Germán Sierra Sánchez

La reunión sostenida el pasado miércoles 12 de marzo en la residencia oficial de Los Pinos, por parte de la cúpula panista a nivel nacional, para cerrar filas y apoyar a Juan Camilo Mouriño, es un claro indicador de hasta donde ha llegado la preocupación por el escándalo que desde hace dos semanas envuelve, al mismísimo Secretario de Gobernación.

La presencia del Presidente de la República, de los siete gobernadores blanquiazules y del dirigente nacional del PAN para otorgarle su respaldo absoluto, al mismo tiempo permite visualizar que en la parte más alta de la pirámide del poder público, se ha tomado ya la decisión de defender al precio que sea a Juan Camilo Mouriño, sin menoscabo de que se investigue o no y de lo que resulte en las pesquisas que se realicen por el presunto tráfico de influencias.

Pero independientemente de lo que resulte en esta intentona perredista para que sea una comisión investigadora del Congreso de la Unión, la que determine si existe o no responsabilidad en el caso, resulta muy necesario que el cuadro de asesores del primer panista del país, revise si en efecto dicha estrategia política es la más conveniente.

Después de la defensa a ultranza que en todos los frentes se ha hecho del Secretario de Gobernación, luego de que el pasado 24 de febrero Andrés Manuel López Obrador denunció un aparente tráfico de influencias del hombre más influyente dentro del gabinete, parece que hasta el momento en el gobierno federal no se ha realizado ninguna evaluación de control de daños, pues si en algún momento se hubiera llevado a cabo, no se actuaría del modo cómo se ha venido haciendo.

Precisamente el pasado domingo, Juan Camilo Mouriño, cumplió escasos dos meses como Secretario de Gobernación y en ese lapso tan corto, ha sufrido un desgaste político pocas veces visto y de momento me permito enumerar al menos tres acontecimientos relevantes.

1.- En las primeras de que el Presidente de la República dio a conocer su nombramiento, se desató una feroz embestida mediática, incluso internacional, en donde se puso en duda la nacionalidad del Secretario de Gobernación y por ende, su capacidad legal para desempeñarse como Secretario de Estado, en términos de los requerimientos contenidos en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El hecho de haber nacido en Madrid y de ser hijo de españoles, puso en duda no solo la legalidad, sino la legitimidad de su nombramiento por parte del Presidente Felipe Calderón.



Cómo olvidar que en España, el Diario El País, publicó a 8 columnas que un vasco se haría cargo de la seguridad nacional en México, sólo para ilustrar someramente, el nivel en el que se manejó desde el principio el nombramiento del actual Secretario de Gobernación.



2.- Un segundo elemento de cuestionamiento, que acompañó el nombramiento, fue que la juventud del nuevo Secretario, apenas 37 años, podría ser impedimento para el cumplimiento eficaz de sus tareas como negociador natural del gobierno federal, ante partidos políticos, diputados, senadores, gobernadores y en general, con todos los factores de poder en el país.



El escepticismo no provino únicamente de la clase política nacional, sino del ciudadano común, que también consideró que quizá debió de darse un tiempo más para permitir que Camilo Mouriño acumulara mayor experiencia en los altos círculos de poder donde se ha movido desde el primer minuto del sexenio.



3.- Pero si esto no fuera suficiente, justo en los momentos en que se encuentra en puerta la negociación con las dos cámaras del Congreso de la Unión, el delicado tema de la reforma energética, López Obrador abrió un enorme boquete al gobierno panista, al revelar que el hoy flamante Secretario de Gobernación, fue apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, propiedad de la familia del funcionario, misma que ha sido beneficiaria de contratos de prestación de servicios a la paraestatal Petróleos Mexicanos.



De acuerdo con la información que hoy se conoce, los contratos se establecieron cuando Mouriño fungía como asesor del entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón y también en el periodo en el cual fue Presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.



Todo lo anterior ha derivado en un alto costo político para el calderonismo, como el hecho de que el Secretario de Gobernación haya perdido por completo toda autoridad moral para coordinar las negociaciones con todas las partes interesadas e involucradas en el tema de la reforma energética que tanto interesa impulsar al Primer Mandatario de la Nación.



Un segundo factor a considerar, es que Andrés Manuel López Obrador y el PRD le hayan arrebatado una vez más al PAN la bandera de ética y honestidad, que sin éxito han intentado izar los dos últimos Presidentes de la República.



Por último, el perredismo tiene ya renovados bríos como bloque opositor al partido gobernante, luego de que el discurso político del fraude electoral se encuentra prácticamente agotado.



En ese entendido, la defensa airada del joven ministro del interior estimo debe ser reconsiderada, pues la forma en que se maneje este escándalo, marcará el sexenio calderonista. Creo que no hay muchas opciones: destituirlo o no destituirlo...