Opinión
Contrastes
Carlos Gómez Marín
Contrastes

El Sol de Puebla
26 de febrero de 2008

Usan erario para un mercado particular

Atlixco, un negocio familiar

Carlos Gómez

Una de las tantas anomalías que cometió el expresidente municipal panista Luis Paredes Moctezuma, que es casi desconocida, fue el gasto infructuoso para la sociedad, pero muy provechoso para un particular, por casi un millón 700 mil pesos para la construcción de un mercado particular.

Si usted vive en la capital poblana habrá notado la presencia de un inmueble ubicado en la 11 Norte 1809, muy cerca del Museo del Ferrocarril, en donde se encuentra un pequeño mercado que desde hace varios años se encuentra cerrado y que muchos piensan que es propiedad del Ayuntamiento.

Pues resulta que no es del gobierno municipal, es de un particular y, lo peor, es que en el trienio de Luis Paredes se le invirtió casi un millón 700 mil pesos para construir un mercado con el (supuesto) objetivo de reubicar a los comerciantes ambulantes.

La historia del robo al erario es la siguiente.

Un día después de que Luis Paredes tomó posesión del cargo de presidente municipal (el 16 de febrero de 2006), sin previo acuerdo de Cabildo, el exedil firmó un contrato de "coinversión" con la empresa denominada Desarrollo Especiales S.A. de. C.V., para la construcción de un mercado, así como la subcontratación de la empresa Electro Instalaciones FRAMU S.A. de C.V., para colocar el sistema de electrificación del lugar, todo con un costo de un millón 678 mil pesos.

En aquellos días, el ahora encargado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y en ese año (2002) secretario de Gobernación, Jaime Zurita García, señaló que el mercado se estaba acondicionando para reubicar a los ambulantes, debido a que les venderían los locales a un precio razonable y en pagos.

En otras palabras, el esquema ideado por el gobierno panista era coinvertir con un particular en la construcción de un mercado para vender los locales a los ambulantes y de esa forma ambos ganarían.

Pasaron los meses y las obras nada más no avanzaban, además de que los líderes de las organizaciones de los ambulantes rechazaron la propuesta de las autoridades para comprar un local en ese mercado, ya que aseguraron que la zona no es buena para la venta.

Durante los tres años de Luis Paredes los ambulantes permanecieron en las calles y el mercado fue cerrado.

Y como el predio e inmueble son de un particular, las otrora autoridades no recuperaron el dinero invertido y se concretó un auténtico robo al erario.

Según los reportes del Órgano de Fiscalización Superior esa irregular erogación del erario, está catalogada como daño patrimonial.

Sin embargo, lo peor es que nadie fue castigado por ese manejo arbitrario y abusivo de los recursos públicos.

El dinero de los ciudadanos fue usado para beneficio de un particular y eso es un delito.

¿Se puede hacer algo para recuperar ese dinero?

Se supone que sí, pero esa pregunta la deben responder el auditor mayor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, y el síndico Román Lazcano Fernández.

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Un planteamiento que debe reflexionarse seriamente, es si los ambulantes merecen un trato especial, porque son personas que no pagan impuestos, toman la luz del alumbrado público, ensucian la vía pública, en fin, viven en y de la ilegalidad, por lo que con todo eso surgen dos preguntas, ¿se les debe regalar el predio de 6 mil metros cuadrados de la 11 Norte y 4 Poniente?

¿Esa acción resuelve el problema de los ambulantes?

Claro que no.

¿Qué ganaría la sociedad con que a los ambulantes les regalen un predio?

Nada.

Los únicos beneficiados siempre son los líderes por el cobro de cuotas arbitrario que hacen a sus representados.

Por lo pronto, le puedo decir que el gobierno de Blanca Alcalá Ruiz prepara una verdadera sorpresa sobre el tema de los ambulantes.

Ya verá.

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En pocos días el Ayuntamiento de Atlixco se convirtió en presa de los intereses de unas cuantas familias que prácticamente han tomado el ejercicio del gobierno como un buen negocio.

La muestra más clara de esa practica reprobable es el reparto de posiciones, con ventaja para ciertas familias, dentro del gobierno municipal que encabeza el edil priista, Eleazar Pérez Sánchez.

Todo está mal, empezando por la oficina de la presidencia municipal, en donde el edil Eleazar Pérez Sánchez nombró a su esposa Gisela Jaimes Flores como presidenta del Sistema DIF, nada raro porque todos los ediles casados así lo hacen.

El problema es que a su cuñado José Noe Jaimes Flores le dio el cargo de tesorero municipal y a un sobrino de su esposa de nombre Israel Benítez Flores le asignó la responsabilidad de ser su secretario particular.

Otro ejemplo es el de Miguel Trinidad Sánchez Romero, regidor de Gobernación, quien pudo colocar a su esposa Irma Solís Tepepa como oficial de Registro Civil y a su cuñada Irma Solís Tepepa como responsable del rastro municipal.

En el caso del regidor de Salud, José Luis Aroche Ramos, influyó para que su hermano Jesús Aroche Ramos fue designado director de Desarrollo Urbano y Ecología.

Por su parte, la regidora de Hacienda Norma Martínez Hernández, pudo conseguir para su hermano José de Jesús Martínez Hernández el cargo de contralor.

Un ejemplo más del cuestionado reparto de posiciones es que la recién nombrada directora de Educación del Ayuntamiento, Norma Elisa Castillo Navarro también funge como directora de la escuela secundaria Técnica Número 3 de Atlixco y nadie se explica por qué se le permite ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo.

Si pensó que era todo, se equivocó, debido a que aparte del reparto ventajoso de los puestos dentro de ese gobierno, se han dado casos de vejaciones hacia trabajadores que fueron despedidos por las nuevas autoridades municipales.

Con mucho desdén, los nuevos funcionarios que en campaña abanderaron la propuesta de un gobierno de "puertas abiertas" y que se comprometieron a no despedir a nadie, hoy hacen todo lo contrario y por lo menos 70 personas ya perdieron su trabajo, por lo que no se descarta una verdadera avalancha de denuncias por despido injustificado en contra del nuevo gobierno.

A continuación los nombres de algunas de las personas despedidas por las actuales autoridades: Gustavo Tescucano Olivares; Antonio Tirado Serrano; René Tetlamatzi Reyes; Noemí Macuil Hernández; Jesús Rodríguez Ortiz; Martha Ventura Reyes; Ricardo Vaquero Lucero; Hugo Hernández Cruz; Andrés Arcos Gutiérrez; Josefina Estefanoni León; Ignacio Serrano Lezama; Gabriela González Rojas; Martín Briones Parra; Ariel Hernández Ruiz de la Peña; Miguel Zoletto Cabrera.

¿Ese es el nuevo PRI que prometió Eleazar Pérez?

Más bien parece un retroceso en el ejercicio del gobierno.

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Algo pasa al interior del Cabildo de Puebla que varios priistas y panistas no quedaron conformes con el reparto de las 21 comisiones que integran el máximo órgano de gobierno de la capital poblana.

En especial en la fracción del PAN, que está conformada únicamente por cuatro regidores, hay una inconformidad porque a su coordinador Pablo Montiel Solana le asignaron cuatro comisiones, aunque ninguna preside, pero están las más importantes como son Gobernación y Hacienda.

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El director de Comunicación Social del Sistema DIF Estatal, Victoriano González, debe tener mucho cuidado porque hay una persona que se presenta ante los representantes de los medios de comunicación como la titular del área.

Pero no nada más eso, también se dice influyente.

La persona a la que hago referencia se llama Graciela Maceda Tejeda.

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Un mensaje de alerta para el secretario de Salud, Roberto Morales Flores.

Al reportero le llegó una queja con respecto a una serie de anomalías que ocurren en la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Acatlán de Osorio.

Resulta que en el lugar, en teoría, se practican pruebas para detectar el VIH en sexoservidoras de la región.

Lo malo, es que no existe un verdadero control de la aplicación de las pruebas de detección del VIH.

De acuerdo al testimonio de algunas de las sexoservidoras que acuden a la clínica del lugar, no se les práctica la prueba, pero eso sí, les cobran por extenderles un recibo no oficial 200 pesos, aunque en el papel anotan la cantidad de 50 pesos.

El reportero tiene en su poder uno de esos "recibos" expedidos por el Dr. Rojas, encargado de la clínica, que otorgó a una sexoservidora de un lugar denominado "Lookers", en donde se ejerce la prostitución.

Dicho recibo es una hoja de una libreta en donde se ponen los sellos de la comandancia de la policía municipal y de la clínica, además de la firma del doctor Rojas con la leyenda "revisión ginecológica, clínicamente sana", con un costo de 50 pesos.

Independientemente de lo irregular que es expedir recibos no oficiales, porque el dinero no ingresa a las arcas estatales, lo que preocupa es que no se tiene un control real de la salud de las sexoservidoras.

Dicen que ese reporte ya llegó hasta el director de la Jurisdicción Sanitaria Oscar Antonio de la O, pero no ha hecho nada por poner orden.

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SE SABE ...

* Que una persona muy cercana al expresidente municipal Enrique Doger Guerrero asegura que hace unos días representantes del patronato de la UDLA le hicieron el ofrecimiento para convertirse en rector.

Sin embargo, la respuesta fue no.

Dicen que Enrique Doger rechazó la oferta porque está metido de lleno en su proyecto de ser gobernador.

Que en esta columna advertimos desde hace más de un mes que el expresidente municipal panista de Amozoc, Roberto Sergio Vázquez Sánchez, iba a entregar malas cuentas al gobierno entrante.

No nos equivocamos.

Mejor dicho me quede corto.

Aquí se denunció una denuncia por parte de una empresa que reclama el pago de más de 3 millones de pesos por los trabajos realizados para la creación de un proyecto del mercado municipal.

Sin embargo, eso no fue todo.

El exedil se llevó todo, papelería, las actas de Cabildo, no hay dinero en caja, remató los camiones para recolectar basura, las patrullas no sirven, entre otras tantas cosas.

¿Qué dirá al respecto el dirigente estatal Rafael Micalco de su correligionario?

El caso del exedil de Amozoc es sin duda una buena oportunidad para que el auditor mayor del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, demuestre que aplicará todo el peso de la ley.

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Hasta la próxima.

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Si desea compartir algún comentario por favor envíelo al siguiente correo electrónico: gomez_carlos79@hotmail.com





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