La famosa reforma penal, indispensable para combatir la delincuencia organizada según las ágiles mentes en la actual Procuraduría General de la República, es el acto más agresivo en contra de los derechos fundamentales en la historia constitucional de nuestro país.

La mal llamada reforma penal, que es en realidad una reforma a la Constitución, el Estado Democrático de Derecho se convierte en un Estado Policía, el cual al verse rebasado por la delincuencia busca acotar las garantías de las que gozan los ciudadanos, lo primero que habría que preguntarnos es el porqué se ha desatado una ola de violencia que parece insuperable, aunada al éxito por parte de los malosos, la repuesta no es fácilmente digerida por el Gobierno federal, ya que la proliferación de las bandas delincuenciales son el reflejo de la corrupción de Estado que impera en México.

La corrupción en nuestro país se ha arraigado por la complicidad de las autoridades y de un sistema del cual no hemos podido salir en toda la vida independiente de la nación, debemos recordar que en el año 2000 se pensó en un verdadero cambio de paradigma en las formas de hacer política y gobierno, los ciudadanos nos quedamos con una profunda decepción y las cosas siguieron igual y en algunos casos peores.

La reforma penal otorgaba poderes limitados a las policías del país, con tal de que se combatiera la delincuencia, transformando nuestro sistema jurídico en un derecho penal de enemigo, el problema radica en distinguir quiénes son los amigos y quiénes los enemigos.

La reforma impulsada por el gobierno panista, con el apoyo del PRI, ha tenido que ser acotado por las graves implicaciones que significa su elevación a rango constitucional, tanto que ha sido llamada la Ley Gestapo; pero en este afán de echarla para adelante, estos grupos han utilizado las técnicas del mayoriteo y la del madruguete, y es que la Cámara de origen fue precisamente la de diputados en la que el PAN, PRI y la chiquillada, gozan de los votos suficientes para sacar la reforma, misma fórmula aplicada en el Senado.

El problema en el Senado surgió cuando por la oposición de la bancada del sol azteca al PRI le cayó el veinte de que ellos precisamente serían los más afectados, ya que la reforma proponía que el procurador federal, pudieran sin orden de juez alguno revisar todas, cuentas de los empresarios, es ahí cuando ya nos les gustó y condicionaron su vota al retiro de esa modificación a la Constitución.

El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados con esa única observación, sobre la cual debía versar la nueva discusión en diputados, pero debido a la presión ejercida en los medios, respecto a que los policías pudieran violar un domicilio sin la orden de un juez, decidieron unilateralmente retirarla de la reforma la propuesta.

El problema radica en que con este recular de la cámara de origen se violenta el proceso constitucional establecido en el articulo 27 de la carta magna que refiere cómo se deberán llevar a cabo los procedimientos, pero en aras de que se quede afuera el proyecto las bancadas de oposición se harán de la vista gorda con la complacencia de Gobierno federal, el cual ya se frota las manos por la confiscación de bienes, llamada ahora "extinción de dominio".

Esta reforma es a todas luces es una afrenta al reconocimiento de las garantías de los gobernados, ya que el objetivo es limitar el poder de los gobernantes y el único que ha salido a denunciar estas atrocidades es el desgastado titular de la CNDH, con lo cual los gobernados nos quedamos como a principios del siglo XVI, con un Estado policía y totalitario.

No, si es verdad cuando la cultura a la mexicana dice:

¡Los mexicanos tenemos el gobierno que nos merecemos!

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