---

  Hace cuatro años se echó a andar una importante convocatoria para suscribir un Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo. Acto con el cual pretendía asegurar la unidad y la civilidad para contribuir a definir el rumbo del país con una visión de largo plazo sustentada en políticas de Estado que aseguraran que los problemas del país que más interesan, fueran atendidos.

Este tipo de planteamientos colectivos de ciudadanos con propuestas apartidistas no es, sin embargo, algo nuevo. Ahí están los casos del frente amplio de izquierda que se creó en 1988, del Grupo San Ángel en 1994 y de la aparición, paralela a la creación de este grupo, de la Coalición Nacional Ciudadana para la Transición Democrática con Justicia y Equidad. Lo que sí resulta novedoso es que fueran los empresarios (su número entre los integrantes es mayoritario) quienes, de manera abierta, impulsaran un proyecto como éste.

Si antes lo habitual en los procesos electorales era el pase de charola tras bambalinas, en este tiempo se pretende asumir un protagonismo activo orientado a inducir compromisos específicos que les aseguren estabilidad y protección.

Asumiendo su corresponsabilidad con el avance del país, lo cual es encomiable y un ejemplo que deberíamos seguir todos los mexicanos, estos personajes redactaron el sugestivo y comprensivo Pacto de Chapultepec e invitaron a sumarse a él a los representantes de los partidos y a sus candidatos (de los cuales sólo los del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista (PVEM) lo firmaron) con el propósito de garantizar que, sea bajo la perspectiva que sea y sin importar su ideología, quien ganara la presidencia del 2006 y se pusiera en práctica.

Desafortunadamente y a pesar de sus virtudes en términos de disposición y de llamado, este pacto estaba plagado de generalidades y carecía de aportaciones en términos de compromisos concretos por parte del sector empresarial.

Y si bien, su abstracción facilitaría la incorporación y aceptación del mismo por un mayor número de posibles firmantes, también dificultaba en la práctica el logro de las metas planteadas. Ya que, como siempre, "el diablo está en el detalle".

Además, no explicita, en el marco de este espíritu de colaboración, las acciones concretas que en materia de corresponsabilidad social frente a los pobres o de transparencia en las áreas de competencia en las que existen conflictos de intereses, ellos se comprometían a asumir en lo particular.

Está muy bien que los empresarios se ofrecieran como impulsores del proceso democrático del país y con este fin planteen, por ejemplo, la necesidad de combinar los ahorros públicos, privados y sociales para desarrollar las infraestructuras de comunicaciones, energéticos, electricidad, agua, salud, educación y vivienda.

Asimismo, de mantener finanzas públicas sanas, estabilidad financiera, inflación reducida y tasas de interés competitivas; de contar con una política fiscal sencilla, eficaz, competitiva, orientada al crecimiento económico y promotora de la inversión, el empleo y la producción competitiva y con calidad; de liberar la inversión productiva nacional de la capacidad de inversión del Gobierno; de crear un clima favorable a la inversión; así como, de eliminar trámites y regulaciones innecesarias.

Pero me preguntaba, ¿qué compromisos concretos obliga a asumir para hacer realidad este modelo de mercado con orientación social?, ¿para contribuir a que la desigualdad extrema entre la parte superior y la inferior de nuestra pirámide social se diluya un poco? En síntesis, ¿de qué manera concreta se pensaba impulsar, desde su ámbito específico de poder, esa consolidación democrática a la que aludían?

Lo único que tengo cierto es que los beneficios de la democracia deben llegar a todos lados. Y en pos de esta iniciativa no quedaba claro si los convocantes estarían dispuestos a garantizar, por ejemplo, la generación de un número determinado de fuentes de empleo o a aceptar nuevas reglas o políticas públicas que aseguren una redistribución más justa de los beneficios.

Ahora es tiempo Presidente de un pacto nacional y que no sólo se esté inclinado a debilitar al Estado, sino también el de asegurar una mayor autonomía de éste respecto de los poderes fácticos, financieros, económicos y/o mediáticos. Y en autorregularse, incentivar la competencia, así como, combatir los monopolios y cualquier tipo de ventaja injustificada, con la finalidad de marcar un camino de progreso integral para el país y no para unos cuantos. En fin, ser capaces de asumir un papel activo en la humanización de la economía y el combate al individualismo.

Lo que México requiere no son las nuevas élites futuras, grupos de interés ni corporaciones económicas capaces de afectar los resultados políticos electorales e imponer su proyecto de país (plutocracia), sino una sociedad civil corresponsable en la que los ciudadanos de todos los sectores y estratos logren integrarse y consensuar una serie de acciones específicas en pos de construir un proyecto nacional efectivo que nos dé estabilidad.

El reto consiste así en construir una sociedad civil que, como señalara en aquel entonces Lorenzo Meyer, "movilice la energía, la imaginación y la voluntad de los ciudadanos más activos, que libremente una sus fuerzas para influir en la acción del Estado y para actuar ahí donde el mercado se muestra insensible a los problemas sociales, pero sin una dirección central, sin un proyecto único". Sólo en este contexto podremos desarrollar realmente nuestra democracia.