Discordia por el bono Ediles dejan pendientes

Carlos Gómez

Los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Cabildo de Puebla viven un momento de desunión, se miran con desconfianza y todos preguntan cuándo les van a dar el bono de fin de trienio y, sobre todo, cuánto le toca a cada uno.

El origen de la discordia es porque varios regidores han pedido que la entrega del bono sea diferenciada, ya que consideran que no todos trabajaron igual.

Los que más hablan, lo que proponen, los que se enfrascaron en diversas discusiones con los panistas son muy pocos, tal vez 5 o 6.

¿Y el resto?

Nunca hablan, no proponen nada, no luce su trabajo en las sesiones del Cabildo, ni de Comisiones.

Por eso, varios de los regidores que tienen una real cercanía con el presidente municipal Enrique Doger han pedido de manera verbal que a por lo menos a 11 de sus compañeros de fracción les entreguen un bono de un mes, que equivale a 35 mil pesos.

Y para los que sí trabajaron solicitaron cerca de 100 mil pesos.

Nada mal si consideramos que el salario de los regidores es muy superior a casi todos los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla.

Según la página de transparencia del gobierno municipal, casi todos los regidores perciben de 35 a 40 mil pesos mensuales.

Sólo el coordinador de la fracción, Gerardo Corte Ramírez, percibe 45 mil pesos.

La pelea va en serio y ya varios regidores, cuyos nombres jamás hemos conocido por su inadvertida presencia, que andan quejándose de que serán excluidos de la tajada mayor.

Los casi desconocidos regidores piden que también les entreguen un bono de 100 mil pesos.

Otros han pedido que les entreguen hasta tres locales en el mercado El Refugio o en el predio de la 11 Norte y 4 Poniente como compensación por sus servicios.

La ansiedad por quedarse fuera del erario ha comenzado a evidenciar los verdaderos rostros de la voracidad de algunos regidores.

El problema es que no hay un mecanismo para medir el trabajo de cada uno de los regidores.

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Ahora que ya todos los presidentes municipales tienen listas las maletas para dejar sus respectivas oficinas, vale la pena recordar algunos casos de ediles que todavía tienen pendientes por hacer o aclarar y no lo han hecho.

Por ejemplo, el presidente municipal de Nuazontla, Nahum Reyes Cabrera, debe reparar el daño provocado a un ciudadano de nombre Abelardo Ramírez Juárez, debido a que ordenó eliminar una malla para usar su predio, pero lo hizo de manera ilegal por lo que fue condenado por la justicia federal ha colocar de nuevo 26 postes de madera y alambre de púas, además de dejar sin efecto el acuerdo con el que pretendió despojar de sus bienes al afectado.

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Otro caso es el del presidente municipal panista de Amozoc de Mota, José Roberto Sergio Vázquez.

Este personaje enfrenta una demanda de pago por parte de la empresa Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.

Los afectados han promovido ya diversos juicios mercantiles en contra del edil.

Y que decir de la recomendación 42 / 2007 que le giró el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, José Manuel Candido Flores, para que separara de sus cargos a dos policías municipales y el responsable del juzgado calificador de ese Ayuntamiento.

El caso fue narrado en estas mismas páginas y corresponde a la golpiza injustificada que le dieron los policías a un ciudadano y que avaló el encargado del juzgado calificador porque hasta una multa le impuso.

Sin embargo, Sergio Vázquez de plano ignoró a Candido Flores.

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Quizá el caso más delicado de cosas pendientes que dejarán los presidentes municipales es el de José Ángel Pedro Guerrero Herrera, edil de Tlatlauquitepec.

Hace unos días recibió en su oficina un oficio de la Comisión Federal de Electricidad para que a la brevedad pague más de 2 millones de pesos por diversos adeudos y por declarar un consumo menor al que se hace, ya que de lo contrario la paraestatal les cortará el servicio de energía.

Eso implicaría dejar a ese Ayuntamiento prácticamente en la penumbra, debido a que únicamente los domicilios y negocios tendrían luz.

Las oficinas del gobierno y los postes del alumbrado estarían sin energía eléctrica.

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Y aunque ya no es presidente municipal de Acatzingo porque ahora es diputado local, Javier Aquino, tiene que explicar por qué a un par de ciudadanos no les permiten abrir los locales que pagaron a ese Ayuntamiento en el mercado de la localidad.

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Seguimos en el recuento de las cosas pendientes y otro que tendrá que dar una explicación muy seria es José Venancio Ojeda Hoyos, todavía presidente municipal de Tepexi de Rodríguez.

Su gobierno dejó pendiente el apoyo para la construcción de la Delegación Regional de Seguridad.

El edil juró que tenía listos los terrenos para edificar la obra y resultó que era falso.

Los predios tienen dueño y se llama Pascual García Gómez, por lo que las obras han tenido diversos retrasos.

Venancio Ojeda le debe una explicación ni más, ni menos que al gobernador Mario Marín, porque las obras debieron concluirse el año pasado.

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Y ya para terminar este breve recuento de pendientes que dejarán los presidentes municipales, vamos agregar el caso del edil capitalino Enrique Doger Guerrero.

En este rotativo se informó de un juicio que ganó Luis Fernández Macip al Ayuntamiento de Puebla para que le regresaran un predio de más de 300 metros cuadrados, sobre el que construyeron el puente vehicular de la 25 Poniente.

El sindico Lauro Castillo aseguró que resolverían el problema pagándole al afectado su predio.

Pues ya casi termina el trienio y el caso sigue abierto.

También dejarán en el aire el caso del reglamento de los estacionamientos.

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La sucesión gubernamental, a parte de descontrolada es inequitativa.

Ayer el columnista Jorge Rodríguez reveló que el líder estatal del PRI, Valentín Meneses Rojas, ha pedido a cuatro preaspirantes que esperen los tiempos, pero no le hacen caso.

Y lo mismo le pasó al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Mario Montero pidió a Jesús Morales que detuviera por el momento las giras que realiza al interior del estado, pero tampoco le hicieron caso.

Es evidente que lo que motiva a los aspirantes a no atender los llamados, es que mientras a unos les piden que detengan sus actividades, otros como Javier López Zavala sigue en reuniones, encabeza actos, tiene oficinas, asistentes y todo a su favor.

La inequidad es el motor de la desobediencia.

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Hay varios indicios que dejan ver un virtual enfrentamiento entre el rector de la universidad Tecnológica de Puebla, Gerardo Lara Orozco, y el líder real del sindicato de trabajadores de la Institución, René Sánchez Juárez.

Lo más evidente de la pugna, es que René Sánchez pretende adueñarse de las Secretarías de Vinculación y Académica de la UTP.

Dicen que a partir de esta misma semana Oneida Rosado García dejará el área de Vinculación para abrirle paso a Nadia López Quesada.

También dejaría la Secretaría Académica Ricardo Morales Juárez, aunque todavía no se tiene el nombre del posible sustituto.

Lo que es cierto es que el rector resiente la presión de René Sánchez porque los dos puestos son claves dentro de la institución.

¿Quién ganará?

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Algo que deberá explicar el secretario de Comunicaciones y Transportes Rómulo Arredondo Contreras es porque no pudo llevar adelante un juicio civil para obligar a una empresa ha regresar el dinero que pagó la dependencia hace varios años por obras que se dejaron inconclusas.

El funcionario estatal tenía la obligación moral y legal de pelear por los recursos públicos que se entregaron a la empresa Proyectos y Construcciones Anes S.A. de C.V., para ejecutar diversas obras en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

Pero simplemente fracasó en su intento.

¿Qué paso?

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Ya se lo habíamos advertido en este espacio.

El auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, empezó con problemas en el área jurídica y varios presidentes y exediles han ganado amparos para reiniciar sus procesos administrativos o dejar sin efecto las sanciones que les impusieron los diputados locales.

Uno de esos casos se salió de control y un presidente municipal que fue separado de su cargo el año pasado ganó un amparo y ahora goza de todos sus derechos.

La otra semana abordaremos el caso de Mario Onésimo Fuentes Pacheco, edil de Zapotitlán.

Hay mucho que contar sobre esa derrota legal.



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Detrás del fraude cometido hace casi dos años en el municipio de Chiutla de Tapia por la venta de terrenos para la edificación de un campus de la BUAP en ese lugar de la Mixteca, no sólo está el depuesto edil Quirinio Raúl Cañongo Dirsio.

Los resultados de una auditoria que se practicó para comprobar la venta irregular de 7 millones de pesos por parte del exedil, indican que existen funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social que participaron en ese fraude.

Desde las oficinas de la dependencia, a cargo de Alejandro Armenta Mier, salieron las firmas que dieron por bueno el avaluó presentado por el depuesto edil sobre el costo de los terrenos.

Se dice que el costo de metro cuadrado en Chiautla es de un peso, por el exedil los vendió a 25 pesos.

Según la auditoria el avaluó de los terrenos debió ejecutarlos una persona ajena al gobierno, pero no fue así.

Alguien dentro de Sedesol participó en el avaluó y con eso defraudaron a la federación.

Aunque en la secretaría piensan que con la separación del cargo de Raúl Cañongo el caso está cerrado, se equivocan.



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Hasta la próxima.

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