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  Solamente VERDADES

12 de Febrero de 2010

Por Ramón Díaz de León Vela



* Julio Alfonso Rubio López da la cara a los medios...

* Reparece con una larga historia del caso TRAESA...

* El Tribunal declaró nula la resolución del Cabildo...

* Deja en claro que no renunció, que lo renunciaron...

* La historia del caso no ha terminado de escribirse...



El ingeniero Julio Alfonso Rubio López, ex director de Servicios Públicos en la administración municipal inmediata anterior, ha vuelto a los espacios mediáticos una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la resolución tomada por la Comisión Permanente del Ayuntamiento 2006 - 2009 que en su momento consideró que el funcionario de referencia tuvo alguna responsabilidad por el daño patrimonial que José Gerardo Zimbrón Carranza, representante de la tristemente célebre empresa TRAESA, causó al erario público.



El mencionado tribunal, en respuesta al recurso interpuesto por el propio Rubio López, declaró en oficio de fecha 2 de febrero de 2010, suscrito por la Lic. Ariadna Enríquez Van der Kam, Magistrado de la III Sala, y la Lic. Diana Ivett Calderón Romero, Secretaria de Estado y Cuenta, la nulidad total de la resolución combatida, dado que "la Comisión Permante del Ayuntamiento de Irapuato, Gto. no tiene atribuciones para dictar la resolución definitiva del procedimiento de de responsabilidad administrativa" en contra del promovente, y en consecuencia anula la inhabilitación de 1 año para ejercer un empleo, cargo, o comisión publicos que le fue impuesta por los integrantes de la mencionada comisión edilicia.



En un extenso documento que lamento no poder transcribir en todas sus partes por limitaciones de espacio, el ex funcionario municipal que en un momento dado aspiró a ser candidato del Partido Acción Nacional para contender por una dipuación local en el pasado proceso electoral, deja en claro que no renunció al cargo que desempeñó en la pasada administración a lo largo de casi dos años y medio y afirma que simple y sencillamente "causó baja" como empleado de base del municipio... "por término de comisión", el 17 de marzo de 2009. Lo corrieron, pues.



Su dicho está avalado por el oficio que suscribieron en esa fecha el alcalde Mario Turrent Antón, la coordinadora administrativa María Guadalupe Alcántara Rodríguez y la directora de Recursos Humanos Guadalupe Araceli Hernández Cárdenas, aunque -al menos en la copia del documento que obra en mi poder- no hay firma alguna de la última de la funcionarias mencionadas... detallitos.



En el documento que Julio Alfonso Rubio López ha envíado a los medios vía correo electrónico, el aguerido panista hace una retrospectiva y en ella se remonta a los orígenes del frustrado proyecto para tratar los residuos sólidos generados en nuestra ciudad con la tecnología que ya se viene utilizando en varias poblaciones del país, y en la misma nos habla de la forma en que desde los inicios del 2007, la dependencia entonces a su cargo buscó encontrar la empresa que garantizara la concresión del mismo, de entre diez que atendieron a la convocatoria presentando otras tantas propuestas con seis alternativas diferentes.



Tratamientos Especializados, S. A de C. V. -TRAESA- con su "Biotecnología Agrocolobiana", presentaba en apariencia la mejor de las propuestas... y ahí fue que empezó ese problema del que tanto se ha hablado y se ha escrito en los últimos tiempos; justo aquel 19 de julio en que el municipio informó por oficio a TRAESA que su propuesta estaba en un proceso de análisis y estudio conjuntamente con el Instituto Estatal de Ecología, un proceso que se complementó con la visita que del 5 al 8 de noviembre del mismo año realizaron a la planta de Ibagué -en Colombia-, el Dr. Juan Ángel Mejía Gómez, director de Mejoramiento Ambiental del Instituto Estatal de Ecología y el propio Julio Alfonso Rubio López, acompañados por el Lic. Horacio Reyner, ejecutivo de TRAESA, la empresa que entonces -eso sí- hasta costeó los gastos de la visita de estudio. Rubio López remarca que el viaje y la estancia no le costaron nada, ni al municipio de Irapuato, ni al Instituto de Ecología del Estado. ¡Increíble...! Pero...



Reseña Rubio que al regresar se realizó una evaluación del proceso observado y de las referencias obtenidas directamente en el Ministerio del Medio Ambiente del Departamento de Cundinamarca -en la ciudad capital de Bogotá- sobre el sistema de Biotecnología Agrocolombiana, y que esta fue positiva al extremo de que el Instituto Estatal de Ecología emitió con fecha del 11 de diciembre del 2007 un dictamen en el que sugería la instalación de una planta piloto para evaluar resultados, aquí en Irapuato, utilizando esta tecnología propuesta, y que con base en ello, la DGSP puso a consideración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato la propuesta y esta fue aprobada por unanimidad.



En sesión de Cabildo de ese mismo mes el Ayuntamiento aprobó -también por unanimidad- la propuesta mencionada y con fecha 19 de diciembre del 2007 se firmó con TRAESA el Contrato de Servicio AJ-VI-C01-TRAESA-0474-2007, elaborado por el departamento jurídico del municipio y con vencimiento el 31 de marzo del 2009; un contrato que obligaba al "municipio" a entregar al "prestador" los residuos sólidos no peligrosos para su tratamiento en una planta que se ubicaría en donde ambas partes convinieran, y a la Dirección General de Servicios Públicos a realizar inspecciones, conjuntamente con la Dirección de Ordenamiento Ambiental -tan solo eso- para verificar que la labor se realizará en base a las normas correspondientes en un complejo que, al final, nunca se construyó.



Lo grave del caso estuvo en que el 19 de diciembre la Tesorería Municipal entregó a TRAESA un cheque de $2'570,000.00 por el anticipo estipulado en el contrato, recibiendo en garantía un cheque cruzado de la empresa, en tanto ésta entregaba la fianza correspondiente como se estipulaba en la Cláusula VI del contrato, pero -según afirma Julio Rubio-, esta dependencia ya no le dio seguimiento al intercambio, nunca apareció esta fianza en el expediente correspondiente y esto ocasionó un daño patrimonial al municipio al no poder recuperar, mediante la fianza necesaria, el monto del anticipo.



El informante manifiesta que la DGSP le dio seguimiento a la marcha del proyecto que inició con la llegada de una especialista colombiana responsable de localizar un predio disponible, gestionar el cambio del uso del suelo, contratar la obra civil preliminar, contratar personal, entregar los estudios que exigía el Instituto de Estatal de Ecología, etc., etc., etc. Pero insiste que en el segundo semestre se apreciaba un retraso notable en los pasos preliminares y, no obstante esto, el 2 de octubre del 2008 la empresa -¡sin tener los permisos correspondientes...!- realizó la colocación de la "primera piedra" -¡y la única...!, en el marco de un evento por todo lo alto en el que se contó con la presencia del alcalde Mario L. Turrent Antón, y la del mismo gobernador del estado, Juan Manuel Oliva, ¡como testigo de honor....! ¡Habrase visto...!



La historia continúa reseñando que durante los meses de octubre y noviembre del 2008 se concedió a TRAESA el manejo del relleno sanitario de Peñitas, con la finalidad de probar su método de tratamiento y verificar el funcionamiento del mismo en las condiciones reales de nuestra basura La DGSP sugirió hacerlo aplicando el contrato original firmado para comenzar a amortizar el anticipo otorgado a la empresa, pero finalmente, por sugerencias de la regidora Carmen Bojorges, Presidenta de la Comisión de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato y de la Tesorera, CP Lorena Alfaro García, la Dirección General de Obras Públicas a cargo del Arq. Mauricio Bravo González elaboró para tal fin un Contrato de Obra Pública -aunque no se trataba de construir nada, sino de prestar un servicio- con fecha 7 de octubre del 2008, y su complemento, el Convenio Modificatorio a este contrato mencionado, de fecha 25 de noviembre del 2008.



Rubio consigna que había tanto interés por elaborar este nuevo contrato que se pidió a Zimbrón Carranza -que a la sazón se encontraba en los Estados Unidos- que viniera a México con urgencia a firmarlo, y se regresara a seguir atendiendo sus asuntos en el país vecino. Inclusive -afirma Rubio López- se asumió el compromiso de pagarle los gastos de viaje de venida y regreso. Zimbrón vino de la Unión Americana al AICM, ahí mismo suscribió el contrato, e inmediatamente regresó en otro vuelo a los EE. UU. El ex funcionario municipal, afirma que luego se enteró que Zimbrón mandó los comprobantes de sus gastos de viaje para que se le liquidaran pero se le negó el pago. ¡Qué bueno...!



Inexplicablemente -abunda Rubio López- a pesar de haber ya invertido una considerable cantidad de recursos en el proyecto y sin dar aviso a ninguna autoridad, TRAESA suspendió actividades a fines de noviembre. Nunca cubrió los trámites que debió hacer ante el Instituto de Ecología del Estado. En enero del 2009 ya no se localizó personal alguno de la empresa en su oficina local y el 26 de enero del 2009 la Tesorera Municipal acepta ante los medios que no existe ni el cheque cruzado como garantía, ni la fianza correspondiente al anticipo de $2'570,000.00 otorgado a esta empresa. El 27 de enero del 2009 la funcionaria anuncia su dimisión al cargo, pero al día siguiente informa haber denunciado ante el Órgano de Fiscalización Superior el fraude de TRAESA, y que a petición de los integrantes del Ayuntamiento permanecería en su cargo hasta que terminara el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de varios servidores públicos, que la Contraloría Municipal ya había iniciado el día inmediato anterior después de haber recabado la documentación correspondiente.



De acuerdo a la cronología, el 4 de marzo del 2009 la Lic. María Eugenia de la Maza Cantero, síndico del Ayuntamiento, presenta una denuncia penal contra la empresa TRAESA en la agencia IX del Ministerio Público, en esta ciudad de Irapuato y el 26 de marzo del 2009, durante la Sesión de Ayuntamiento Ordinaria No. 69, el Cabildo en pleno aprueba la anulación del contrato AJ-VI-C01-TRAESA-0474-2007 con TRAESA. A cinco días de su vencimiento.



El 12 de junio del 2009, después de una investigación -según Rubio amañada- realizada por la Contraloría Municipal, en la cual desestimó por supuestos motivos políticos muchas de las constancias documentales que este él presentó a su favor, finalmente dictamina proponer al H. Ayuntamiento la destitución del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Fernando Fernández Arriaga; la inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años al Ex-Director General de Servicios Públicos, Ing. Julio Alfonso Rubio López y por solamente un año a la Ex-Tesorera Municipal, C.P. Lorena del Carmen Alfaro García.



El día 7 de agosto del 2009, el pleno del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, atendiendo la petición de la Contraloría Municipal, resolvió imponerle a su servidor la sanción a todas luces injusta de inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos y a la Tesorera Municipal sólo seis meses. No aplicó ninguna sanción al Secretario del Ayuntamiento.



Esta es toda una historia en la versión de Julio Alfonso Rubio López, que sin duda alguna tendrá otras versiones, porque sobre este manido asunto que mucho por hablar y escribir. Rubio López ya ha brincado un obstáculo, pero aun le quedan otros por saltar.



Por lo pronto, en este día, a mis amores... ¡todo mi amor...! y a mis amigos mi afecto invariable de siempre. A todos: un abrazo de esos... ¡bien apretados...!



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