Raymundo Rocha Lozano

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Auditoría Superior del Estado fue investida de facultades para cobrar indemnizaciones y sanciones pecuniarias que imponga el Congreso a servidores públicos, por fallas administrativas en el desempeño de sus funciones.

Así se acordó en la sesión ordinaria de ayer en la que los diputados aprobaron por mayoría la reforma a los artículos 80 y 47 del Código Fiscal del Estado.

Se establece que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado transfiera a la Auditoría Superior del Estado expedientes relacionados con cobros de sanciones pecuniarias e indemnizaciones impuestas tanto por este órgano como por la extinta Contaduría Mayor de Hacienda, para proceder a hacer efectivas las citadas sanciones.

También se aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Tamazunchale, por la que se le autoriza la contratación de un crédito con Banobras por 51 millones de pesos para obras hidráulicas.

Asimismo se aprobó también por mayoría el dictamen que otorga la Presea Plan de San Luis 2007 a Ana María Alba Maldonado por su labor altruista en beneficio de menores con discapacidad intelectual.

En 1968 fundó la escuela "profesora Rafaela Argániz", que brinda atención a niños con síndrome Down, retraso mental y parálisis cerebral; es la primera institución en el estado que brinda ese tipo de servicios a menores con discapacidad intelectual.

Actualmente la escuela atiende a 94 niños y jóvenes con deficiencia mental; en sus 38 años de servicio ha atendido a 2,000 jóvenes mediante un programa independiente para desarrollar sus habilidades laborales y terapias alternativas, en un proceso de integración social. Además, fundó el primer grupo de atención a alcohólicos anónimos en el estado.

Ana María Alba Maldonado ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio "Servicio a la Humanidad", del club Sertoma en 1992, "Potosino Distinguido" otorgado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en 1999, "Trayectoria de Exito", del Gobierno del Estado en 2003, "Premio Nacional del Voluntariado" en 2004 por la Asociación Mexicana del Voluntariado A. C.; premio "Unidos para Ayudar" de la fundación "Best"; premio "Una Gran Mujer 2007" otorgado por el Instituto de las Mujeres del Estado el 8 de marzo de 2007.

Al respecto la diputada Socorro Herrera Orta en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dijo que los integrantes de esta comisión acordaron dar el reconocimiento de manera unánime por la gran relevancia de su labor en beneficio de los grupos vulnerables, como es el caso de los niños con discapacidad intelectual.

Los diputados Victoria Amparo Labastida Aguirre, Patricio Bravo Rivera, Martha Lilia García Galarza y Guadalupe Almaguer Pardo, se sumaron a este reconocimiento.