Germán Sierra Sánchez

Derivado de la vorágine informativa en que nos hemos encontrado inmersos en el país desde hace semanas: crímenes del narcotráfico, tomas de tribunas, privatización o no privatización de Pemex, presidentes "legítimos" y un largo etc., poca atención se le ha dado al caso del gobernador de Jalisco Emilio González Márquez, quien en los últimos días ha entregado generosos donativos con fondos públicos, a instituciones vinculadas a la iglesia católica de la cual él es un fervoroso feligrés.

Por supuesto que en Jalisco, el caso ha polarizado rápidamente a los habitantes de dicha entidad, recordada por ser la cuna de la última guerra civil del siglo XX, el movimiento cristero que se propagó en casi todo el país entre 1926 y 1929 y que dejó un saldo de aproximadamente 250 mil mexicanos muertos, entre civiles y militares.

En el resto de la república, el asunto se ha extraviado en las páginas interiores de los diarios de mayor circulación, mientras que la radio y la televisión, ni siquiera se han ocupado de él.

No obstante, es inevitable por lo menos hacer un repaso breve de los hechos ocurridos y el comentario de rigor.

Sucede que en los últimos días, el gobernador panista de Jalisco: Emilio González Márquez, determinó realizar un donativo de 90 millones pesos a la iglesia católica en Jalisco, a manera de ayuda para la construcción de un santuario cristero en Tlaquepaque, hecho que generó de inmediato reacciones de reprobación de parte de los partidos políticos de oposición, así como de diversos organismos de la sociedad civil.

No obstante en lugar de tratar de justificar esta decisión del titular del ejecutivo del Estado, el pasado miércoles 24 de abril durante un banquete público en el cual estuvo presente el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, decidió entregar un cheque que ampara otros 15 millones de pesos, a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos -CARITAS- organismo ampliamente ligado a la iglesia católica en México, pero lo único que consiguió fue exasperar todavía más a sus críticos.

Hoy, lo que empezó como una suerte de desliz, es un tema que tiene dividida a la opinión pública en el estado de Jalisco.

Un sector de la población con una tradición religiosa profundamente arraigada, apoya las decisiones del gobernador panista. Otro sector igualmente amplio, que profesa también la misma religión católica del Ejecutivo, le pide que no lucre con su fe, que quede bien ante la jerarquía católica, pero no con el dinero de los contribuyentes, que está en su derecho de hacer lo necesario para ganarse el cielo, pero no con fondos públicos.

Por si fuera poco, aquella desafortunada frase de que " La gente voto por mí y me vale madre la crítica" pronunciada aparentemente bajo los efectos del alcohol y ante la presencia de cientos de personas, entre ellas un alto dignatario de la iglesia católica, no ha hecho más que avivar la hoguera popular.

Esta dimensión primitiva del actuar político del gobernador, al pensar que la elección popular lo justifica todo y que puede hacer lo que le venga en gana y usar el dinero público en beneficio de una asociación religiosa pasando por encima de principios fundamentales de nuestra Constitución como la naturaleza laica del Estado, es uno de los muchos focos rojos en los que debe poner atención pronto el gobierno federal.

La separación de la Iglesia y del Estado, en México fue resultado del triunfo de la corriente liberal en el siglo XIX y en concreto, de la guerra de Reforma, es decir, no responde a una ocurrencia, sino a la conclusión de una larga y sangrienta disputa, que en cada país ha seguido un proceso histórico muy particular.

Y es que cuando la autoridad privilegia a una religión por encima de otra, incurre involuntariamente en actos de discriminación en contra de las demás y al hacerlo, alimenta tensiones innecesarias en la esfera de la vida pública, cuando los asuntos que conciernen a las creencias de las personas son, por definición constitucional, asuntos inherentes a la vida privada.

Los primeros beneficiarios del laicismo y la libertad de credo son precisamente los creyentes y las iglesias, pues el carácter laico del Estado constituye la mejor garantía para la libertad religiosa.

Por esa razón, creo pertinente que sean las iglesias, en este caso la católica, las que rechacen estas prácticas, por respeto a todas las personas que profesan cualquier otra religión.

Para finalizar mi comentario, establecería que la imprudencia del gobernador panista en Jalisco, reabre profundas heridas que las leyes y el prolongado transcurso del tiempo habían cicatrizado entre los mexicanos y podría abrir en el futuro inmediato un nuevo e innecesario debate con la Iglesia católica.....Hasta la próxima semana.



Como siempre agradezco sus comentarios en gsierra.pri@hotmail.com