Opinión
Así lo Dice La Mont
Federico La Mont

Organización Editorial Mexicana
22 de agosto de 2008

*Ultima oportunidad

*Cumbre vs. delincuencia

Convocatoria: Sólo hasta la última administración priísta en Los Pinos, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), se contó con una verdadera interlocución, lo cual quedó expuesto en la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad a la que asistieron los gobernadores de su misma extracción, los tres de Acción Nacional: Héctor Terán (Baja California), Carlos Medina y Vicente Fox (Guanajuato), Alberto Cárdenas Jiménez (Jalisco), mientras que por el PRD fue Ricardo Monreal (Zacatecas), Leonel Cota (Baja California Sur) y el jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas.

Propuesta: A la cumbre de 1998 los gobernadores y el jefe de Gobierno asistieron al alumbramiento de una nueva Policía Federal Preventiva (PFP) que en lo sucesivo, a través de la Subsecretaría de Gobernación, se convirtió en la instancia responsable de coordinar la lucha contra la delincuencia organizada. Esa cumbre de seguridad alentó diversas expectativas, que no se concretaron ante el cambio de poderes en el 2000.

Visión: A una década de existencia de la PFP, ésta aún no responde a la expectativa de millones de mexicanos quienes, en tanto como víctimas de la delincuencia organizada, y por los atropellos de los órganos de seguridad federal, desde hace varios años dejaron de considerarla como un garante de seguridad. Para muestra, las detenciones y levantamientos en los que se vieron involucrados elementos tanto de la PFP como de la AFI.

Planteamiento Calderón: En Palacio Nacional el presidente Felipe Calderón convocó a la certificación de los cuerpos de seguridad y a profundizar en los temas relativos a la organización del sistema de justicia penal. Al parecer su iniciativa obtuvo el aval de la mayoría de gobernadores presentes en la cumbre, quienes a la brevedad deberán promover reformas en su Constitución local.

Amenaza: Según el informe 2007 del Instituto Ciudadano sobre Inseguridad, en ese periodo alrededor de 4.2 millones de mexicanos enfrentaron acciones del delito, con un costo para la economía del país superior a los 49 mil millones de pesos, cantidad equivalente a la construcción de dos refinerías con las cuales se evitaría la importación de ese combustible procedente de la India.

Legitimidad: De los resultados que arroje la reunión del Consejo Nacional de Seguridad el presidente Felipe Calderón legitimará una administración que en 2006 superó a la oferta opositora por más de 200 mil votos, equivalentes al 0.56 por ciento del total de la votación, lo cual lo llevó a asumir la primera magistratura en circunstancias inéditas.

¿Militarización del país?: En caso de que la cumbre fracase y se limite a la buena voluntad, la alternativa sería una mayor militarización de la seguridad pública dirigida al combate al narcotráfico, con los resultados conocidos de violaciones a las garantías individuales registradas en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Michoacán y Veracruz.

Aventaja crimen: Bajo la presente coyuntura, la delincuencia organizada supera al Estado y para muestra, su aparente capacidad de penetrar la estructura policiaca en municipios como Matamoros, Reynosa, Acapulco y Culiacán. Esa realidad arrojó al cesto de la basura la declaración de uno de los principales mandos de la seguridad del país, quien en el primer trimestre del año afirmó: "Aunque no lo parezca, el Estado va ganando la guerra contra el narcotráfico".

Nuevo pacto nacional: Posiblemente la cumbre de seguridad fije al presidente Calderón los términos de una convocatoria para reconstruir un acuerdo nacional que fortalezca el perfil de un estadista afín al acuerdo y reforma social que garanticen la gobernabilidad democrática.

Entre otras cosas...

Salida Juárez: La cumbre de seguridad también ofrece al Poder Ejecutivo federal la posibilidad de asegurar viabilidad a un municipio dejado a su suerte, como es el caso Ciudad Juárez que sólo es un espejo de la descomposición y la falta de definición del Gobierno para responder a la crisis de ingobernabilidad, así como la referida descomposición del tejido social en esa localidad y en todo el país. Así, a un año y ocho meses de comenzar la segunda presidencia de la continuidad albiazul, la República aún no supera sus principales tensiones que de no resolverse pueden derivar en un estallido social... Ponentes: Para Isabel Miranda de Wallace, quien sufriera la pérdida de su hijo por parte de una banda de plagiarios, y Meyer Klip, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, una forma para abatir los elevados índices de delincuencia sería la formulación de la denuncia a domicilio, lo cual no sólo evita al ciudadano un trato cuestionado por parte del Ministerio Público, como es el caso que obliga al 66 por ciento de la población a abstenerse de esa práctica, sino también transparenta la justicia. En el caso de Isabel Miranda de Wallace, la cumbre de Palacio Nacional debe superar las buenas intenciones, pues de no ser así todos pagaremos las consecuencias de un periodo de ingobernabilidad.
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