Beatriz del Castillo

La bancada priísta del Congreso del Estado impuso su propuesta de modificaciones a la Ley de Transparencia Estatal, pues el dictamen que este día se presentará al pleno es en esencia el mismo que presentó el tricolor al inicio del debate, salvo 14 modificaciones de redacción que no impactan en el espíritu de la ley.

Entre los puntos que no incluirá la reforma es la autonomía de la Comisión de Acceso a la Información, incluso la propuesta final se acota más que la priísta, pues en ésta se definía a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) como "un órgano especializado auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía de operación, financiera, de gestión y de decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia", mientras que en el texto final se le retira la autonomía financiera.

A decir del presidente de la Comisión de Transparencia, Jorge Ruiz Romero, "sería un exceso darle autonomía constitucional a la Comisión cuando sólo tiene 70 recursos de revisión".

La iniciativa tampoco incluirá la ampliación de los sujetos obligados, a pesar de que los especialistas en la materia consideran fundamentales ambos puntos para convertir a la Ley de Transparencia Poblana en una de vanguardia.

La bancada panista acusó a la fracción tricolor de dar "madruguete" en el tema y de pretender "tomarle el pelo a la ciudadanía" con una Ley de Transparencia que no cubrirá con la expectativa de la ciudadanía.

Ayer por la mañana, los diputados Pablo Fernández del Campo, Othón Bailleres y Jorge Ruiz Romero ofrecieron una conferencia de prensa en la que abordaron el tema. Los tres tenían en su poder una copia del dictamen que más tarde presentarían en las comisiones de Gobernación y Transparencia. El presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres, presumió que con las modificaciones "se va a fortalecer el mecanismo de la información y el de revisión en la reforma, la comisión será un órgano especializado de la administración pública estatal".

Ante las preguntas sobre las modificaciones al texto y sus implicaciones, Ruiz Romero defendió que con el cambio de redacción de "organismo auxiliar" a "organismo especializado" se garantizaba la independencia de autonomía, de gestión, decisión y de operación. Sin embargo esas facultades ya se le otorgan en la ley vigente, pues en el artículo 25 de la Ley de Transparencia del Estado se define a la Comisión de Acceso a la Información como: "un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia". Es decir, que sólo se hará una modificación en el texto.

Durante la conferencia a Ruiz Romero se le preguntó si entre las modificaciones al texto se le confería a la comisión patrimonio propio -requisito para garantizar la autonomía del órgano con el ejecutivo-,a lo que respondió que no se le dará porque ello implicaría la autonomía constitucional y que presupuestamente sería un exceso por el número de recursos que tiene la Comisión:

"El día de hoy sería un exceso hacerla constitucional cuando el día de mañana no estamos negados a que se vuelva constitucional, pero ni siquiera el día de hoy la Federación tiene esa autonomía porque es un tema de presupuesto, estoy seguro que conforme avance la cultura nos dirigiremos a que sea un organismo autónomo", justificó.

En ese sentido, el diputado panista Manuel Janeiro pidió que no se tome el pelo a la ciudadanía ni se ofenda su inteligencia, pues actualmente la Comisión tiene un presupuesto y que la autonomía constitucional sólo le permitiría manejarlo libremente. Lamentó que la bancada priísta presente una iniciativa de Ley "a modo del Ejecutivo" y no de acuerdo a las necesidades ciudadanas.

De las modificaciones que se presentarán este día ante el pleno, Ruiz Romero aseguró que la redacción se acordó con los propios jurídicos de las bancadas opositoras: "Vimos redacciones por concepto, no pueden decirse ni sentirse engañados, porque se incluyeron aspectos propuestos por Cimtra, el PAN, Nueva Alianza, PT y Convergencia", sostuvo.

No obstante el coordinador de la bancada panista, Eduardo Rivera Pérez, negó tal versión, pues explicó que si bien los abogados tenían la encomienda de trabajar en la redacción de los 14 puntos en que había consenso por parte de las bancadas, no se siguió la instrucción pues en los textos no se reflejaron los acuerdos. "Los jurídicos no aprueban los proyectos de dictamen, hubo un trabajo y avance de los abogados hasta el día viernes de 14 puntos pero nunca hubo una aprobación de parte de todos los abogados, no hay acta firmada ni acuerdo formal, mucho menos por los diputados", abundó el panista.

Eduardo Rivera Pérez lamentó que en un tema tan importante para la ciudadanía se dé "madruguete" y no haya voluntad para darle a la ciudadanía una Ley de Transparencia de vanguardia.

El panista confió en que todas las bancadas de oposición mantendrán una postura firme "ante esta burla", pues dijo que desde el viernes pasado -cuando celebraron la última reunión de las comisiones de Transparencia y Gobernación-, hasta este miércoles por la mañana no les habían entregado ningún documento.

EL ÚLTIMO INTENTO

A las 13:00 horas de este miércoles se llevó a cabo la última sesión de las comisiones conjuntas de Gobernación y Transparencia, en la que los priístas se valieron de su mayoría para aprobar el dictamen que en esencia es el mismo que presentó su bancada hace unas semanas.

Tras casi 3 horas de discusión, en las que predominaron las acusaciones entre oposición y PRI, se votaron tres propuestas.

La primera aceptar el documento que presentó la bancada priístas con las modificaciones a la redacción, que fue la que se impuso con los votos de la mayoría -8-.

La segunda, que presentó el diputado del Partido Nueva Alianza, Gustavo Espinosa, fue abrogar la Ley vigente y aprobar la que presentó Ciudadanos por Municipios Transparentes. Esta obtuvo el voto del perredista Melitón Lozano; el grupo parlamentario del PAN -6 integrantes- y el diputado José Benigno del PT.

La última propuesta corrió a cargo de la diputada perredista Irma Ramos y sólo obtuvo su voto.

LOS CAMBIOS A LA PROPUESTA PRIÍSTA

El dictamen que este día se presentará ante el pleno es el mismo que presentó la bancada priísta, salvo 14 modificaciones, en su mayoría de redacción.

En el artículo uno agrega a los objetivos de la "Contribuir a la democratización de la sociedad y plena vigencia del Estado de Derecho; así como impulsar la cultura de transparencia"

En el artículo 8 la propuesta priísta proponía no más de 15 días hábiles para que se atendiera una solicitud de información y en la modificación se reduce a 10 días.

En el artículo 10 los priístas proponían que los ayuntamientos con menos de 70 mil habitantes no estuvieran obligados entregar información en medios electrónicos.

En el artículo 15 la propuesta del tricolor consideraba que la información clasificada temporalmente como reservada podría ser asequible al público después del término de doce años; la modificación dice que será en un plazo de 7 años, aunque fija la posibilidad de ampliar la clasificación hasta por 7 años más, es decir la información podría reservarse hasta por 14 años en el estado.

En el artículo 22 fija que Las Unidades Administrativas de Acceso a la Información, se integrarán por un Titular, un Secretario y un Vocal, quienes preferentemente deberán tener un nivel superior al del Jefe de Departamento.

El artículo 25 se elimina la autonomía financiera, como parte de las atribuciones que la propuesta priísta le otorgaba a la Comisión de Acceso a la Información Pública y sólo se le define como un órgano especializado del Poder Ejecutivo del Estado, con autonomía de gestión, operación y decisión encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia.

El artículo 26 la única modificación que hace al proceso de selección de los comisionados es evaluarlos para determinar que tienen conocimientos en materia de transparencia.

En la fracción XI del artículo 31 se agrega que las denuncias o quejas que formule la comisión, serán independientes a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

En el artículo 34 fijan que si la solicitud de información no precisa los datos solicitados, como la forma o medio en que quieren que se ponga a su disposición, "los sujetos obligados no podrán ser obligados a proporcionar la información solicitada".

El artículo 37 sólo agrega que la información que se solicite puede ser entregada por vía electrónica.

El artículo 40 marca que recurso de revisión deberá formularse por escrito o por medio electrónico disponible, y no por el oficial, como marcaba la propuesta priísta.

En el artículo 46 se especifica que concluida la audiencia de recepción de pruebas, deberá aplicarse la suplencia de la queja cuando sea procedente, a favor del recurrente.