Así lo señalaron señalar comisionados y consejeros de acceso a la información

Flor E. Martínez

La iniciativa de Ley de Transparencia del PRI, violenta el artículo 6° Constitucional en el hecho de que no se propone que sea un organismo totalmente autónomo y continúe como auxiliar del gobierno estatal, asimismo, que no se abarque a todos los sujetos obligados (partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, entre otros) a dar la información en el manejo de los recursos públicos.

Así coincidieron en señalar comisionados y consejeros de acceso a la información que participaron en el foro "Puebla: Transparencia en riesgo".

Ahí, Josefina Buxadé, comisionada de acceso a la Información Pública de Puebla, aseveró que la actual legislatura tiene la oportunidad dorada para hacer una Ley de Transparencia de avanzada y no limitarse con las modificaciones del 6° Constitucional.

Especificó que los diputados tienen la responsabilidad de dotar a Puebla de una buena normativa, pues la actual ha sido calificada como una de las peores de país, mientras que las de Veracruz, el DF, Chihuahua, Campeche y Oaxaca, presentan leyes de vanguardia.

Y lo anterior se ha logrado por la voluntad política de gobernantes o legislaturas, por lo que en Puebla también puede alcanzar esta meta y que haya un órgano autónomo.

A su vez, Ramón Izaguirre, consejero en el área, en Guanajuato, estableció que quien le teme a la transparencia llegó demasiado tarde a gobernar.

Reiteró en la necesidad que la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) debe ser un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo y no sólo se debe sujetar a la información del gobierno del estado.

En la propuesta del Revolucionario Institucional -dijo-- no da la idea de que sea autónomo y recomendó a los diputados priístas ahí presentes (como Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz Romero) que es mejor dejar claro que por lo menos sea un organismo público descentralizado y no caer en ambigüedades.

Sin embargo subrayó que la tendencia es que tenga una autonomía, pues así lo va exigiendo la propia sociedad.

Cuestionó si crearon la CAIP sólo para el ejecutivo. A lo mejor esa fue intención, pero ya está rebasada esa idea.

Este foro se realizó en la UPAEP y estuvo como moderadora Lilia Vélez, de México Abierto, ahí también estuvo el diputado del PRD, Melitón Lozano, Manuel Janeiro (del PAN), el propio titular de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo -quien prefirió no dar opinión--, entre otros.

Ramón Izaguirre recomendó que en Puebla se debe dotar por todos los medios para que se garantice la autonomía de CAIP , y que éste sea el órgano regulador de todos los sujetos obligados.

En tanto, María Elena Pérez Jean, comisionada del DF, indicó que el contenido de la propuesta priísta es contrario al artículo constitucional en cuestión.

Durante su intervención lamentó que no se encontrara José Othón Bailleres (presidente del Congreso estatal) y agradeció que estuvieran Pablo Fernández del Campo y Jorge Ruiz Romero, así como otros legisladores de otros partidos.

Ella optó porque la iniciativa del PRI se deseche y se logre un consenso entre las demás propuestas, como la hecha por organismos ciudadanos.

También hizo una fuerte crítica hacia quienes tienen la mayoría en el Congreso local (PRI), quienes al parecer pretenden blindar al gobernador y a ellos mismos en el tema de transparencia.

Sin embargo, el gobernador Mario Marín Torres tiene la responsabilidad política y legal de que su administración sea transparente.

Sí que es una prueba de fuego para los diputados priístas, quienes se encuentran en la disyuntiva de elegir el camino de la transparencia y la legalidad, o continúan con el "gatopardismo", las ambigüedades y, lo que es peor, los desacatos a la Constitución, indicó.

Asimismo, hizo el calificativo de incongruencia el hecho de que en Puebla se solicite copia de la credencial de elector para acceder a información pública, pues es una práctica inhibitoria, violenta el mandato de que los mecanismos de acceso a información y mecanismos de revisión deben ser expeditos.

Mientras, Agustín Millán, comisionado del DF, expuso que esta entidad marca un claro retroceso con la propuesta del tricolor, la cual no especifica los puntos de indicadores de gestión, "no concibo que no se incluya en los programas de gobierno, indicadores de eficiencia y eficacia".

"No veo como en Puebla que tiene amplia experiencia administrativa no pudiera retomar los indicadores para medir los programas, en donde incluso pueden participar las instituciones educativas".

Finalmente participó Verónica Mastreta, de Puebla Verde, quien destacó, apelamos a los diputados priístas que tienen la mayoría de que Puebla tenga una verdadera Ley de Transparencia.

Incluso hizo referencia sobre el Fideicomiso de la reserva ecológica Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, en donde ni siquiera el gobierno tiene la documentación en lo que se ha trabajado, pero tampoco "no tenemos derecho a acceder a la información de dicho fideicomiso" cuando debe ser público.

Lo mismo pasa por ejemplo en la BUAP, institución que recibe recursos públicos y la sociedad desconoce de cuánto le pagan al hermano del gobernador (René Marín) que está en los Lobos. Es por eso la importancia de que los poblanos tengan acceso a la información pública no sólo de dependencias gubernamentales, sino también de todos aquellos que reciben dinero público obtenido de los impuestos de los ciudadanos, concluyó.