Enrique Chávez Estudillo*

Ambulantismo.

No hay soluciones mágicas, rápidas o fáciles para el ambulantismo y un reordenamiento comercial exitoso, sobre todo cuando el país vive una severa recesión económica que le impide generar los millones de empleos que los mexicanos necesitan y que, en lugar de incentivar la creación de empresas, conlleva el cierre de las mismas, como ocurrió en Alcoa Fujikura.

Es necesario analizar de manera integral lo que sucede con el comercio informal, sus causas, consecuencias y posibles soluciones, porque es fácil exigir que los gobiernos de todos los niveles y colores resuelvan esta problemática, que se endeuden o que usen la fuerza pública contra los ambulantes, pese a que con la violencia nada se solucionaría de fondo.

Lo difícil es que todos los actores involucrados en este fenómeno (organizaciones, empresarios establecidos y cámaras, autoridades y ciudadanos) se sienten a dialogar y a proponer soluciones viables y aceptables para todos, sabiendo que en una negociación se debe estar dispuesto a ceder y a no obtener todo lo que se busca, pese a que lo primero que se tiene que hacer es, precisamente, sentarse a platicar.

El ambulantismo es un problema económico y social, no de seguridad pública, como lo demuestra el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señale que el 50 por ciento de las plazas laborales que se crean en América Latina proviene de la informalidad, que en México abarca a 25.5 millones de personas asentadas en todo el país, ya que este tipo de comercio se establece en todas las entidades y ciudades, donde sus productos sean vendidos.

Esto quiere decir que el comercio informal es una respuesta ante la problemática de desempleo y falta de salarios dignos, aunque eso no sirva de consuelo a los empresarios establecidos, quienes tienen razones de sobra para quejarse por su competencia desleal, debido a que pagan impuestos, empleados y se calcula que los ambulantes les quitan entre el 40 y 60 por ciento de las ganancias.

Es claro que el ayuntamiento tiene la obligación de atender, regular y solucionar el ambulantismo, en la medida de sus posibilidades operativas y económicas, porque el presupuesto es muy limitado y se debe manejar con cuidado, evitando endeudamientos innecesarios y utilizando los bienes inmuebles ya disponibles del propio municipio, cuando así sea conveniente.

En consecuencia, los regidores, como representantes populares, debemos estar abiertos a las posiciones y propuestas de los ciudadanos, los empresarios, las cámaras que los representan y los propios ambulantes, a la hora de abordar este tema y tomar decisiones, ya que no se debe actuar con premura o precipitaciones que dificulten más la situación o generen daño a las arcas públicas.

Por ello, es necesario mantener el diálogo y la conciliación con todos los sectores involucrados o afectados por el comercio informal, para encontrar opciones que beneficien a todos y que, al mismo tiempo, no afecten (o lo hagan de la menor manera posible) las finanzas públicas. También se requiere despolitizar este problema y no usarlo como botín, para golpear a los adversarios ideológicos, de grupo o partido, porque - si no - se corre el riesgo de generar enfrentamientos graves entre los empresarios establecidos y/o las propias organizaciones.



*Presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo.