México
Priístas en contra de legalizar las drogas
El consumo crece 20 por ciento al año y de no reforzarse las acciones en contra del narcomenudeo, para fines de este año se tendrán 3.6 millones de adictos. Foto: Sergio Ley / El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
6 de octubre de 2008

Gabriel Xantomila / El Sol de México

Ciudad de México.- Legalizar o no el uso y consumo de drogas en México mantiene dividido al Congreso; los priístas recomiendan a quienes las promueven que "ya no fumen de esa porque les hace daño''; el PRD dice que llegó el momento de tomar una decisión de tal naturaleza, mientras el PAN promueve reformas para evitar su expansión pues el consumo aumenta 20 por ciento por año.

Para Miguel Ángel Jiménez Godínez, diputado federal por Nueva Alianza e integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, quienes promueven la legalización de las drogas es porque tienen algún vínculo con el narcotráfico o beneficio derivado del uso de los estupefacientes.

Recordó que México y la tradición latinoamericana es de familias integradas y ningún flagelo afecta tanto a la sociedad como el que se deriva de la drogadicción de manera indiscriminada.

Destacó que ocho de cada diez familias en la Ciudad de México consideran que el narcomenudeo es el problema número uno que enfrentan las familias mexicanas y es un problema sumamente delicado porque rompe profundamente con el tejido social.

Una familia que se enfrenta a una situación de narcotráfico es una familia que sufre profundamente un quebranto tanto emocional como de patrimonio, pues muchas veces la adicción se contagia entre hermanos, primos, sobrinos y vecinos; la obtención del dinero para las drogas se empieza por atacar el patrimonio familiar.

Lo anterior, es la puerta para la cadena delictiva porque una vez que se acaba el acceso al ingreso familiar la gente adicta busca hacerse de ingresos a partir de otro tipo de mecanismos ilegales que van desde el asalto a mano armada hasta delitos más graves.

Jiménez Godínez dijo que hacerse de droga hoy en día es muy sencillo y hay un proceso de coptación en marcha que involucra a los policías de a pie y a los líderes jóvenes en secundarias y preparatorias.

"Quien no reconozca, quien no cierre filas en contra del narcotráfico y el narcomenudeo es un traidor a la patria y está en complicidad con el narcotráfico'', sentenció.

LEGALIZAR PARCIALMENTE

Sin embargo, el perredista Alejandro Sánchez Camacho considera que "estamos llegando a un nivel de crisis en nuestro país producto de la droga, que tiene que ver no sólo con el narcotráfico sino con la narcopolítica y el narcoterrorismo y tendría que evaluarse la posibilidad de legalizar su consumo.

"Es probable que haya llegado el momento para que se pueda tomar esa medida, sino general, sí en algunos casos específicos. Hay que reconocer que son muchos tipos de drogas y una persona con su receta la compra y se administra. En este contexto pudiéramos estar contemplando algunas drogas para legalizar, lo que podría abrir una puerta de salida a la inseguridad pública.

Sin embargo, el priísta Edmundo Ramírez Martínez declaró que es un problema complejo y en este momento el debate no se centra en legalizar o no el consumo de drogas, el debate es cómo atacar frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico y narcoterrorismo.

"El debate no es sólo si se legaliza o no el consumo de drogas, sino cómo estaríamos enfrentando el flagelo porque no se ha tenido una política de Estado. Lo que el Ejecutivo federal ha hecho solamente han sido reacciones''.

Si el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, hubo una bomba, al siguiente día el Gobierno emite un anuncio para detener el terrorismo en el país; si en agosto hubo un secuestro, el Ejecutivo envía una iniciativa para meter a la cárcel a los secuestradores, dijo.

Entonces tenemos a un Gobierno de reacción, no es un Gobierno de acciones y estrategia conjunta, estrategia de Estado.

El priísta insistió que en este momento el debate no es el consumo, seguramente lo habrá pero en su oportunidad. "Yo estoy en contra de que se legalice el consumo de drogas en México''.

"Hay voces que le apuestan solamente al caos y a la crisis y no a una política de Estado para enfrentar el crimen organizado, narcotráfico y narcoterrorismo'', manifestó.

"Estaríamos en un grave error con legalizar el uso de estupefacientes. A esos legisladores que están afirmando la legalización les diría que ya no fumen de esa porque hace daño''.

CRECEN CONSUMO Y DELITOS

Los panistas María del Pilar Ortega Martínez, Claudia Sánchez Juárez y Luis Gustavo Parra Noriega, coinciden que hoy en día el narcotráfico representa un problema tanto de salud pública como de seguridad. Cada vez son mayores los esfuerzos de la comunidad internacional, por hacer frente a la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico.

Los panistas que promueven reformas a la Ley General de Salud; Código Penal Federal; y Código Federal de Procedimientos Penales, para combatir al narcomenudeo, explican que son muchos recursos económicos y perdido muchas vidas, en países que lejos de disminuir la problemática, es cada vez más compleja, caracterizada por una serie de organizaciones criminales que se disputan el control del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, con gran capacidad económica, tecnológica, de organización y de corrupción que les permite tener bloques de control y crecimiento, favorecidas por la respuesta de muchos jóvenes consumidores.

En su exposición de motivos destacan que en los últimos años se ha acelerado el crecimiento en el consumo de enervantes. En la actualidad, se estima que existen alrededor de 185 millones de consumidores de drogas en todo el mundo, participando de esta estadística nuestro país.

La Cuarta Encuesta Nacional de Adicciones realizada en la población total de la República mexicana, sobre personas que han manifestado haber consumido droga alguna vez en su vida, arroja resultados preocupantes: Región Norte: 15.3 por ciento, Región Centro: 10.7 por ciento, Región Sur: 10.9 por ciento. De los cuales el 9.2 por ciento son hombres y el 2.8 por ciento son mujeres.

Adicionalmente habría que señalar que de enero a junio de 2008, de acuerdo al índice de incidencia delictiva federal en el país, los delitos contra la salud sumaron un total de 38 mil 889.2.

Ante estas preocupantes cifras, el llamado narcomenudeo ha encontrado terreno cada vez más fértil como una variante del narcotráfico.

Lo anterior, precisan los panistas, debido al endurecimiento de la seguridad en las fronteras así como de las políticas de control y combate a los grandes cárteles que operan en la frontera con Estados Unidos, propiciado que la distribución de narcóticos se haga dentro de las diversas regiones del país y que encuentre un campo para la modalidad del narcomenudeo.

Otra de las causas que han favorecido las modalidades de posesión, comercialización y suministro en pequeñas cantidades de narcóticos, es el pago en especie que hacen los narcotraficantes a las personas encargadas de su distribución y transportación, lo que hace propicia su comercialización en pequeña escala.

La Secretaría de Seguridad Pública, en su evaluación sobre las adicciones, reconoce que el consumo de drogas en México aumenta a un promedio anual de 20 por ciento y advierte que de no reforzarse las acciones en contra del narcomenudeo, para finales de este año se tendrán 3.6 millones de adictos, de los cuales un millón 200 mil serán consumidores de cocaína o sus derivados sintéticos. Cifra por demás alarmante, que hace necesario la instrumentación de acciones inmediatas y enérgicas para tratar de contrarrestar esta situación.

Indican que haya pasado de un país de tránsito a uno de consumo, ha repercutido en la recomposición de los patrones delictivos, generando la necesidad de revisar el problema de las drogas en toda su complejidad para diseñar estrategias y mecanismos legales y sociales, acordes con las nuevas formas de operar y relacionarse con otras conductas ilícitas. Todo ello, bajo la definición de una política criminal integral, es decir, que abarque aspectos preventivos, punitivos y readaptativos, así como una solidaria y permanente coordinación de acciones entre los niveles federal, locales y del Distrito Federal.