sinaloa, que no a la población civil, ni al ciudadano común, que huele aquí intereses facciosos de partes interesadas.

Pero como en aquella ocasión, se trata de un planteamiento equivocado que "urbaniza" la política, que la concentra prácticamente en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, a la vez que despoja de voz y voto a los municipios más desamparados de Sinaloa, independientemente de a qué partido beneficia el actual mapa electoral sinaloense y sus distritos.

Sin embargo, la propuesta panista ya encontró réplicas. La de mayor resonancia es la que suscriben los 18 presidentes municipales de la entidad, incluyendo a los dos panistas. Pero lo que todavía no ha trascendido es que hay al menos cinco diputados blanquiazules en desacuerdo con la redistritación, así como una mayoría de dirigentes municipales del PAN.

No obstante, lo que causa extrañeza en torno de este asunto, es el apoyo del PRD a una iniciativa que despoja de voz y voto en el Congreso a los municipios más pequeños, es ese respaldo a una propuesta que rompe equilibrios políticos y deja sin los únicos contrapesos que tienen alcaldes abusivos y autoritarios de esos lugares.

De hecho, como señala un colega, el planteamiento de redistritación estaría dejando al poder Legislativo del Estado sin representantes populares del sector campesino. El Fuerte, Choix, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa estarían compartiendo diputados, varios de ellos tal vez de sectores ajenos al medio rural.

En su actual composición, de un diputado por cada municipio, los partidos buscan equilibrios en sus propuestas electorales nominando al candidato a alcalde de un 0sector y al diputado de otro.

Todo eso, además lo que ya hemos remarcado muchas veces que una distritación impuesta por un mandato federal como ese, es una violación a la soberanía de los estados, sólo atiende a los mezquinos intereses de los partidos.

Por lo demás, mienten quienes aducen principios democráticos para despojar de voz y voto a los municipios pequeños y romper equilibrios políticos que estos se han creado, pues son equivocados los criterios de densidad demográfica que enarbolan, pues eso es lo que plantean PAN y PRD con su dichosa redistritación.



¿PODRIAN IMPUGNAR?



Otra cosa es luchar por contar con partidos locales (que de hecho ya existen con el mamotreto de ENCIMA que creó Daniel Amador Gaxiola y con Cuenta Conmigo, de Héctor Melesio Cuén), con candidaturas independientes, con un órgano electoral más autónomo y con mayores atribuciones, etc.

En cuanto al cambio de fecha de las elecciones constitucionales del año próximo, para que se adelanten de octubre a julio, es un asunto que tiene consenso, aunque PAN y PRD quieren una reforma que incluya otras modificaciones a la ley, entre ellas la redistritación electoral.

Lo que es un hecho es que el dictamen para modificar la Constitución Política de Sinaloa en lo relativo al cambio de fecha, será presentado en un periodo extraordinario de sesiones que está por ser convocado por el Congreso del Estado.

Se sabe también que en el poder Legislativo local el PRI cuenta con 24 diputados y que para reformas constitucionales se requieren 27; es decir, se requieren tres votos más o la ausencia de dos opositores para hacer mayoría. En la paz, usted lo sabe, todo es posible.

Además, con la presentación del dictamen para el cambio de fecha, los priistas estarían de facto frustrando cualquier posibilidad de impugnación que sus opositores pudieran presentar, si el proyecto no se aprueba.

Sería obvio suponer que ni el PAN ni el PRD podrían impugnar las elecciones del año próximo por la no homologación de la fecha de los comicios locales, si su voto se manifiesta en contra de la reforma constitucional.

Claro, pueden presionar y hasta chantajear con la postura de no votar solamente por la homologación, como han dicho diputados y dirigentes de ambos partidos. Pero si rechazan el cambio de fecha por no incluirse otros aspectos de la reforma electoral, podrían quedarse sin materia para la impugnación.

La redistritación y otros cambios que plantean PAN y PRD y que el PRI ha omitido en el dictamen que presentará ante el pleno del periodo extraordinario, son harina de otro costal.

Se ha dicho, aunque otros sostienen lo contrario, que el nuevo mapa distrital de Sinaloa con índices demográficos, es también parte del mandato constitucional dictado por el Congreso de la Unión, así se trate de un atropello a la soberanía de los estados.

La consulta abierta que los alcaldes están planteando puede ser un buen ejercicio de discusión y debate sobre el tema.

Ojalá.