Felipe Cárdenas Quibrera

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) aprehendió a cinco ex servidores públicos del ayuntamiento de Villa de Reyes por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Entre los detenidos figura Miguel Angel Mexicano Gómez, quien se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento.

Los elementos ministeriales cumplimentaron las órdenes de aprehensión giradas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Santa María del Río, derivadas de la investigación relacionada con las irregularidades por cuatro millones de pesos detectadas en la revisión de la cuenta pública 2007 del ayuntamiento de Villa de Reyes, que desembocó en el desafuero y destitución del alcalde Gustavo Alarcón Aguilar.

Ayer por la mañana en un operativo policíaco se detuvo a cinco ex servidores públicos: Miguel Angel Mexicano Gómez, quien se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento, de 28 años de edad y domicilio en Independencia s/n en Villa de Reyes; Nataly Tapia Estrada, de 22 años, con domicilio en Venustiano Carranza s/n comunidad San Miguel, en Villa de Reyes; Fernando Grimaldo Castillo, de 28 años, con domicilio en prolongación Hidalgo s/n en Villa de Reyes; Karina Galván Martínez, de 25 años, con domicilio en calle 71 Ciudad 2000, en Villa de Pozos. Ella es originaria del distrito Federal, y por último, Juan Carlos Palomares Martínez, con domicilio en Ponciano Pérez 53, en Villa de Reyes.

Los inculpados quedaron a disposición de la autoridad judicial para los efectos de resolver su situación jurídica por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El agente del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos actuó luego de recibir la denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra del entonces alcalde de Villa de Reyes, Gustavo Alarcón Aguilar y sus funcionarios, por irregularidades en la cuenta pública 2007 por cuatro millones 198 mil 342 pesos.

En la investigación correspondiente se analizaron las inconsistencias en aspectos contables, de obra y de legalidad, denunciados por la Auditoria.

Posteriormente el Fiscal Especializado, dentro de los autos que integran la averiguación previa penal PGJE/SLP/AMPEIDSP/MI/31/VII/2008, acreditó en contra de los inculpados los delitos de peculado, previsto y sancionado por el artículo 289 fracción I, y de asociación delictuosa, contenido en el artículo 265, ambos del Código Penal del estado.