Roberto Gutiérrez Turrubiartes

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- El gobernador Fernando Toranzo Fernández llamó a formar un nuevo pacto social para hacer frente a la crisis de seguridad pública en México cuya gravedad nadie desconoce, y cuyos efectos golpean prácticamente a toda la sociedad mexicana.

Así lo manifestó en la ceremonia inaugural del Foro de Expertos en Procuración de Justicia, con el que concluyen las jornadas de consulta pública sobre el tema, convocada por el Gobierno del Estado para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.

En el evento realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el mandatario estatal dijo que no hay estado, municipio o comunidad del país que se encuentre a salvo de la espiral de violencia desatada, tanto por la delincuencia común como por las operaciones colaterales del negocio global de los estupefacientes.

"El fenómeno de la inseguridad ha crecido a escalas que cuestionan la viabilidad del futuro mismo del país".

En el Foro de Expertos en el que participaron especialistas en Procuración de Justicia, Toranzo Fernández dijo que hoy la sociedad se encuentra angustiada por la violencia criminal, y desconcertada también por la insuficiente respuesta de los tres niveles de gobierno y las instituciones de la República.

"La exigencia ciudadana de seguridad y procuración de justicia puede condescender con la espera razonable para diseñar nuevos enfoques y estrategias contra la inseguridad, pero no admite excusas ni acepta la intranquilidad como hábito fatal de la convivencia social".

En su mensaje el Mandatario dijo que frente a la profundidad y peligrosidad de la crisis de seguridad que vive el país, se hacen necesarias la serenidad y la prudencia que implican refrendar nuestra solidaridad con el Presidente de la República, el Ejército mexicano y las instituciones nacionales.

De lo contrario se potenciaría la amenaza y se pospondría interminablemente la recuperación plena del Estado de Derecho y el ejercicio de la ley como garantía y fundamento de una nueva etapa de convivencia y de construcción económica y social.

En este momento no hay otro carril institucional y democrático para sortear la amenaza y para avanzar hacia la seguridad, la justicia, la cohesión social y la prosperidad que el Estado de Derecho, porque fuera de él están el caos, la inferioridad de la ley y la barbarie.

Esto debieran tenerlo claro quienes crispan a la sociedad desde la irresponsabilidad más necia; quienes desde la negación de toda esperanza invocan la demolición del Estado de Derecho proclamando las posibilidades siniestras de la justicia por propia mano y el linchamiento.

Reiteró su llamado para que divulguemos la necesidad del Nuevo Pacto Social, y mientras tanto, no descuidemos las tareas que nos llaman a reducir los índices delictivos con la profesionalización del personal de la Procuraduría, para que se actúe con apego a los Derechos Humanos, se abata el rezago de Averiguaciones Previas y mejore la coordinación institucional.

Las voces de los distintos sectores ciudadanos, académicos e institucionales, traducidas en propuestas, en objetivos, en estrategias y en indicadores, quedarán plasmadas en el documento que se entregará a finales del próximo mes de marzo al Congreso del Estado.

El gobernador Fernando Toranzo observó que San Luis Potosí tiene mucho para crecer, pero hoy nuestro estado aparece a media tabla o debajo del promedio en diversos indicadores nacionales, y esto es algo que debe superarse.

No detengamos el paso, pidió, caminemos con firmeza hacia el porvenir para hacer posible nuestras aspiraciones.

SENTEMOS LOS CIMIENTOS DEL ESTADO DE DERECHO: OCHOA R.

Por su parte el procurador Cándido Ochoa Rojas, dijo que con la interacción de la ciudadanía se sentarán los cimientos para construir un estado de derecho que heredemos a nuestros hijos y a todo aquél que necesite ser escuchado y apoyado, desde la perspectiva de la prevención del delito.

En el Foro de expertos en Procuración de Justicia participaron el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Angel Morán Portales; la juez primero de lo familiar, Rebeca Anastasia Medina; el abogado postulante Othón Terrazas Vázquez, y el presidente de COPARMEX, Manuel González Carrillo.

Entre los temas que se trataron en el foro destacó el rezago en las averiguaciones previas, el servicio civil de carrera en procuración de justicia, y la sensibilidad de los funcionarios que tienen contacto directo con las víctimas del delito.

Acompañaron al Gobernador en el presidium la presidenta del sistema estatal DIF, doctora María Luisa Ramos Segura; el procurador cándido Ochoa Rojas; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Sánchez Márquez; el rector de la UASLP, Mario García Valdez, el Comandante de la 12ª. Zona Militar general de brigada Federico Antonio Reynaldos del Pozo; el secretario de Seguridad Pública, Enrique Galindo Ceballos; el secretario Técnico del Gabinete, José Guadalupe Torres Armenta, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.