El Sol de México

Ciudad de México.- México necesita cambiar el sistema de justicia penal actual preponderantemente inquisitivo, por otro de corte garantista en el que se respeten los derechos tanto de la víctima como del inculpado, porque el modelo actual no deja satisfecho a nadie, recomendó el priísta César Camacho Quiroz.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se manifestó a favor de impulsar una reforma judicial regida por el principio de transparencia y una actuación apegada a derecho por parte de las autoridades, a fin de erradicar la opacidad y corrupción.

El legislador por el Estado de México admitió que los mexicanos no viven con suficiente tranquilidad, han perdido la confianza en la policía y en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Un ejemplo de ello es que 90 mil personas se encuentran en prisión preventiva en espera de sentencia, la mayoría por delitos patrimoniales cuyos montos son menores a cinco mil pesos y generalmente son personas que padecen un sistema que penaliza la pobreza.

Agregó que actualmente los inculpados son considerados culpables, los juzgados están saturados de expedientes por ilícitos de poca monta y bajo riesgo, y se desatienden asuntos más graves.

Denunció que la readaptación social simplemente fracasa y arruina la vida del imputado y de su familia, mientras tanto, las peligrosas organizaciones criminales cada vez se hacen más fuertes aprovechando cuantiosos recursos mal habidos.

Manifestó que a partir de una decena de iniciativas, el Congreso de la Unión reformó y adicionó 10 artículos de la Constitución, para crear un nuevo sistema mexicano de justicia penal, que garantice la transparencia y celeridad en el proceso judicial y la eficacia en el combate a la delincuencia organizada.

De ese modo, refirió que entre las innovaciones destaca que, para garantizar el proceso penal, las autoridades deberán investigar y detener; no como sucede ahora que se detiene y después se investiga. Se establece la extinción de dominio, es decir, la pérdida de la propiedad a favor del Estado de bienes que hayan sido instrumento, medio o producto de actividades ilícitas del crimen organizado.

Asimismo, todos los inculpados recibirán una defensa a cargo de un abogado, se prevén mecanismos alternativos de solución de controversias para dar paso a la conciliación y evitar que todas las diferencias se resuelvan en un juicio.

Habló que la Reforma Judicial contempla que un Juez de Control resolverá inmediatamente y por cualquier vía, de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación del Ministerio Público.

Se acota el uso indiscriminado de la prisión preventiva, para ser empleada como excepción y no como regla, además de que la oralidad de los juicios contribuirá a erradicar la opacidad y corrupción al propiciar la transparencia.

Resaltó Camacho Quiroz que con la reforma la confesión dejará de ser la reina de todas las pruebas, y cualquier violación de los derechos fundamentales las anulará.

El legislador priísta subrayó que para combatir la delincuencia organizada, el nuevo modelo de justicia penal señala que un juez podrá decretar el arraigo de una persona a solicitud del Ministerio Público, cuando sea necesario para el éxito de la investigación.

Esta reforma propone la prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos como medios violentos como armas y explosivos.

Al respecto un Juez emitirá las órdenes de cateo a solicitud del Ministerio Público, de manera inmediata y por cualquier medio se autoriza el ingreso de la policía al domicilio de un ciudadano, pero únicamente cuando se trate de flagrancia o cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad de las personas.