Redacción El Sol de México

Ciudad de México.- Será en los próximos días cuando el presidente Felipe Calderón presente a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley General contra el Secuestro, la cual pretende establecer las facultades de cada instancia de gobierno ante este delito, así como elevar las penas a las diversas modalidades.

Así lo señaló Oscar Martín Arce Paniagua, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), quien agregó que actualmente el primer mandatario está terminando de redactar la iniciativa de Ley Antisecuestros, "la cual ya está prácticamente terminada y estamos esperando que nos las envíen en las primeras semanas de este periodo ordinario".

El legislador por Baja California adelantó que ésta es una iniciativa que no sólo pretende combatir a las bandas de secuestradotes con mayores penalidades, sino también con acciones de forma coordinada con todos los estados para prevenir que sea el eje principal de la delincuencia.

Añadió que se tiene previsto que la iniciativa permita acotar el delito por medio de las redes de comunicación, los operativos, las estrategias, para revertir este flagelo que registra más de cinco mil plagios al año.

Arce Paniagua afirmó que junto con la iniciativa del presidente Calderón, el PAN en la Cámara de Diputados impulsa la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el secuestro sea considerado en todo el país como delito grave.

También se impulsan las reformas al Código Militar, donde se afina un nuevo catálogo de delitos; cambios a la Ley Federal de Armas y Explosivos, donde se plantea reglamentar todas las armas nuevas, "las que consideramos más nocivas, las que utiliza el crimen organizado como granadas, diversos calibres y la nueva tecnología que está utilizando la delincuencia organizada para darle nuevas facultades en materia de permisos a la Sedena", acotó.

Oscar Martín Arce Paniagua, integrante de la Comisión de Justicia, adelantó que también se revisará la Ley de Extinción de Dominio, porque a pesar de su vigencia existen lagunas y artículos que no permiten su aplicación de forma ágil para desactivar el brazo financiero del crimen organizado.